Plan N°8. Así fue bautizado por Carabineros la intervención policial que el gobierno les pidió implementar en 46 comunas del país para contener el aumento de los delitos, especialmente los homicidios. A la iniciativa del Ministerio del Interior, y anunciada por el propio Presidente Gabriel Boric el 6 de abril, se le denominó como Calles Sin Violencia.

El plan se focalizó en 46 comunas a nivel nacional, las cuales concentran el 50% de los delitos violentos. Ese fue el criterio de selección, donde la Región Metropolitana cuenta con 22 zonas “intervenidas”, en una iniciativa que contempla la creación de áreas verdes y espacios para luminarias.

Sin embargo, la eficacia policial es central. Por lo mismo, el 7 del mismo mes, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás, envió un documento a todas las prefecturas y comisarías detallando en qué consistirían sus funciones. “(El objetivo es) generar un alto impacto en la criminalidad en aquellos sectores con alto índice delictual asociado a ‘delitos violentos’ y en especial al delito de homicidio, con la finalidad de contribuir a disminuir la criminalidad y fortalecer la sensación de seguridad en la comunidad”, se lee en unas de las ocho páginas enviadas a todas las unidades.

Además, también la institución socializó entre generales y comisarios una presentación donde dan cuenta de cómo se implementará el plan, el cual, oficialmente, se llama: “Intervención sectorial ante el aumento de delitos de homicidios”.

Allí se expuso en 26 láminas -a las cuales accedió La Tercera Sábado- la operatividad de Calles Sin Violencia y cómo se redestinaron efectivos que cumplían labores en otras instancias para pasar a trabajar en la iniciativa de gobierno.

Según detalla este documento, 278 efectivos fueron destinados en 22 comunas de la Región Metropolitana para cumplir con la ejecución de este plan (ver infografía). Además, 55 “medios logísticos” (motos, autos, camionetas, patrullas) fueron puestos a disposición.

En la presentación enviada a las jefaturas de las unidades policiales, también se detalla que de los 278 efectivos, 218 de ellos -la gran mayoría- son parte de la “liberación de personal para distribuir en Plan N° 8″. Acá, por ejemplo, se consigna que se “liberaron” 43 funcionarios que cumplían labores en el servicio de Metro, en las estaciones U. de Chile, Santa Ana y Plaza de Armas, y otros 45 salieron desde Plaza Puente Alto, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés y La Cisterna.

Pero no sólo se reubicará a personal que cubría fiscalizaciones en el Metro, sino que también de los planes preventivos en “Línea Alameda”, “Barrio Yungay”, “Centauro”, “Plaza de Armas San Bernardo” y “Centro Cívico La Florida”.

El plan ha sido criticado desde algunos municipios, pues deja fuera a unos por sobre otros. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, señaló que “este plan es puro humo”.

En algunos eslabones de Carabineros hacen una crítica similar, pues señalan que se destinan recursos humanos desde las mismas comisarías comunales, no potenciando los servicios, sino que sólo se estarían reemplazando.

En Carabineros, sin embargo, defienden el plan, pues ha dado resultados: en 20 días se logró detener a más de 500 personas, se incautaron 50 armas y se decomisaron 7,6 kilos de drogas.

Los criterios policiales

Santiago es la comuna con más efectivos para este plan: 28 uniformados cubren 14 puntos, destinando la mayoría de los servicios en el denominado “casco histórico”.

El Bosque, en tanto, tiene a su disposición 12 nuevos uniformados y tres vehículos policiales más. Por su parte, Puente Alto cuenta con 25 efectivos para 16 puntos. En su caso se anota: “El tramo horario que presenta mayor tendencia de ocurrencia (de delitos) es el de 16.00 a 19.59 horas”.

La comuna con una de las dotaciones más bajas para el Plan N°8 es La Granja. Sólo cuatro funcionarios policiales fueron destinados y un sólo auto más para tareas preventivas.

Consultado Carabineros, explicaron que los criterios de distribución tienen distintas variables. “Los servicios preventivos son móviles y dinámicos, definidos en base al análisis criminal de nuestros especialistas, en función de una serie de factores e indicadores, entre los cuales se cuentan, por ejemplo, el promedio ponderado de afectados por homicidios, la georreferenciación de casos ingresados a nuestros sistemas de Automatización Policial (Aupol) y la Central de Comunicaciones (Cenco) de delitos tales como homicidios, uso de armas de fuego, amenazas de muerte y drogas”, señalaron. Agregan que “sobre la base de dicho análisis se establecen las redistribuciones del personal policial, con el propósito de fortalecer la presencia, la prevención y la seguridad ciudadana. La redistribución del recursos humanos no es algo nuevo, sino una estrategia habitual, que obedece a la permanente evaluación de los servicios desplegados”.