Consejo se tensiona en jornada clave de votaciones

El Consejo Constitucional tenía este viernes un solo objetivo: votar hasta total despacho. Ese era el plan original, pero el órgano redactor siguió el camino del desorden, la improvisación y la incertidumbre.

Las comisiones estaban citadas para partir su votación a las 10.00, pero casi ninguna lo hizo. Algunas sesionaron algunos minutos, luego suspendieron y retomaron hasta muy tarde. Por ejemplo, casi a las 19.15 horas, la comisión de Función jurisdiccional, que tiene pendiente votar todo el capítulo de Poder Judicial, sesionó solamente para volver a suspender y avisar que retomarían a las 21 horas. La explicación de esto fue el intento de la derecha de ponerse de acuerdo en el acápite de la judicatura. Esto, en medio de una fuerte disputa entre republicanos y Chile Vamos. Mientras los segundos quieren mantener el modelo del anteproyecto, el presidente de la comisión, Antonio Barchiesi, tenía la intención de reformularlo completo y atacar lo que acusa es el activismo judicial de la judicatura.

Una imagen repetida era ver en las salas de sesiones a algunos consejeros y asesores sentados, mirando sus computadores y celulares sin nada que hacer. Los pasillos se llenaban de interrogantes sobre cómo se iba a proceder, que casi nadie sabía responder. Ese era el escenario mientras que en el segundo piso de la Cámara y el Senado en Santiago se desarrollaban múltiples negociaciones paralelas de todos los nudos críticos y asuntos menores que se fueron postergando durante toda la semana -ante la opción, que luego fracasó la madrugada del jueves, de llegar a acuerdo con la izquierda-, y que retrasaron el proceso de redacción de enmiendas de unidad de propósito, es decir, materias de consenso que pueden ingresar previo al inicio de las votaciones.

En medio de esta frenética jornada, Chile Vamos hizo una jugada de último minuto para intentar corregir los errores de las enmiendas que ya se habían aprobado en comisión, de las cuales la coalición tiene conciencia de que quedaron mal redactadas: fueron muy criticadas por especialistas externos y tuvieron el fuerte rechazo de la izquierda al momento de visarse. Se trata de, por ejemplo, temas como las contribuciones, los hidrocarburos, cambio climático y concesiones de bienes nacionales de uso público.

Cerca de las 19.00, en medio del receso de la comisión de Derechos sociales, Chile Vamos salió a informar el asunto.

El presidente de esa comisión, Germán Becker (RN), manifestó que “en el tema de los hidrocarburos vamos a volver atrás probablemente, de modo de no causar gran revuelo, porque es un tema que viene de la Guerra Fría y lo vamos a dejar así”. En ese sentido, el delegado de la bancada de la UDI, Arturo Phillips, detalló que se está explorando la posibilidad, ya sea en comisión o en el pleno, de prohibir “a nivel constitucional de la concesionabilidad de los hidrocarburos líquidos y gaseosos”.

Además, Becker adelantó que en medioambiente “vamos a reponer el cambio climático”. Junto con lo anterior, el representante de RN señaló que en contribuciones se está redactando un artículo transitorio “para morigerar su efecto y para dejar que la gente más pudiente siga pagando contribuciones y no sea una exención para todo el mundo”. Al cierre de esta edición, esas enmiendas de unidad aún no se escribían y las bancadas las estaban negociando.

Ese anuncio fue mientras la comisión de Derechos sociales estaba suspendida y los consejeros de izquierda estaban adentro esperando. Por lo mismo, la molestia se extendió y la consejera Karen Araya (PC) salió a criticar a la derecha: “Un minuto antes de la votación se nos entregan unidades de propósito donde todo lo que se discutió no vale. Eso es irresponsable. Le pido seriedad al Partido Republicano”.

De hecho, ante el caos del Consejo, casi a las 19.30, el oficialismo evaluaba solicitar en las cuatro comisiones la clausura del debate, para así sentarse a votar.

