Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna

Esta semana, Techo-Chile nos remeció una vez más con su Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023. Veníamos mal y ahora sabemos que, en realidad, estamos mucho peor. Con datos levantados hasta febrero de este año, el primer número que nos arroja el estudio es muy duro: hay un 39,5% más de familias viviendo en campamentos en comparación con el catastro 2020-2021. Es decir, 113.887 hogares. Esto se traduce en un notorio aumento de campamentos. Eran poco menos de mil hasta hace dos años. Ahora son 1.290 en todo Chile. Un 33,1% más. Y esto sí que impresiona: del total de campamentos del país, un 45,7% se formó desde el 2010 al 2020 y un 14,6% entre el 2020 y la actualidad. Sigamos.

El estudio indica que los campamentos actualmente son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno. El catastro, además, detectó que son 39.567 familias inmigrantes las que viven en campamentos: un 34,7% del total y 14.603 hogares que se han sumado desde el catastro 2020-2021.

Claro que, a pesar de su relevancia a nivel nacional, “al consultar la trayectoria habitacional de las familias, se constata que sólo en un 6,2% de los campamentos la mayoría de las familias provienen directamente desde otro país previo a su llegada al campamento”, explica el informe. Es decir, más de los 90% de esos migrantes intentaron primero con otras vías (formales o informales). Algo que hace mucho sentido cuando el catastro pregunta acerca de los motivos por los cuales las familias llegaron a los campamentos: más de la mitad de las familias se vieron afectadas por el alto costo de los arriendos, la necesidad de independencia (es decir, la absoluta falta de privacidad de vivir como allegado) y los bajos ingresos.

Pero el problema es más grande aún que lo que los datos muestran. Basta con profundizar en los números de Techo-Chile, así como escuchar el análisis de la ONG Déficit Cero, para proyectar una pesadilla. Cada día, entre 100 y 200 personas se suman a un campamento. Eso significa que, con la misma tasa de familias ingresando a campamentos, es decir 30 a 60 mil personas al año, el 2030 nos aproximaríamos al millón de personas viviendo en campamentos. Es decir, y aquí viene la explicación a lo del problema mayor, el campamento ya se instaló como el camino informal para que una gran cantidad de familias accedan a un suelo donde vivir.

En la práctica, el campamento es hoy una solución habitacional. Y si el campamento es una tendencia, si se transforma en solución habitacional, es evidente que la política urbana y de vivienda de Chile está perdiendo la batalla. Este catastro muestra claramente que eso está sucediendo.

Es fácil mirar hacia atrás y contrastar, pero a veces es necesario. ¿A qué voy? Simple. Sabíamos hace más de una década que el precio del suelo, los campamentos y la tasa de migración venían aumentando. Entonces, ¿cómo no íbamos a suponer que iba a haber una demanda habitacional y una presión por vivienda brutales? ¿Y que eso iba a aumentar el arriendo informal, los campamentos, las tomas? Qué manera de faltarnos capacidad para proyectar. Se trata claramente de una crisis de adaptación de las políticas públicas a la demanda por vivienda. Y es un hecho que, si el Estado se aparta, si no se adapta, surgen formas de organización que dan pie a formas abusivas para resolver las problemáticas que tiene la gente. Ahí están las mafias que se toman cerros y paños (estatales y privados), lotean y venden los terrenos. Eso es ausencia pura y dura del Estado. Y frenar esa forma de delincuencia es tan importante como cambiar el chip de las políticas públicas.

Hay que entender que Chile es otro desde 2010 en adelante, especialmente en términos de la llegada de la población migrante. Entonces, si no se innova estructuralmente en políticas públicas, si nos quedamos pegados en lo que se hacía pre 2010, si no nos adaptamos, no hay cómo. O el Estado se adapta a la actual demanda habitacional o el déficit no se podrá solucionar.

Hay tanto por hacer para poder dar esta pelea. Necesitamos realizar un aumento brutal de la oferta habitacional en las principales capitales regionales, una inversión público privada ultra potente para “competir” con los campamentos. Y, por supuesto, hay que asumir que ciertos campamentos, los más antiguos -esos que superan los 10 años de existencia-, ya son parte de la ciudad y, por lo tanto, debieran ser regularizados y urbanizados. De hecho, si se observan los números del catastro de Techo-Chile, se descubre que más de un 70% de los habitantes de campamentos quieren radicarse en el lugar. En eso hay algo de avance: el programa “Construyendo barrios”, parte del Plan de Emergencia Habitacional del MINVU, va por el camino correcto. Pero hay que potenciarlo y multiplicarlo. Ponerle anabólicos. Así como a los barrios transitorios. Tenemos que ser capaces de generar espacios de la ciudad con viviendas que cumplan ciertas condiciones humanitarias mínimas (acceso a agua potable, electricidad) y ese lugar debe servir para preparar a las familias para poder integrarse a un plan de vivienda definitiva.

Hoy existen algunos barrios transitorios, pero son muy pocos. Nuevamente, se requieren multivitaminas y anabólicos. Gobierno, ministerios, el mundo privado, universidades, ONG´s, gremios, todos juntos y a una velocidad mucho mayor. O aunamos esfuerzos y cambiamos paradigmas o estamos fritos. Hasta el momento, no queda otra que repetir el título de esta columna. Este catastro refleja una derrota del Estado.