Por Pedro Tenorio, periodista peruano de Latina Televisión
¿Puede un Castillo arder durante tres meses sin desplomarse por completo o, en ese mismo lapso, detener su caída y surgir de sus cuasi cenizas? “Tres meses”, ese es el plazo estimado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la legisladora opositora Lady Camones, cuando se le preguntó cuánto tiempo tomaría al Congreso peruano procesar la denuncia que la fiscal de la Nación presentó esta semana contra el Presidente Pedro Castillo, a fin de retirarlo del cargo y evitar -según la hipótesis fiscal- que siga obstaculizando las investigaciones en su contra por liderar una presunta organización criminal que, aun antes de completar su primer año en el poder, entregó millonarias obras y compras estatales a ex financistas de su campaña electoral, amigos y familiares.
Parece la trama de un retorcido thriller político en el que opositores y fiscales se juegan a fondo para alejar del cargo al mandatario mientras este maniobra para descalificarlos. No se trata del primer intento congresal por retirar a Castillo de la Presidencia: anteriormente fracasaron dos mociones para declarar su vacancia del cargo por “incapacidad moral permanente”, una atribución del Congreso según el artículo 113 de la Constitución de 1993. Pero esta vez el “disparo” no vino del Legislativo, si no de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien invoca otra figura: inaplicar el artículo 117 de la Carta Magna que enumera las causales para denunciar a un Presidente en ejercicio, ninguna de las cuales contempla haber incurrido en actos de corrupción. La propuesta es inédita en el derecho peruano (nunca un fiscal había apuntado tan alto, dado que a los Presidentes solo se les acusaba cuando salían del cargo).
La pregunta es si Pedro Castillo soportará el embate, si él y sus ministros-voceros en permanente pie de guerra lograrán revertir el rechazo ciudadano y si los congresistas que le son leales evitarán que la oposición obtenga los votos suficientes para denunciarlo y, así, echarlo del poder. Precisamente, parte del escándalo proviene de “Los niños”, un grupo de entre seis y 12 legisladores que habría comprometido su apoyo a cambio de prebendas y cuyas identidades -hasta el momento se han identificado solo a seis- podrían revelarse por completo en cuestión de días.
En esta trama hay millonarias licitaciones que luego debieron anularse, lobbistas que se echaron para atrás y hoy acusan al Presidente, cuñados y amigos sindicados por obtener importantes beneficios económicos y delatores entregando evidencia sustantiva a los fiscales a cambio de inmunidad. Es el momento más obscuro para la Presidencia de Castillo, pero paradójicamente lo es también para buena parte de la oposición política que lo enfrenta.
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