La comisionada Leslie Sánchez (Ind.-PPD) así lo pidió en su comisión. La molestia era grande en la izquierda, ya que, comentaban, “no es aceptable que a último minuto estén improvisando la redacción de un capítulo tan importante como el Poder Judicial”.

Uno de los puntos destacables del día fue el acuerdo transversal que logró la derecha y la izquierda en un tema especialmente complejo que los tuvo enfrentados por varios meses durante el proceso constitucional: el control preventivo sustantivo.

Esta fue la gran cruzada que lideró el comisionado Domingo Lovera (RD) en la Comisión Experta, ya que para el oficialismo era muy relevante eliminarlo. Se trata del control de fondo que hace el Tribunal Constitucional (TC) a los proyectos de ley antes de que sean promulgados. El oficialismo solo pudo eliminarlo en la Comisión Experta, ya que ese órgano estaba empatado y era una idea que nunca contó con el apoyo de la oposición.

Por lo mismo, en el Consejo Constitucional la derecha sabía que tenía los votos para reponerlo. Sin embargo, en vez de solo hacer uso de su mayoría, buscó un acuerdo entre ambas partes. Eso fue lo que logró el grupo chico que negoció este tema y que estuvo integrado por el delegado Luis Silva (republicano), el comisionado Hernán Larraín (UDI), el experto Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), la delegada María Pardo (CS), el consejero Antonio González (RD) y Lovera.

Pese a que el miércoles la última mesa negociadora terminó en fracaso, la oposición no quiso perder el acuerdo logrado en este pequeño grupo y luego de arduas gestiones de ambos lados consiguieron presentar una indicación de unidad de propósito, que tuvo las firmas de consejeros de izquierda y derecha.

Luego de someterlo a votación, finalmente lo que llegó como Corte Constitucional, volvió a su nombre original y se quedó como Tribunal Constitucional. Tendrá 11 ministros, que se irán renovando uno por año. El punto clave, el control preventivo sustantivo, quedó de la siguiente manera: se elevó el quórum y este tipo de control quedó con 3/5 del pleno. El plazo máximo para activarlo es hasta 10 días después de su tramitación legislativa y antes de su promulgación, pero siempre una vez que haya terminado el proceso legislativo. Finalmente, si el TC acoge el requerimiento, el organismo reenvía el proyecto objetado, para que el Congreso arme una comisión mixta para resolver los problemas de constitucionalidad.

Pese a que en un inicio la izquierda pensó en abstenerse, luego comprometió sus votos a favor. ¿La razón? La negociación cruzada que se hizo con otros temas. Así lo explicó María Pardo durante la sesión. “Pudimos llegar a este consenso precisamente porque en la comisión de Sistema político se retiraron las enmiendas relativas al aumento de quórum en materia de leyes institucionales, lo que para nosotros es muy importante, y se mantiene la potestad reglamentaria de implementación del Presidente de la República”, dijo la delegada.

En Sistema político lo más novedoso fue el giro que hizo la izquierda en el epígrafe del capítulo sobre reforma constitucional y reemplazo a la Constitución. Este fue un acápite que exigió el oficialismo en la Comisión Experta pero que a último momento se dieron vuelta, se sumaron a los republicanos y votaron con ellos la enmienda que eliminaba este tema. El asunto sorprendió a los republicanos, ya que no contaban con eso. De paso, indignó a algunos representantes de Chile Vamos.

Al cierre de esta edición, la comisión de Derechos había aprobado el derecho a la educación. La instancia, entre otras indicaciones, desechó la gratuidad progresiva de la educación superior. En esta votación, republicanos y RN se abstuvieron, mientras que la UDI votó en contra. Además, la comisión votó en contra de la prohibición del lucro en instituciones privadas con financiamiento estatal.

Por otro lado, los nudos que seguían sin votarse eran varios y llevan temas claves, como el artículo primero, el Estado social, el derecho a la vida, tratados internacionales y sistema electoral. En este último la derecha va por una Cámara de 138 escaños y distritos de magnitud de dos y seis bancas parlamentarias.