Hasta el 30 de septiembre de este año, la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Macrozona Sur, estaba suscrita solo al Covid-19. Su rol en la zona estaba enfocado en desplazamientos en zonas urbanas y a lo más colaboraba en despejar rutas cortadas para facilitar los traslados de la gente que viajaba entre comunas para atender la emergencia.
Por lo mismo, entre los funcionarios policiales, siempre el mensaje era: “No llegan nunca cuando se les necesita para entrar a lugares más difíciles”. Y, claro: según advierten fuentes militares, evitaban desplazamientos a zonas rojas para no traspasar sus atribuciones legales.
El 13 de octubre, tras un decreto del Presidente Sebastián Piñera, las FF.AA. se instalaron en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco por 15 días para hacer cumplir el estado de excepción. Y esta semana, el Ejecutivo prorrogó por otros 15 días más la medida, tras realizar un buen balance de la estadía militar en la zona.
Los datos que maneja el Ministerio del Interior hablan de una disminución de los delitos asociados a la violencia rural. Entre el 13 y el 27 de octubre hubo 15 atentados incendiarios en las zonas de acción de las FF.AA, lo que representa un 40% menos que los registrados entre el 1 y el 12 de este mes (25).
“No queremos pecar de exitistas porque ese no es el sentido de la misión encomendada por el Presidente. Entendemos el temor de las víctimas y de la gente de la zona, pero con estos servicios pasamos de tener una media de 7,7 hechos de violencia diaria, a 2,9 en la actualidad”, explica el delegado presidencial en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.
Foco en detenciones
En el Ejecutivo advierten que entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2020, los hechos de violencia rural aumentaron un 46%. La situación era crítica para las expectativas políticas que tenía el gobierno en el control y orden público en La Araucanía, dado que fue una de las promesas de campaña de Piñera antes de llegar a La Moneda en marzo del 2018.
Con estas cifras, admiten, era necesario dar un vuelco. Por eso, este año se fijaron trabajar con las policías en mejorar las investigaciones y tratar de llegar más rápido a los lugares de los atentados, para lograr detenciones en flagrancia.
Eso, dicen, se había logrado de buena manera hasta antes del estado de excepción. Los últimos cuatro años las policías detuvieron a 911 personas por hechos de violencia rural: un 54% de estos arrestos ocurrió en 2021.
Pero la deuda estaba en la disminución de los casos y en parte para eso, el gobierno buscó enviar a las FF.AA. a la zona.
Primero se intentó vía Contraloría, pero no contaban con que su mandamás Jorge Bermúdez desecharía la idea en menos de 24 horas.
Luego se pensó en pedir la inconstitucionalidad del pronunciamiento de la Contraloría, pero entre las autoridades de gobierno no quisieron arriesgar otra derrota. Buscaron asegurar el éxito de una de sus últimas jugadas antes de dejar La Moneda y así el 13 de octubre se decretó el estado de excepción.
A las pocas horas llegaron a Malleco y Arauco cerca de 2.000 funcionarios de las FF.AA. a la zona, con tres helicópteros y cinco 4x4 Humvee (camionetas de origen estadounidense, blindadas y equipadas para operar en terrenos complejos) para colaborar en la acción de las policías.
Las detenciones, por ahora, superan las 30 en 15 días, cifra que en el gobierno consideran positiva. Así, se mantiene el alza en los arrestos, pero ahora se combina con una baja en los atentados.
Sobre qué rol jugaron los militares en esta baja, Urquízar precisa que “cuando el Estado actúa, el delincuente común se inhibe, y lo mismo ocurre cuando el Estado actúa ante organizaciones terroristas; se sienten reducidos”.
Los caminos para alargar la estadía militar
El decreto del estado de excepción resiste una renovación por parte del Ejecutivo, la cual ya está en curso y vence el 11 de noviembre. Sin embargo, cumplido ese plazo se puede utilizar otra vía para aplazarlo: el Senado.
En el gobierno, al parecer, ya se estudia esta vía. “Es una posibilidad, pero se están analizando distintas opciones. Antes de decretar el estado de excepción se ingresó un decreto a Contraloría para combatir el crimen organizado en la Macrozona Sur, el que tenía duración de un año. Podría hacerse algo en ese sentido, pero es algo que decidirá el Presidente en su momento”, señala Urquízar.
Pero una cosa son las pretensiones de La Moneda y otra las que tiene el Senado. En medio de un proceso eleccionario, para algunos parlamentarios esta renovación del estado de excepción no sería tan simple.
Según el presidente de la comisión de Seguridad y Orden Público de la Cámara Alta, José Miguel Insulza (PS), “desde ya no hay ánimo en el Senado para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur. No creemos que sea necesario, aunque, sí, han bajado los delitos, pero lo más probable es que quienes cometen estos delitos hayan guardado las armas por unos días”.
Insulza advierte que “esto no soluciona la discusión de fondo. Debe haber una política de diálogo y aislamiento a las personas que ejercen la violencia”.
Por su parte, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, es de la idea de iniciar una consulta ciudadana para votar por extender o no el estado de excepción. “Debe ser la ciudadanía la que se pronuncie. Estoy seguro de que somos muchos más los que queremos vivir en paz, porque esta es una causa común de la región”, dice.
