Cómo las fundaciones se tomaron el programa campamentos del Minvu

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”. Esas fueron parte de las palabras con las que el pasado miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), trató de deslindar la responsabilidad del actual gobierno en la decisión de entregar durante 2022 un total de $ 426 millones a la fundación Democracia Viva para hacer obras de habitabilidad de emergencia y estudios en una decena de campamentos de la Región de Antofagasta.

Pero al día siguiente de su intervención y ante la oleada de críticas de la oposición y de los exministros de Vivienda durante el gobierno de Sebastián Piñera, Montes tuvo que aclarar sus palabras. “No está en duda que los hechos investigados ocurrieron durante este gobierno (...). Respecto del gobierno anterior, nosotros no hemos mencionado ninguna irregularidad, lo que hemos mencionado es que el método viene de antes, el sistema a través del cual se aplicaba esto era desde antes”, dijo el ministro ante los senadores.

El “método” del que habló Montes tiene sus orígenes con el Programa Campamentos, creado el año 2011, y sólo contemplaba entregar recursos a las municipalidades del país. Pero la mala rendición de los dineros, la presión por cumplir con la promesa de cerrar campamentos y el explosivo aumento de los asentamientos precarios a partir de 2020 llevaron a los gobiernos de Bachelet y Piñera a abrir la puerta a los privados y dar mayor poder de decisión a las autoridades locales.

Al año 2011 en todo Chile había 706 campamentos. Al menos eso es lo que indicaban los catastros oficiales, con los que ese mismo año se dio el vamos al Programa Aldeas y Campamentos en el gobierno de Sebastián Piñera, a cargo del hoy senador Felipe Kast (Evópoli). Con un financiamiento de $ 4.461 millones a entregar exclusivamente a municipalidades de todo Chile, la iniciativa ministerial buscaba erradicar progresivamente los asentamientos irregulares y también entregar viviendas a las personas que vivían en aldeas de emergencia tras el terremoto y tsunami de febrero de 2010.

Pero con el paso de los años la fórmula de trabajo exclusivo con municipios comenzó a presentar grietas. Así quedó de manifiesto en la comisión mixta que revisó el presupuesto de Vivienda para el 2016, año en que el gobierno de Bachelet se autoimpuso la meta de cerrar 60 campamentos.

En la comisión, la entonces ministra de Vivienda, Paulina Saball, planteó los problemas y retrasos que estaban teniendo para lograr gastar los recursos sólo por medio de las municipalidades. “Para transferir recursos fiscales, los municipios no deben tener deudas con el Estado. Tenemos problemas muy serios con municipios que no han terminado de rendir cuentas sobre este tema (...) Tal circunstancia ha hecho que el programa se ha demorado”, dijo Saball en la discusión del presupuesto.

Ese año la Comisión de Vivienda era presidida por el entonces senador y hoy ministro Carlos Montes. En la discusión se exploraron otras vías para usar los recursos, como hacerlo a través de los Serviu de cada región. Finalmente, con el voto favorable de Montes se aprobaron $ 12 mil millones para transferencias de capital a “municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos, donde también se autorizó el traspaso de dineros a “instituciones privadas sin fines de lucro”.

El paso siguiente fue entregar a los seremis la facultad de firmar directamente los convenios en su región. A diferencia de lo planteado por Montes el pasado miércoles en el Senado, quien aseguró que recién en 2019 se dio poder de decisión a las autoridades regionales, lo cierto es que esto fue el 11 de marzo de 2016, cuando la ministra Saball firmó la Resolución Exenta N°1572 del Minvu.

El documento señala que para ejecutar los dineros aprobados “es necesario suscribir convenios de transferencia de recursos con diversas entidades receptoras para materializar la ejecución de múltiples proyectos o servicios, los cuales son determinados de acuerdo a las necesidades específicas de los barrios y/o asentamientos donde se encuentran las personas o familias beneficiadas”.

