Columna de Stéphanie Alenda: El caso Le Pen y las derivas iliberales

Por Stéphanie Alenda, Directora de Investigación FECS-UNAB. Directora del Núcleo Milenio CRISPOL.

Marine Le Pen, favorita de la elección presidencial de 2027, fue condenada a cinco años de inelegibilidad inmediata por una millonaria malversación de caudales públicos. Fustigó la decisión de los jueces, acusando una “denegación de la democracia”. Denunció también prácticas propias de los regímenes autoritarios, cuando lo que separa los regímenes iliberales de los democráticos es que en estos últimos nadie está por encima de la ley, menos quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial.

Se puede reconocer la relativa excepcionalidad del veredicto dada la gravedad de los hechos y el carácter reciente de una ley endurecida que busca prevenir la llegada al poder de líderes inescrupulosos; también que la ejecución inmediata, al ser independiente del derecho a apelar, tiende a vaciar de su contenido el recurso de apelación. En democracia se puede criticar un fallo legal, evaluar la ley y sus consecuencias. Pero cuestionar el Estado de derecho anteponiendo la voluntad del pueblo a las decisiones de la justicia es propio de las derivas iliberales.

Estas derivas parecen haber llegado para quedarse en un proceso judicial aún abierto. Al estilo de Trump, la Agrupación Nacional (AG) llamó a la movilización popular en contra de las instituciones, para “defender el Estado de derecho y la democracia”, dejando atrás una exitosa estrategia de normalización consistente en no salirse de los marcos legales y constitucionales. Se sumó a ello el apoyo de los principales líderes populistas del mundo.

La condena de Marine Le Pen no ha afectado la imagen del partido. En un sondeo posterior a su inelegibilidad, Jordan Bardella, su delfín, encabezaba las intenciones de voto en la primera vuelta de las presidenciales de 2027.

La radicalización de la AG podría más bien reforzar el sentimiento anti-sistema, en el 40% de los franceses que encontraron injusta la sentencia.

De manera más sistémica, este caso ha develado la división de las élites sobre el principio del Estado de derecho y la normalización de un discurso de sospecha hacia el sistema judicial, con efectos deletéreos sobre las instituciones.