Columna de Vanessa Romero: México, los jueces a las urnas

México
La Presidenta electa de México Claudia Sheinbaum junto a Andrés Manuel Lopez Obrador en el Zócalo, el jueves en Ciudad de México. Foto: Reuters.


Por Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política mexicana.

México ha aprobado una reforma constitucional que somete a ministros, jueces y magistrados al voto popular: un experimento político sin claros precedentes en las democracias modernas. Además, la reforma redefinirá el otrora ineficaz sistema de disciplina judicial en el país.

A días de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, respaldado por su popularidad y la amplia victoria de su partido en las pasadas elecciones, impulsó la remoción de los titulares de los poderes judiciales —federal y locales—, que serán reemplazados por quienes resulten electos mediante voto popular. Las primeras elecciones, cada una de mil quinientos juzgadores, serán en 2025 y 2027.

El reto recae ahora en Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México y heredera política de AMLO, que llegará al encargo el 1 de octubre. Es ella quien implementará la reforma y enfrentará la incertidumbre económica que ésta ha generado. El futuro del estado de bienestar prometido por Morena está en juego.

Las motivaciones de la modificación constitucional son varias: la cooptación del Poder Judicial por poderes facticos; la resistencia de los jueces a las políticas de austeridad de AMLO; y la terrible dirección del tercer poder por parte de su dirigente y actual presidenta de la Suprema Corte.

La aprobación de la reforma —propuesta desde inicios de año—pone fin a un corto pero atribulado proceso de resistencia del poder judicial que, con paros y confrontaciones mediáticas, intentó frenarla. Hoy, con la propuesta aceptada por el poder constituyente, si bien se esperan intentos judiciales aislados de detenerla, es poco probable que prosperen.

Los plazos son cortos. El Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo con altos niveles de confianza, ya organiza la elección primera. El Congreso tiene tres meses para ajustar el resto de la legislación y, los estados, seis meses para hacer lo propio.

Será rápido: en menos de medio año, tendremos las primeras noticias sobre el éxito o fracaso del experimento.

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