Por Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno Universidad del Desarrollo
Se ha transformado en parte de nuestra cotidianidad leer en diarios y ver en televisión noticias vinculadas a hechos delictuales. Esta semana hemos conocido el asesinato de un comisario de la PDI, el aumento de un 77% del delito de secuestro y el posible ingreso a Chile de una peligrosa banda del crimen organizado. Es un hecho indesmentible que estamos en presencia de una escalada de violencia que viene en aumento y que hasta ahora no ha tenido la respuesta adecuada para ser enfrentada. Hemos tenido que modificar nuestras conductas de vida para evitar ser objeto de ellos.
La delincuencia y el orden público se han transformado en una de las principales razones de la desaprobación que tiene el Presidente Boric. Por eso aún cuesta entender que el 20 de diciembre anunciara, en la presentación de la Política Nacional contra el crimen organizado, que “la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado tiene que ser política de Estado” y 10 días después, haciendo uso de sus atribuciones, indulta a delincuentes que según conocimos con posterioridad, en varios casos no ameritaban el beneficio presidencial.
La gravedad de este hecho, más allá de las consecuencias políticas y la salida de la ministra de Justicia, es que demuestra una desorientación por parte del Ejecutivo para abordar este problema. Es por esto que cobra especial vigencia el llamado que han realizado varios alcaldes y asociaciones de municipalidades para que el gobierno central priorice el valor de los municipios en el combate a la delincuencia. Fortalecer la institucionalidad de seguridad municipal y dotar de mayores atribuciones y recursos para poder colaborar con el trabajo que realizan las policías, parecen ir en la dirección correcta.
La cifras hablan por sí solas: el crimen organizado está afectando nuestras vidas, y por más mesas de trabajos que se organicen, lo que se necesita es un efectivo compromiso de las autoridades para acelerar las medidas que están sobre la mesa. Este país no resiste más desprolijidades.
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