Por ello, en la resolución de 2016 se especifica que “con el objetivo de procurar el debido análisis y controles de todas las transferencias de recursos que deben efectuarse con las diversas entidades, tanto públicas como privadas, pertenecientes a las localidades o sectores en los cuales se encuentran ubicados los barrios y campamentos a intervenir a lo largo del país (...), es necesario desconcentrar internamente la labor de firmar y aprobar los convenios de transferencias de recursos inferiores a 5.000 UTM (unos $ 225 millones de la época) en las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo”.

El mecanismo se siguió replicando en los gobiernos de Bachelet y Piñera entre los años 2017 y 2021, hasta llegar al 20 de enero de 2022, fecha en que el ministro Felipe Ward (UDI) firmó la Resolución Exenta N°83, la que fue utilizada como fundamento legal por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD), para entregar los $ 426 millones a Democracia Viva.

Pese a que en 2015 se abrió la puerta para que las fundaciones recibieran dineros directamente desde las seremis del Minvu para trabajar en campamentos, fue recién en 2019, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, cuando se utilizó la herramienta por primera vez. En la Región de Antofagasta, entre julio de 2019 y abril de 2020, la Fundación Recrea, dirigida por el sacerdote Felipe Berríos, recibió $ 1.240 millones para obras, como construir un barrio transitorio en Calama, producto de la emergencia provocada por un incendio.

“Llegamos a tener convenios con Minvu, porque ya teníamos experiencia exitosa y conocida en transformar un campamento en un barrio transitorio, seleccionar gente y trabajar con ella, mientras se les entregaba su vivienda definitiva”, afirma Alejandra Stevenson, directora de Recrea. En esa experiencia había trabajos realizados en el sector de “La Chimba”, en la misma ciudad de Antofagasta.

“Estando ya trabajando con la gente y todo esto listo para construir, vino el estallido social y no se pudo construir el barrio transitorio en Calama. Luego se nos pidió con parte de esos recursos ampliar el barrio transitorio hecho en Antofagasta. Hicimos ese trabajo, y por la lentitud del trabajo con el Serviu, a mediados de 2021 decidimos terminar las casas faltantes y darle término al convenio con Serviu y devolver los recursos restantes”, relata hoy Stevenson.

Luego, el año 2020, el modelo de trabajo de seremis con otras fundaciones se empezó a expandir por regiones. En noviembre de ese año en Atacama se firmó un convenio con Un Techo para Chile por $ 50 millones, para el “suministro y distribución de agua potable en campamentos de Copiapó”. También en noviembre, la Fundación para la Superación de la Pobreza y Corporación Espacio Lúdico firmaron acuerdos para hacer intervenciones en campamentos de Antofagasta.

Ese mismo año, en la Región del Biobío apareció por primera vez en el programa de campamentos otra de las fundaciones que hoy son cuestionadas. Se trata de Urbanismo Social, entidad que es investigada por la Fiscalía en El Maule y a cuyo exasesor jurídico Rodrigo Hernández se le pidió la renuncia al cargo de seremi de Vivienda del Maule el viernes pasado.

“El 2020, Serviu Biobío nos contactó debido a la crítica situación de campamentos en Lota y la escasez de terrenos para proyectos. Debido a nuestra experiencia como entidad patrocinante y como consultora urbana, el ministerio nos solicita una propuesta para realizar un estudio preinversional, identificando y evaluando técnicamente una cartera de terrenos en toda la comuna de Lota, para ser adquiridos posteriormente por Serviu para el desarrollo de viviendas sociales”, explican desde Urbanismo Social.

Durante el año 2021 el modelo de trabajo con fundaciones se consolidó y también llegó a las regiones de Arica, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos. En algunos de esos proyectos aparecen otras fundaciones, Fundación Acción Digital, ONG Enlace Urbano, Fundación Arquiduc -por la que se inició una investigación penal en la Región de O’Higgins- y Corporación Campamento de Ideas, que también es investigada en Antofagasta.

