Por Stéphanie Alenda, Directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de UNAB

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, junto con acentuar las tendencias que habían revelado las presidenciales, dejan a Emmanuel Macron con el desafío de revisar su estilo de gobierno vertical y poco dialogante. Ni las reglas del escrutinio mayoritario de dos vueltas, ni las exhortaciones de dotar al gobierno de una mayoría parlamentaria “fuerte y clara” permitieron ala mandatario conservar la mayoría absoluta (equivalente a 289 escaños) en la Asamblea Nacional. Al revés, la nueva composición de ésta da cuenta de una tripartición que muestra el país en lo que tiene de más polarizado y fragmentado.

Esta crisis política devuelve también al Parlamento y a los partidos el rol fundamental que tuvieron durante la IV República (1946-1958), una situación anómala e inédita por el número significativo de votos (44) que el Presidente deberá buscar fuera de su propia coalición con el fin de aprobar leyes, y en un escenario de bloques políticos polarizados. Si bien destacan en esta tripartición las coincidencias programáticas entre dos sensibilidades moderadas, la de Juntos, la coalición fundada por la mayoría presidencial (con 245 asientos), y la de la derecha convencional, Los Republicanos (con 61), la perspectiva de una alianza entre ambas fuerzas ha sido descartada.

Esta tripartición resulta también de la progresión fulgurante de dos sensibilidades más extremas. La Nupes (131), coalición liderada por el populista de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon duplicó su resultado de 2017, convirtiéndose en la primera fuerza de oposición. Más espectacularmente, la derecha radical fue la gran ganadora de la elección alcanzando 89 representantes (11 veces más que en 2017) y avanzó en su estrategia de normalización e institucionalización.

En el actual escenario, ninguna fuerza de oposición parece reunir las condiciones para integrar una coalición de gobierno, lo que vuelve probable una disolución de la Asamblea Nacional. Las leyes deberán ser adoptadas sobre la base de mayorías circunstanciales, lo que implica parlamentarizar la V República y requerirá del Presidente bajar del Olimpo.