Bajo la premisa de “acceder de una forma diferente y más democrática a la ciudad y a lo urbano”, el pasado 24 de enero el senador Alfonso de Urresti (PS), junto a sus pares Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), José Durana (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD) presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el Artículo 19 de la Carta Fundamental, para incorporar entre las garantías constitucionales el derecho a la ciudad.
La iniciativa de ley busca modificar la Constitución Política de la República, con la finalidad de incluir el acceso a la ciudad como un nuevo derecho fundamental, “atendiendo la importancia que este derecho supone para la consecución en la satisfacción de otros derechos humanos fundamentales” y así alcanzar una justicia socioespacial y ambiental.
“Con esto queremos generar un estándar de mejor calidad de vida en las ciudades. Hoy la ciudad es un lugar donde habita prácticamente el 80% de la población, que tiene un conjunto de elementos de seguridad, de salud, de medioambiente, de entorno, que es importante consagrar como derecho transversal”, dice el parlamentario.
A propósito de esta propuesta que iniciará su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado hacia la segunda mitad del año legislativo, expertos en materia de planificación urbana han comenzado a debatir sobre los alcances que tendría en caso de ser aprobada. La duda es si una iniciativa como esta, que sigue el ejemplo de países como España, Ecuador, Brasil y Francia, es una herramienta eficaz para empujar el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a avanzar en materia de equidad territorial, transporte, vivienda, medioambiente y género.
Para la investigadora principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, Carolina Rojas, que el derecho a la ciudad esté contemplado en la Constitución fija un marco de leyes y políticas públicas que deberán ser concretadas por los organismos competentes, ya sea gobiernos locales o los propios ministerios, para desarrollar sectores y normas en la ciudad más inclusivas y justas que orienten al espíritu de derecho.
“Si se concreta este derecho, el Estado es el que tiene que garantizar este derecho en el país. Por ejemplo, si el derecho a la ciudad nos menciona que tenemos derecho a un medioambiente limpio, se tendrán que crear políticas de medioambiente orientadas a planes de descontaminación a nivel transversal. Las políticas públicas de la ciudad no solo deben orientarse a resolver la crisis de la vivienda o a generar más infraestructura, sino que también deberían tener este principio que señala el derecho de una vida más digna y justa en la ciudad”, sostiene la investigadora.
Experiencia internacional
Lo anterior ya se ha visto en la experiencia internacional. En Latinoamérica, países como México, Brasil y Ecuador han integrado en sus constituciones el derecho a la ciudad o normas de orden público e interés social que regulan el uso de la propiedad urbana en beneficio del bien colectivo como seguridad, bienestar y equilibrio ambiental. Así también, otros países como Cuba, Bolivia y Venezuela han incluido en sus textos el concepto más amplio de “hábitat”, que ha buscado desarrollar proyectos habitacionales para que todo ciudadano goce de una vivienda “adecuada, segura y cómoda”.
El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U de Chile FAU y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Alberto Texido, sostiene que en Chile se podría vincular este derecho con el concepto de la “Ciudad de los 15 minutos”, modelo de proximidad planteado en París, Francia.
“Es la lógica de ciudad caminable, donde puedas resolver seis funciones mínimas al habitar en el propio barrio: vivir, trabajar, cuidar, abastecerse, recrearse y culturizarse. La idea es que los beneficios de la ciudad se distribuyan equitativamente, con servicios y equipamientos, que acerquen el acceso a la salud, la educación, el transporte público y los espacios seguros, entre otros”.
El decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, sin embargo, advierte que “no porque en los países latinoamericanos se consagre el derecho en la Constitución significa que lo hayan transformado en una realidad concreta, con buenos estándares y buena cobertura”.
Y en Chile, dice, sería difícil de concretar: “Para materializar esta idea de una ciudad en la cual uno consagra un derecho a disfrutarla, a habitarla, con espacios libres, democráticos, seguros, tendríamos que tener un montón de instrumentos que no tenemos, como por ejemplo la planificación integrada entre suelo y transporte; mayor capacidad de llevar adelante proyectos urbanos; mayor disponibilidad de suelo. Hay una parte significativa que no está resuelta”, explica.
Desde su perspectiva, la urgencia debería estar en el derecho a la vivienda, debido a la urgencia del contexto actual: “Estamos en la mitad de un gobierno en el que ya está más o menos claro que incluso la meta de 260.000 viviendas va a ser difícil de lograr”.
En esa mirada concuerda el decano de la Facultad de Arquitectura de la U. Autónoma, Daniel Schmidt, quien profundizó en que más que enfocarse en el derecho a la ciudad, el debate debería centrarse en cómo reformar la actual estructura de gobernanza urbana.
“Son demasiados los entes que hoy actúan sobre la ciudad y todos ellos lo hacen de forma desarticulada, pasando a llevar muchas veces a la comunidad y sus necesidades”.
Por lo mismo, Schmidt afirma que tales necesidades no se resuelven solo con consagrar el derecho a la ciudad, sino revisando la estructura de gobernanza e instrumentos de planificación y gestión. “Soy partidario de avanzar hacia una mayor autonomía de los gobiernos locales, con menor dependencia de entidades centrales y de esa manera hacia entornos urbanos más inclusivos y sostenibles”.
Como sea, para el senador De Urresti la propuesta recién está tomando forma y sus alcances aún no han sido definidos.
Por lo mismo, a la fecha se han realizado conversatorios con el mundo académico, Corporación Ciudades y los ministerios de Transportes y Obras Públicas para discutir cuáles son los desafíos en materia de acceso a la ciudad a nivel nacional.