“En enero de 2021 nos llamó el Serviu de Antofagasta para darnos a conocer los programas que estaba desarrollando para asentamientos precarios, para ver si nos interesaba ingresar como la primera organización local en insertarse en este trabajo”, recuerda Pedro Céspedes, abogado de Campamento de Ideas. Céspedes asegura que les pareció interesante participar en la iniciativa y que, para ser considerados, debieron enviar documentos relativos a la organización, tales como “constitución, antigüedad, directorio, inscripción en los registros pertinentes, poderes del presidente y todo aquello que deba cumplir una organización que se quiera relacionar con el Estado”.

Durante el 2021, desde todas las seremis del Minvu se transfirieron cerca de $ 3.700 millones a instituciones privadas sin fines de lucro o fundaciones, en el marco de lo que ahora se llamaba Programa de Asentamientos Precarios. Del total de ese dinero, cerca de un tercio fue destinado a Un Techo para Chile, con transferencias por más de $ 1.100 millones para ayudas en campamentos.

Pero desde el año 2022 esa dinámica cambió. Con un diagnóstico que fijaba en casi 1.000 los campamentos en el país, un 30% más que en el año 2011, explicados por la pandemia y el aumento de la inmigración, el segundo gobierno de Sebastián Piñera implementó el plan 100+100, que buscaba en un año cerrar 100 campamentos y dar condiciones de “habitabilidad primaria” a otros 100 asentamientos. Entre las obras básicas de carácter transitorio están las de salubridad y seguridad, tales como estanques de agua potable, fosas sépticas, instalación de extintores, etc.

Para ello se hizo el mayor aumento de presupuesto para campamentos en toda la historia, con un incremento de un 93% con respecto a 2021, llegando a los $ 41.000 millones. “Entre los principales objetivos que se han planteado se encuentran el acortamiento de los plazos por medio de la inversión en urbanización y suelo, y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas”, afirmó en ese momento Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, sobre la estrategia que debería ser implementada en 2022 por el nuevo gobierno de Gabriel Boric.

Con muchos más recursos y una meta más alta de inversiones que realizar, comenzaron a aparecer nuevas fundaciones y quedó en manos de los seremis de cada región definir a qué instituciones se iba a contratar. De esa manera se generaron los convenios con organizaciones como Procultura, que tenía experiencia en el área. Pero al mismo tiempo aparecieron otras organizaciones dedicadas al mundo de la cultura y la política, como Movimiento Fibra, Fundación Cultural Tomarte y Democracia Viva, caso que gatilló el escándalo que hoy mantiene en vilo al gobierno y al oficialismo.

Si entre junio de 2019 y el 10 de marzo de 2022 se entregaron en todo el país cerca de $ 5.900 millones a fundaciones para trabajar en campamentos, entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de junio pasado esa cifra llegó a cerca de $ 11.800 millones.

Entre las diferentes interrogantes que todavía existen en el caso está la duda de si se cumplió o no con los protocolos establecidos al firmar un convenio con una fundación que, como en el caso de Democracia Viva, había sido creada hacía meses y que no tenía experiencia en el área.

Si bien los manuales de procedimientos internos del Programa de Asentamientos Precarios no establecen algún requisito en ese sentido, diversas fundaciones consultadas por La Tercera respondieron que en sus casos sí existieron requisitos previos para suscribir los convenios.

La respuesta más clara de ellas es la que entrega Urbanismo Social. “Para los convenios firmados en 2022 y 2023 (...) se incorporó el requisito explícito de seis meses de antigüedad para la suscripción de convenios y se solicitó el respaldo de experiencia previa en intervenciones comunitarias y territoriales, y no tener rendiciones pendientes con Minvu”, aseguran desde la institución.

“Además, se nos informó de los criterios de evaluación para la selección de las fundaciones (años de experiencia, número de experiencias similares, calificación de consultores, evaluaciones Minvu, nómina de profesionales), y se nos envió un correo informando los resultados de la selección, acompañando acta de evaluación”, concluyen desde Urbanismo Social.