Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna
Al ministro de Hacienda, Mario Marcel, le “preocupa y casi desespera” la lentitud con la que se tramitan proyectos clave en el Consejo de Monumento Nacionales (CMN). Un verdadero cuello de botella que en la actualidad retrasa la productividad de Chile. Al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, le cuesta entender por qué el CMN le cuestiona la limpieza de los monumentos en el eje Alameda, lo que llevó a una suspensión de los trabajos, justo días antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos. Y al ex Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, le parece que la “grave crisis” que vive el CMN “no es sólo un problema de mayor dotación funcionaria, aumento en las sesiones del consejo o ajustes administrativos internos…El tema de fondo es estructural y pasa por la definición de un nuevo marco legal y reglamentario”. En ese sentido, explica Emilio de la Cerda en una carta al director de El Mercurio publicada esta semana, “es injustificable que, pese a tener apoyos transversales en el Senado y a la urgencia incontestable del tema, el Gobierno tenga detenido el avance de la ley de patrimonio cultural ya aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2022. La decisión de elaborar una consulta indígena no es excusa para esta dilación, ya que se puede avanzar en paralelo con todos los temas de consenso y sumar los acuerdos suscritos con los pueblos originarios como indicaciones al proceso”.
Sumemos más ingredientes para esta crisis. “Los recursos que gasta Metro en arqueología son exorbitantes, decenas de millones de dólares en un solo proyecto. Son tan caras las oficinas de arqueología en Chile que Metro tuvo que ir a buscar profesionales a Lima para la Línea 7″ dice el ex presidente de Metro, Louis de Grange, en una entrevista en ese mismo medio.
Mucho más al sur, uno de los patrimonios de la humanidad corre serio peligro. La Fundación de Iglesias Patrimoniales de Chiloé acaba de pedirle al Presidente Gabriel Boric que incorpore las iglesias en la lista de patrimonio en riesgo de la Unesco. Para ello, le enviaron una carta donde expresan su preocupación “ante las enormes dificultades que enfrentamos para la necesaria conservación y puesta en valor de este patrimonio de la humanidad”. En esa misma carta que advierte que la Fundación Iglesias de Chile ya tuvo que cerrar sus puertas en 2017 por falta de financiamiento y sólo pudo volver a funcionar al año siguiente gracias a organizaciones de la sociedad civil (las que hoy ven amenazada su existencia por el caso Convenios), se enfatiza que “los recursos actuales para trabajar en patrimonio son precarios y el espíritu de la Ley de Monumentos debe ser modernizado, ya que actualmente no incorpora una visión amplia del patrimonio, que considere el concepto de paisaje cultural y la vinculación intrínseca de entre inmueble, comunidades y entorno”. Y agregan que “al no considerarse el patrimonio mundial como un motor de desarrollo social para las poblaciones del territorio y, por ende, no entregar los recursos necesarios para su gestión, da como resultado procesos lentos, acciones parciales y comunidades que resienten las declaratorias de monumento histórico y zona típica”.
O sea, una ensalada con distintos ingredientes críticos: patrimonio mundial en riesgo, proyectos para reactivar la economía parados, sobrecostos para empresas públicas que terminamos pagando con nuestros impuestos, una institución centralizada y que sesiona cada 15 días (o una vez al mes, como pasó en febrero), a lo que se suma un proyecto de ley que duerme en el Congreso y que es fundamental para solucionar las múltiples carencias del CMN. Volvamos a Chiloé. Y, a través del gravísimo caso de las iglesias, a los otros seis sitios de nuestro país que son patrimonio de la humanidad (barrio histórico de Valparaíso, Sewell, Rapa Nui, Camino del Inca, oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, asentamientos de la cultura Chinchorro).
En la actualidad, según informa la carta enviada al Presidente Boric, no existe financiamiento directo para estos sitios. Y, en el caso de las iglesias de Chiloé, los costos de las restauraciones pendientes y urgentes de abordar exceden “en cuatro incluso diez veces lo que dispone el Estado mediante fondos concursables”. Peor aún, “tampoco se entregan recursos directos para trabajos de conservación preventiva como fumigaciones, control de plagas o dotación de extintores, acciones que permitirían mantener en buenas condiciones las piezas de madera y con ello disminuir la cantidad y envergadura de las restauraciones a futuro”.
Es triste pero necesario decirlo: Chile no merece estar en la lista de Patrimonio Mundial. No hay una política de Estado a la altura y esta carta de la Fundación de Iglesias Patrimoniales de Chiloé, que debería espantarnos, ni siquiera ha llevado a alguna autoridad a manifestarse, algo impensable en una nación donde el patrimonio y los monumentos son un tema relevante.
Acostumbro a mirar el vaso medio lleno, pero esta vez es imposible. Por todas las razones expuestas en la columna, más todas las vergüenzas que hemos visto en cuanto a ferias de libros internacionales y bienales de arte, en Chile la cultura palidece. Como dicen por ahí, estamos en la B.
