Leonel Bustos se fue a vivir a Dinamarca en 2013, siguiendo a su pareja danesa que conoció en Chile. “Ella quería volver a Dinamarca así que fui a probar y me terminé quedando”, cuenta. Eligió Aarhus, la segunda ciudad más grande del país.

“Cuando llegué a Dinamarca me sentía inseguro. Se nota mucho si no eres danés: la gente usa la misma ropa, hace lo mismo, tiene las mismas tradiciones, se ve súper parecida”, explica. “Uno se siente muy diferente”.

A pesar de que Dinamarca es considerado un país progresista a ojos de extranjeros, durante años ha desarrollado una de las políticas antiinmigración más restrictivas de Europa.

Ejemplo de esto es la denominada “ley de joyería” promulgada en 2017, que permite al Estado confiscar activos por sobre US$ 1.300 de refugiados recién llegados, con la excusa de compensar el costo de manutención, iniciativa que fue descrita por las Naciones Unidas como “mínimo inhumana y degradante”.

O hace unas semanas, cuando el país nórdico fue el primero del continente en promover el retorno de migrantes sirios a su país, argumentando que Damasco, la capital de la nación de Medio Oriente azotada hace 10 años por una guerra civil, es un lugar seguro.

“Les hemos dejado claro a los refugiados sirios que su permiso de residencia es temporal. Puede ser retirado si la protección ya no es necesaria”, dijo al diario The Telegraph Mattias Tesfaye, ministro de Inmigración e Integración danés. Bajo este argumento, 94 refugiados fueron despojados de sus permisos de residencia y, aunque no están obligados a retornar a su país, serían enviados a campos de deportación.

Y es que el gobierno danés no esconde sus propósitos en cuanto a migración. En enero, la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, declaró en el Parlamento que su meta es lograr que el país nórdico reduzca las solicitudes de asilo a cero. En 2020, se registraron 1.547 solicitantes de asilo, la cifra más baja desde 1998 y casi un décimo de los 21.316 que decidieron migrar a Dinamarca en plena crisis en Medio Oriente, en 2015. Tesfaye lo adjudica a la pandemia y las estrictas políticas migratorias del país.

De los 5,8 millones de daneses, el 11% es de origen extranjero. En Aarhus, ciudad en la que hoy Leonel vive con su señora, el número asciende a un 15,9%.

En total, el número de extranjeros occidentales -definidos como aquellos que provienen de todos los países de la UE, además de Andorra, Australia, Canadá, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, San Marino, Suiza, Estados Unidos y el Vaticano- asciende a 254 mil.

Los “no occidentales”, es decir, todos los migrantes que son originalmente de países no incluidos en esa lista, suman 356 mil. Entre los grupos más grandes están los sirios, turcos, iraquíes y libaneses.

En esta categoría se enfoca el proyecto de ley presentado hace dos semanas por el gobierno de Mette Frederiksen, que llegó al poder hace dos años en base a sus estrictas medidas antiinmigración. El gobierno propuso una legislación para reducir el número de residentes “no occidentales” que viven en los denominados “guetos” o barrios desprotegidos, limitando la cantidad a 30% en 10 años, con el objetivo de incentivar la integración.

Para promover el proyecto, el ministro de Interior, Kaare Dybvad Bek, argumentó que tener demasiados extranjeros no occidentales en un área “aumenta el riesgo de que surjan sociedades religiosas y culturales paralelas”.

Según una ley promulgada en 2018, actualmente un gueto es un área vulnerable de más de mil residentes donde “el número de inmigrantes y descendientes de países no occidentales supere el 50%” y que, además, debe cumplir con al menos dos de cuatro criterios: que más del 60% de las personas de 39 a 50 años no tengan educación secundaria superior, más del 40% de los residentes esté desempleado, los residentes tengan ingresos un 55% más bajos que el promedio local o que las tasas de criminalidad sean tres veces más altas que el promedio nacional.

Si un área cumple con las condiciones por cuatro años o más, se denomina un “gueto duro”. Actualmente hay 15 de esos barrios en Dinamarca, mientras que otros 25 se describieron como “en riesgo”.

En estos barrios, los delitos pueden conllevar el doble de penas que en otros lugares del país. Si se aprueba la nueva legislación, las familias deberán reubicarse en otros sectores de la ciudad para mantener el porcentaje de “no occidentales” por barrio.

“El problema aquí es que, por la etnia, determinadas personas tienen mayor riesgo de ser desalojadas de sus hogares y quizás también les resulte bastante más difícil conseguir un lugar donde vivir, porque serían un problema estadísticamente”, explica a La Tercera Stinne Bech, responsable de políticas de Amnistía Internacional Dinamarca.

