Columna de Pilar Lizana: Crisis de seguridad, ¿falló la predicción?

Por Pilar Lizana, investigadora Athenalab.

Dieciocho muertos fue el saldo del último fin de semana largo. Sin duda un hito en la gestión de seguridad del gobierno. Se pidió la renuncia del equipo a cargo de la materia, se propuso estado de sitio y el Presidente recién el miércoles anunció las primeras medidas. Más allá de los análisis políticos, resulta necesario el análisis técnico.

Lampa y Quilicura fueron los sectores emblemáticos. Ráfagas de balas en enfrentamiento entre grupos criminales y menores de edad involucrados. Un panorama que confirma todos los diagnósticos y evidencia el avance del crimen a través de la capital. La novedad tiene que ver con la espectacularidad y crueldad de los hechos, pues, en estricto rigor esas zonas ya tenían antecedentes de violencia urbana.

En febrero de este año hubo cuatro imputados por un asesinato en Lampa, en abril un comisario de la PDI fue víctima de una encerrona y en noviembre del año pasado se informó sobre una matanza en un baby shower. Quilicura tiene su propia historia: de balaceras y asesinatos estamos escuchando, al menos, desde el año pasado. Entonces ¿por qué sorprenderse ahora? ¿por qué recién ahora se están tomado medidas?

Si la opinión pública contaba con información sobre eventos asociados a una criminalidad profesional y organizada en esos lugares, la conducción política de la seguridad debió haber estado mucho más informada y, por ende, debió haber previsto que esa sería una próxima zona de enfrentamiento del poder criminal.

Esa previsión no se hizo, pero, al menos, que eso sirva de lección para que miremos hacia adelante y podamos identificar las zonas de riesgo que el Estado y el gobierno debiesen mirar. El mercado negro de las armas, la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y el impacto directo en el desarrollo deberían ser, al menos, algunos de los aspectos a revisar.

En 2019 Ecuador registró una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100 mil habitantes, la misma tasa que Chile registró en 2022. En 2023, ese país llegaba a 44,5. No repitamos la historia de los ecuatorianos, que Chile no tenga indicadores similares al de los demás países de la región es subestimar la capacidad del crimen organizado para destruir al Estado.