Directora de Salud de Santiago: “Nos llamó la atención el precio (...), pero Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido”

A casi dos meses de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunciara la compra de lo que sería la primera clínica municipal para la comuna, hoy el proyecto está lejos de concretarse. Y es que luego de que tres concejales se negaran a la adquisición de la exclínica Sierra Bella -al acusar sobreprecio en los más de $ 8 mil millones que pagó el municipio por un edificio con avalúo fiscal de $ 2 mil millones-, actualmente el municipio enfrenta querellas por presunta estafa y citaciones a declarar ante la fiscalía.

Con el fin de esclarecer los hechos, la directora de Salud Municipal, Beatriz Chamorro, quien ha participado de todo el proceso de compra del inmueble, enfrenta la polémica compra y admitió que este revuelo nunca lo vieron venir. “Al principio estábamos contentos, pero ahora el proceso se ha vuelto abrumador (...). Es injusto que no todas las personas entiendan que es una necesidad contar con más infraestructura para la salud”, sostuvo.

¿Cómo llegaron al inmueble ubicado en calle Sierra Bella?

Habíamos hecho el diagnóstico de que nos falta infraestructura para dar prestaciones de salud. Empezamos con todo el equipo a buscar dónde el Cesfam Orellana podría comenzar a funcionar. Ahí, una de las funcionarias de ese recinto encontró esta clínica, que ahora estaba vacía. Ella consiguió el contacto del dueño y se lo entregó a la directora del Cesfam, Claudia Ortega. Ahí surgió el interés de visitarla, para saber en qué condiciones estaba. Participó todo el equipo del Cesfam, esto fue entre septiembre y octubre de 2022.

Concejales y parlamentarios que cuestionan el proceso dicen que los contactos con San Valentino, los dueños de la exclínica, fueron muy expeditos. De hecho, las tasaciones estaban el 13 de diciembre, pese a que por esos días había un trato casi cerrado con otra empresa, Las Malvas. ¿Cómo se dieron esas conversaciones?

Habíamos estado viendo un inmueble en Carmen 35, perteneciente a Las Malvas. Un edificio de cuatro pisos que estaba habilitado como preuniversitario. Analizamos el costo de transformarlo para que, en lugar de salas de clases, hubiese boxes de atención y todo lo necesario para un centro de salud. Eso significaba una inversión de $ 1.700 millones, aparte del precio del edificio, y había que considerar que la habilitación se demoraría dos años. Seguimos buscando y apareció Sierra Bella, y la diferencia es que se nos generaba la posibilidad de tener un inmueble que ya tenía autorización sanitaria. Nos daba la facilidad de poder contar en el corto tiempo con una adecuada infraestructura.

Pero el precio era muchísimo más alto.

En toda la revisión trabajó todo el equipo: el director de jurídica, de finanzas, de control, para realizar todos los procesos correspondientes. Ahí empezamos a conseguir los papeles.

Del estudio de título que hicieron de Sierra Bella se advierte que el inmueble fue adquirido por San Valentino en alrededor de $ 2.800 millones, lo que contrasta bastante con los $ 8.300 millones en que ustedes lo comprarían. ¿No les llamó la atención esa diferencia?

Obvio que nos llamó la atención esa diferencia en el precio (...), pero Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido. Además, cuando explican que esa venta fue por falta de liquidez, ya que por la pandemia estaban con menor demanda, se entiende. Y si ellos deciden venderla a ese precio, eso es lo que uno asume. Cuando ves la clínica y tienes como referencia que construir un Cesfam para 30.000 inscritos cuesta entre 7.500 a 8.500 millones de pesos, más lo que te cueste el terreno, y además sabes que la construcción podría demorar entre tres y cinco años, asumes el valor. Desde el punto de vista técnico uno asume, porque la habilitación que había que hacer en Sierra Bella era mucho menor.

El 9 de diciembre se terminaron las conversaciones con Las Malvas y el 26 del mismo mes se mandó carta oferta a San Valentino. ¿Por qué todo fue tan rápido con ellos?

Hay un estudio de título donde uno va viendo que se cumplan los requisitos que permiten hacerlo. Yo estuve ahí viendo la autorización sanitaria. Y frente a la eficiencia de oportunidad, te reitero, Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido.

¿Vieron como razonable entonces pagar casi seis mil millones más?

Sí.

¿Quién les dio la explicación que justificaba el alza del valor del precio en que se adquirió ese inmueble, al que puso luego el dueño para venderles a ustedes?

