Columna de Simón Pachano: El juicio que no puede ser

Por Simón Pachano, analista político ecuatoriano.

La interpretación de dos cifras constantemente repetidas ha llevado a vaticinar el fin inminente del mandato de Guillermo Lasso. Primero, la oposición más radical tuvo éxito al colocar la idea de que los pésimos resultados del partido de gobierno en las recientes elecciones locales y sobre todo el rechazo a las ocho preguntas de la consulta popular convocada por el Presidente, constituyeron un referendo acerca del mandato presidencial. En segundo lugar, los 104 votos (de 137 integrantes de la Asamblea Nacional) con que se aprobó un informe que recomienda enjuiciar políticamente al Presidente de la República se interpretó como un anuncio de lo que sucedería si se concretara el juicio. La baja aprobación de la gestión presidencial (menor al 20%), reflejada en diversas encuestas, constituye el entorno propicio para la generalización de esa visión.

Las cifras parecen devastadoras para cualquier gobierno. A estas se añade la decisión de la dirigencia indígena de romper el diálogo con el que se puso fin a las manifestaciones de junio de 2022 (con la consecuente amenaza de nuevas acciones) y los llamados a la violencia desde diversos sectores, incluidos asambleístas partidarios del expresidente Rafael Correa.

Sin embargo, el proceso puede ser más complejo y con un final diferente al que apuntan esas percepciones. En primer lugar, el informe aprobado por los asambleístas no es vinculante y no se apega a las causas establecidas en la Constitución. En segundo lugar, el juicio político debe seguir un proceso que pasa por la Corte Constitucional, donde puede fracasar sin lugar a apelación. En tercer lugar, a pesar de la contundente votación por el informe, será muy difícil que la acusación obtenga los dos tercios (92 asambleístas) que se requieren.

Los cálculos y las negociaciones de cada partido -e incluso de cada legislador- se imponen en estos casos. Finalmente, y por encima de todo ello, con la Constitución vigente es prácticamente imposible que un juicio político se materialice, ya que el Presidente (mediante lo que coloquialmente se denomina “la muerte cruzada”) puede disolver la Asamblea en cualquier momento. No hay que olvidar que la Constitución fue hecha bajo el mandato de Rafael Correa y se la concibió como un blindaje para el hiperpresidencialismo. Pero, ironías del destino, el beneficiario puede ser un Presidente patéticamente débil y de signo contrario. A menos que la violencia diga lo contrario.