“Estos guetos se forman porque ciertos inmigrantes no se sienten bienvenidos y tratan de mantenerse juntos en un ambiente en donde no se sientan observados todo el tiempo”, explica Leonel, quien vivió un año en uno de estos barrios en Aarhus. “Hay menos bicicletas y más autos de lo normal en la calles. Mucho musulmán y gente de Medio Oriente. Pero nada de eso afectaba de ninguna forma nuestra forma de vivir. Era tranquilo, relajado, había espacio para todos. No nos quedamos más que nada porque quedaba muy lejos del centro”, señala.

“Al principio en Dinamarca teníamos este viejo enfoque humanitario, pero cambió gradualmente. Desde mediados de los 80, con la guerra entre Irak e Irán, el número de refugiados que ingresó fue repentinamente muy alto, medido con una vara danesa. Recibimos entre siete y ocho mil”, explica a La Tercera Andreas Kamm, historiador y Secretario General del Consejo Danés para los Refugiados, que ha estado siguiendo el debate sobre migración e integración durante décadas.

Kamm asegura que, desde ese momento, la discusión en torno a la inmigración se polarizó. “Dinamarca tiene un Estado de bienestar, lo que significa que ser ciudadano en nuestro país es también un costo para el presupuesto del Estado”, comenta. “Recibir personas no calificadas para cotizar mediante el pago de impuestos o para tener un trabajo es una situación preocupante para la población. La gente piensa que esto podría salirse de control”, dice.

En ese contexto nace a mediados de los 90 el partido Popular Danés, con duras propuestas antiinmigración y descrito como de extrema derecha por los medios daneses.

“Después de las Torres Gemelas y el atentado en Atocha, empieza a reforzarse cada vez más un miedo a los extranjeros, y este partido sabe sacar provecho, pues tiene bastante influencia. No participa directamente en el gobierno, pero sus votos son necesarios para mantener una mayoría de la derecha”, explica a La Tercera Hans Hansen, académico y parte de la mesa directiva del Centro de Investigación sobre Migración de la Universidad de Aarhus.

“Han sido muy inteligentes al utilizar sus mandatos para imponer restricciones a los refugiados y migrantes a cambio de apoyar otras leyes o cambios”, asegura a La Tercera Michala Clante Bendixen, presidenta de Refugees Welcome Dinamarca, una organización humanitaria.

La situación llegó a su punto más álgido con la crisis de refugiados de Europa en 2015, producto de la guerra civil en Siria.

Según un sondeo realizado en 2019 por la revista de política danesa Mandag Morgen, el 28% de los encuestados estaba de acuerdo con que los inmigrantes musulmanes debían ser deportados. Además, el 39% se manifestó a favor de enviar fuera del país a los inmigrantes desempleados.

“Los políticos hacen un mal uso de este problema global. Creo que, al principio, solo el 20% de la población estaba preocupada del tema de la migración hasta el punto que votarían en contra de recibir refugiados. Pero de repente creció a un nivel en el que hoy en día no se puede ganar una elección sin tener una política de migración y refugiados”, explica Kamm.

La nueva propuesta de ley sobre los guetos también pretende eliminar este término para referirse a los barrios desprotegidos, al ser una palabra “engañosa” y que “contribuye a eclipsar la gran cantidad de trabajo que hay que hacer en estos barrios”, dijo el ministro de Interior Kaare Dybvad Bek. El propósito, según el gobierno, es crear una ciudad donde migrantes y daneses convivan.

“No hay nada de malo en decir que nos gustaría tener una ciudad mixta. El problema son los métodos, basados en que, por cierta etnia, las personas sean desalojadas de sus hogares. Realmente no invita a la integración”, opina Bech.

Kamm está de acuerdo. “Tenemos esta situación extremadamente difícil en la que, por un lado, los políticos coinciden en que quienes ya están en el país deberían estar bien integrados y, por otro, querer detener la migración y la llegada de nuevos grupos de refugiados a Dinamarca. Intentaron controlar los números reduciendo sus derechos y condiciones de vida aquí, y aún así dicen ‘debes integrarte y ser como nosotros’. Pero cómo voy a ser como tú si has reducido mis derechos”, dice el historiador.

Hansen, por otro lado, explica que algunos sociólogos afirman que los guetos son máquinas de integración, pues entre las mismas comunidades étnicas que viven en este tipo de viviendas se apoyan para poder integrarse al país.

“Los que llegan son comúnmente personas sin formación, pero que cuando se mudan han logrado ingresar en la clase media. Es realmente contraproducente lo que está haciendo el gobierno, porque están eliminando estos motores de integración y dispersando a esas personas, que muchas veces llegan con traumas y necesitan del apoyo de su comunidad para surgir”, afirma.

Leonel insiste en que, si bien el gueto donde vivía había más delincuencia que en el resto de la ciudad, nunca se sintió realmente inseguro. “No estaba esa energía de que quieren hacer daño a otro. Al final del día existe una frustración por no ser aceptado”, asegura. b