Por Wladimir Sierra, analista político ecuatoriano y académico de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas en Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Según los voceros del gobierno de Guillermo Lasso, las movilizaciones sociales que se iniciaron el 13 de junio tienen como principal objetivo orquestar un golpe de Estado a quien fue electo legítimamente como Presidente. En ellas, el gobierno no reconoce como sus principales actores a los pueblos y comunidades indígenas, ni a los distintos movimientos sociales, sino a grupos terroristas financiados por el narcotráfico y el crimen organizado. Dentro de este espectro ubican incluso al dirigente indígena Leonidas Iza, a quien lo vinculan con uno de estos grupos y le acusan de engañar e instrumentalizar a las bases del movimiento indígena.
Cuando Lasso asume la Presidencia, el 24 de mayo de 2021, lo hace no tanto porque la mayoría de los ecuatorianos así lo decidió en las urnas, sino porque en el balotaje que lo enfrentó a Andrés Arauz, representante del correísmo, muchos votos no eran exactamente de sus simpatizantes, sino que nacidos del resentimiento y la aversión a todo aquello que recordara a Correa.
Por eso, luego de cierto éxito con el programa de vacunación y de haber atinado con un par de políticas económicas, como el incremento del sueldo básico en 25 dólares, su figura y su popularidad se desplomaron. Por otro lado, su incapacidad en el manejo de la cosa pública se hizo evidente mientras transcurría el primer año de su gobierno.
Los resultados de esta ineptitud en el manejo de la política son: altos niveles de marginación, exclusión y pobreza, abandono y precarización de los sistemas de salud y educación, desempleo estructural, intentos de privatización de sectores estratégicos y una sociedad en manos del narcotráfico y el crimen organizado.
La consigna callejera de fuera Lasso, que se escuchó con insistencia en estos últimos días, no enuncia un intento de desestabilización política. La consigna es más bien una metáfora que busca revertir, en algo, la incapacidad de un banquero que se encontró, en el tercer intento, con la Presidencia de un país, pero que no tiene ni la menor idea de cómo se maneja algo que se estructura siempre como un pacto social.