Esto fue posterior a todo el proceso. El dueño lo explicó en una entrevista.

¿Ustedes no pidieron explicaciones en medio del análisis?

No, porque como a nosotros nos piden como requisito para compra que el precio sea justo, eso lo determinamos en las tasaciones. Para mí, sabiendo que me va a costar entre $ 7.500 y $ 8.500 millones sólo construir una infraestructura, es justo el valor que arrojaron las tasaciones.

La Asociación de Tasadores dijo que las valoraciones que encargaron no cumplen con la normativa. ¿Qué unidad hizo la revisión de esos documentos?

La idoneidad de los tasadores tiene que ver con dos áreas, que es Secplan, que es la que lleva los proyectos, y con jurídica. Además, se pasó por el consejo la decisión de a quiénes se iba a contratar. Nos demoramos harto, porque no es algo que se encuentre en el mercado. Se buscan especialmente profesionales con experiencia, porque en eso se basa la compra.

La asociación dice que se tasó el inmueble como un todo, pero que luego le añadieron valores que no corresponderían.

Esa información no la tenía, pero si fuera así hubiese habido una respuesta inmediata desde el sector jurídico.

Concejales piden una nueva tasación. ¿Cree que sería bueno en función de los cuestionamientos?

Los concejales para aprobar la compra tuvieron todos los documentos a la vista, y cinco días para revisarlos antes de la votación. Incluso, desde jurídica y de finanzas estuvieron disponibles para las consultas que pudieran hacer. Ahora, todas estas preguntas que aparecen -que son legítimas- tienen que seguir su curso, la Contraloría se debe pronunciar.

Querellantes aseguran que a los tasadores se les pidió llegar a un monto fijado. ¿Descarta esa tesis?

Absolutamente. Me parece que eso es imposible.

¿Influyó en la búsqueda de inmuebles que el edificio que ofrecía Las Malvas estuviera antes en manos de la familia Alessandri?

Siempre supimos que ellos habían sido dueños, pero en el momento que hicimos los contactos ya no lo eran. Cuando está de por medio la salud de las personas y está la obligación de entregar atención en una infraestructura adecuada, el asunto va más allá de quién fue el dueño. Las personas que hoy están haciendo las consultas a Contraloría o al Ministerio Público están retrasando un proceso que permite la entrega de salud.

Pero sería en función de la probidad. ¿O ve otro objetivo?

Puedo dar dos respuestas: una es que están cumpliendo con su misión pública de resguardar los procesos. Eso sería políticamente correcto. Pero no puedo dejar de darle vueltas a que los concejales que votaron teniendo todos los documentos, ahora planteen dudas. Y, por otro lado, que las personas que fueron al Ministerio Público pertenezcan a un partido determinado. Ojalá todo el mundo viera que se actuó de acuerdo al derecho de eficiencia, oportunidad y que el proceso fue acorde a toda la normativa legal que se requiere.

El concejal Juan Mena asegura que el trato hecho con San Valentino supone un compromiso, y que si no se concreta la compra, tendrán que pagar una multa. ¿Eso es así?

No, porque nos amparamos en lo que dice Contraloría. Si llegara a haber en un futuro una demanda, la defensa será que teníamos una orden de una institución tan importante como la Contraloría.

También reclama que se incumplieron obligaciones fijadas por Hacienda, pues se les debía consultar para ejecutar una compra como esa. ¿Pidieron autorización?

No, porque dentro del proceso eso no se considera.

¿Qué sensación les deja todo esto? Lo que empezó como una compra para tener la primera clínica municipal los tiene hoy enfrentando a la justicia.

Estábamos muy contentos, teníamos muchas ilusiones, pero ahora se ha vuelto abrumador. Eso nos genera la desazón de lo injusto que es que no todas las personas entiendan que es una necesidad primordial contar con más infraestructura para salud. Jugar con la esperanza de los funcionarios y de la comunidad no es lo que queremos. Cansa, sin embargo, uno no pierde la esperanza. No pensamos echar atrás el proyecto.

¿Considera que podrían haber hecho las cosas mejor? ¿Cuál es la autocrítica que se hace?

Si es que hubo algún error, espero que Contraloría lo indique y, bueno, es aprendizaje. Siempre podemos hacer las cosas mejor, pero hasta el momento nosotros hemos respondido. Siempre pensamos que los procesos tienen que ser transparentes, y creemos que no hay nada que nos haga pensar que lo hicimos mal.

¿Ha sido contactada por la fiscalía?

Aún no hay ninguna citación ni a mí ni a alguien del equipo.