Por Stephanie Alenda, directora de Investigación Facultad de Educación y Ciencias, Universidad Andrés Bello
Francia parece haber regresado a una tensa calma luego de una semana de violencias urbanas consecutivas a la muerte de Nahel, un joven de 17 años que recibió disparos de un policía durante una parada de tránsito en un suburbio de París. Este incidente trágico no es aislado. Desde 2005, en Francia siete jóvenes han encontrado la muerte durante un control o persecución policial, hechos que desataron revueltas urbanas de mayor o menor intensidad y magnitud. Si bien estos últimos disturbios no se prolongaron tanto como los ocurridos en 2005, cuando la muerte de dos adolescentes que se escondían de la Policía desencadenó un estado de emergencia en medio de tres semanas de protestas, son reveladores de una profundización de la fractura que atraviesa la sociedad francesa.
La más compleja y endémica es la crisis en la cadena de autoridad que parte por la autoridad parental y se plasmó en la destrucción de edificios e instituciones públicas: no solo las comisarías sino las alcaldías, escuelas, bibliotecas, y bienes públicos locales valorados por la comunidad. Ocurrieron también ataques odiosos en contra de alcaldes y sus familias, en particular de las comunas donde se está llevando una política firme en contra del narcotráfico.
Un reciente sondeo Ifop posterior a la muerte del joven Nahel reveló que el 57% de los franceses tienen una opinión positiva de las policías, lo que refleja una demanda de orden y seguridad, principalmente capitalizada por Marine Le Pen (RN, derecha radical).
Esta percepción mayoritaria es corroborada por el éxito que tuvo la controversial colecta destinada a la familia del policía incriminado, la cual recaudó más de 1,5 millones de euros (superando el monto de la colecta paralela destinada a la familia de Nahel). Aunque la iniciativa partió de un ex vocero del RN, los donantes no adhieren todos a ese partido. Varios, también desde los suburbios, quisieron entregar su apoyo a una policía “superada” y expresar su “hartazgo de la violencia y de ataques en contra de los símbolos de la República”.
Estas percepciones son indicativas de un anhelo por un Estado que sea capaz de ejercer el monopolio efectivo de la fuerza legítima, aunque no resuelvan el problema de la legitimidad en su uso. Invitan a superar las lecturas simplistas sobre el sentido de las protestas. Para la derecha radical, estas expresarían una radicalización generalizada de los suburbios, mientras para la izquierda radical, se justificarían por una humillación sistemática hacia los grupos vulnerables de parte de un Estado fundamentalmente racista y una policía asesina.
