Fue el 29 de junio cuando el contralor Jorge Bermúdez aportó un elemento más de preocupación para La Moneda, en medio de los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones. “Lo que se hizo acá es paralizar la tramitación de toma de razón, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si corresponde, tomar razón”, explicó en esa oportunidad. Un mes después, ya hay un estado de avance de esa revisión y sus resultados son demoledores para quienes están a cargo de administrar los recursos públicos.
El “freno” que activó Contraloría obedeció a la serie de cuestionamientos que surgieron por las investigaciones judiciales que se abrieron debido a polémicos traspasos de fondos desde seremis y gobernaciones regionales a organizaciones privadas sin fines de lucro, a cambio de prestaciones de servicios.
En este proceso Contraloría tiene que visar si corresponde o no el traspaso de fondos, a través de la “toma de razón” de los acuerdos. Es decir, interviene para establecer si cumplen o no los estándares legales dentro de la administración pública. Dada la cantidad de denuncias que comenzaban a surgir, la Contraloría decidió paralizar estos trámites y revisar su legalidad.
La Tercera accedió al estado de avance de este proceso, donde Contraloría ya ha revisado 34 convenios que habían sido congelados. De ellos estableció que en 29 casos no se cumplen los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales o “representados”, término jurídico que ocupa el ente contralor. Todo corresponde a acuerdos suscritos el 2023 y los convenios objetados involucran más de $ 13 mil millones.
El que hayan sido declarados ilegales responde a que las resoluciones no cumplían con las disposiciones legales, ni el estándar establecido por la Contraloría.
Entre las materias que han sido blanco de observaciones se destaca que hay fundaciones que presentan giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias desde el Estado. Por ejemplo, explican en el ente contralor, hay algunas ONG que dicen dedicarse a “ayudar al prójimo”, lo que podría implicar cumplir labores desde entregar canastas familiares hasta la edificación de casas.
Es decir, en los convenios analizados no fueron suficientemente precisadas las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de esas fundaciones. Sólo había referencias genéricas, una situación que preocupa considerando la cuantía de los recursos públicos comprometidos.
Asimismo, también se objetó por la “falta de claridad de los ítems de gastos”, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades y la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”.
El que se declare la ilegalidad del convenio significa que este vuelve a fojas cero. Es decir, se anula, y si las partes quieren volver a celebrarlo deben iniciar otro proceso de toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario.
Los Lagos en la mira
Una vez que estalló el caso Democracia Viva, el 16 de junio, comenzaron a conocerse distintas irregularidades en transferencias de dinero desde entidades de gobierno a fundaciones.
El Ministerio Público abrió nueve investigaciones entre Antofagasta y Los Lagos. En esta última región, incluso, se allanaron las dependencias de la gobernación regional, liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
Y es acá donde Contraloría detectó las principales irregularidades y graves hechos que dieron paso a la apertura de un sumario.
Entre las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Mismo caso ocurre con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2.061.000.000. Todos estos convenios son los que indaga la Fiscalía.
Además, también fue “representado”el acuerdo entre el GORE y la Fundación Participa, para quienes aprobaron una transferencia de $ 1.020 millones. Esta ONG es dirigida por el excandidato a concejal por el PPD y PRO Daniel Ibáñez, y también es parte de la indagatoria que lleva el Ministerio Público.
Las transferencias de fondos en Los Lagos abrieron la sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Vallespín.
Además, el caso que generó una mayor aprensión de los fiscalizadores fue cuando detectaron de que pese a que un convenio fue declarado ilegal -previo a la revisión hecha por Contraloría-, igualmente se entregaron más de $ 667 millones a la “Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”.
En este caso el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el GORE de Los Lagos, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que correspondan, principalmente por materializar la entrega de fondos públicos pese a la declaración de “ilegalidad”.
Esto último es catalogado como un hecho grave dentro del ente contralor, por lo mismo, no descartan remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público para que sean incorporados en la investigación que ya lleva la Fiscalía.
Hasta el momento, solo en un caso se tomó razón, pero “con alcance”. Esto quiere decir que se declaró legal, pero de igual manera se hicieron algunos alcances que podrían haber sido especificados de mejor manera.
El resto de los convenios están bajo el rotulo de “retirados”, es decir, al momento de ser anunciada la suspensión de la toma de razón, los organismos renunciaron al proceso de legalidad para, eventualmente, hacerles ajustes y volver a ingresarlos, o bien, derechamente, no volver a presentarlos. Hasta el momento, no han vuelto a ingresar.
Acá, por ejemplo, figura el caso de Corfo, entidad que había firmado un convenio con la Federación de Empresas de Turismo de Chile por $ 750 millones. El trámite figura como “retirado”.
Este no es el final de la revisión de Contraloría. En Teatinos 56 explican que si bien se anunció la paralización de 91 procesos de toma de razón, algunos fueron aprobados casi a los pocos días. Se trata de la transferencias de fondos a las fundaciones más reconocidas.
Lo que resta, ahora, será la revisión de poco más de 10 convenios que están bajo la lupa de los abogados de Contraloría, donde no descartan seguir encontrándose con millonarias “sorpresas” que involucran fondos fiscales.
