Por Verónica Undurraga Valdés, profesora de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez
La mejor forma de conmemorar el Día de la Mujer, es avanzando en asegurar sus derechos. Por eso celebramos la aprobación esta semana de la ley de violencia contra la mujer. Es urgente avanzar en otros dos proyectos: la reforma a la sociedad conyugal y la ley de salas cuna.
Aunque las parejas se casan esperando compartir sus vidas y la responsabilidad por la crianza, cuando se trata del dinero, el régimen de administración de los bienes por default no refleja ese espíritu de solidaridad familiar. Para el 49% de los matrimonios casados en sociedad conyugal, el marido es el jefe de la sociedad conyugal y toma las decisiones sobre el destino no solo de los bienes comunes sino también sobre los propios de su mujer. Esto implica, por ejemplo, que la mujer casada no puede decidir por sí misma vender el auto que tenía cuando era soltera o aceptar la herencia que les dejan sus padres. Para constituir una sociedad o pedir un crédito, necesita autorización notarial del marido, a menos que logre acreditar que tiene un patrimonio reservado, lo que es una barrera para muchas.
El proyecto contempla que cada cónyuge administre sus bienes propios y la administración conjunta de los comunes: las decisiones menores las puede tomar cualquiera de ellos y las más importantes requerirán del consentimiento de ambos. Así es en muchísimos países y funciona perfectamente bien.
La ley discrimina a muchos niños porque da acceso a salas cuna solo a aquellos cuya madre trabaja junto a 19 mujeres. Reproduce la idea de que los hijos e hijas son solo de las mujeres, constituye una barrera de acceso al trabajo y es una causa de la brecha salarial. Independientemente de su sexo y del tamaño de la empresa, todo trabajador con hijos debe tener este beneficio.
Economistas como Andrea Repetto y organizaciones como Comunidad Mujer han diseñado propuestas conjugando la calidad de la educación de la primera infancia, la corresponsabilidad y la empleabilidad de las mujeres. Avanzar en este tema es una deuda de justicia, un seguro contra la pobreza de miles de familias y una forma de impulsar el crecimiento económico.
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