Columna de Ulda Omar Figueroa: El presupuesto del Ministerio Público

Por Ulda Omar Figueroa, Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC.

El Ministerio Público es una institución en expansión. La mayor demanda de sus servicios se ha visto impulsada los últimos años por el incremento en los niveles de complejidad criminal, las denuncias de violencia de género, delitos sexuales, escándalos de corrupción y una creciente desconfianza de las víctimas hacia la justicia penal.

La contracción en la partida presupuestaria del Ministerio Público en materia de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros debatida esta última semana, aunque no tiene la entidad para paralizar el funcionamiento de dicha institución, sí puede retrasar procesos de modernización necesarios para afrontar estos desafíos.

Si bien el Ejecutivo ha mencionado públicamente que el presupuesto de los equipos de crimen organizado y homicidios (ECOH) estaría asegurado, no puede descartarse que indirectamente este recorte restrinja la capacidad institucional de promover el crecimiento de otras iniciativas en desarrollo, tales como la instalación de herramientas de IA para mejorar la persecución penal o el desarrollo de una estrategia de contactabilidad hacia las víctimas que permita mantenerlas informadas y adheridas al proceso judicial.

En momentos donde el Ministerio Público requiere elevar sus estándares de calidad, desacelerar el crecimiento del aporte fiscal a una institución que venía incrementando su presupuesto en torno al 10% anual durante 2023 y 2024 constituye una señal político-criminal ambigua. Esto genera un escenario de incertidumbre que deja varias preguntas abiertas: ¿Se extenderán estas restricciones al diseño de la fiscalía supraterritorial? ¿Puede suponer la persistencia en el tiempo de estas restricciones un debilitamiento de la autonomía del Ministerio Público? Las decisiones que se tomen en lo sucesivo permitirán aclarar estas y otras interrogantes que ha generado esta polémica que pudo ser perfectamente anticipada durante la discusión presupuestaria en el Congreso.