El 27 de septiembre de este año se cumplirán 20 años desde que fuera promulgada la actual Ley de Inteligencia, norma que ha querido ser modificada bajo las últimas dos administraciones: en el gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, y en el de Sebastián Piñera, en 2019. Y ahora, el Presidente Gabriel Boric va por un tercer intento.
Durante la gestión del expresidente Piñera las intenciones de tener un nuevo marco regulador para el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) se tradujeron en la presentación de un proyecto de ley, en 2018. Sin embargo, a seis años de ingresada esta iniciativa sigue pendiente la modificación.
El gobierno del Presidente Boric tomó la posta de esa eterna pretensión y en enero del 2023 ingresó indicaciones al proyecto de Piñera, donde apuntó a una nueva institucionalidad y nuevas atribuciones para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Ahora el gobierno busca sumar nuevos insumos, entre ellos la creación de una Escuela de Formación de Inteligencia (EFI) y fortalecer el funcionamiento del Comité de Inteligencia del Estado.
Hoy, en el gobierno y en el Congreso -como también en las policías y Fuerzas Armadas (FF.AA.)-, reconocen que el tiempo apremia, más cuando el debate de las dos últimas semanas se ha concentrado en el secuestro del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda.
En La Moneda saben que para que la nueva ley prospere se requieren acuerdos. Por lo mismo, desde noviembre del 2023 que trabajan en una reservada mesa técnica para llegar a puntos de consenso respecto a cómo debe funcionar el Sistema de Inteligencia del Estado.
“Este proyecto es una prioridad para el gobierno. Estaba en la agenda priorizada en 2023 (...) Ingresamos una indicación y se mantuvieron las diferencias con la oposición. Finalmente, durante el verano logramos instalar una mesa técnica con asesores de la oposición, más los técnicos del misterio, y en ese proceso se ha construido un acuerdo muy sustantivo para sacar adelante este proyecto”, explica a La Tercera la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Tohá agrega que resta una fase de consultas a los parlamentarios, como también a los directores de Inteligencia de la ANI, las policías y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). “Estamos trabajando para ingresar una indicación bastante acordada para que en abril volvamos a votar y despachemos lo antes posible este proyecto de ley”, dice.
La mesa y los cambios
La resevada instancia tiene distintos actores. Quien lidera la mesa es la ministra Tohá, más asesores de corte político, legislativo y también operativo. Hasta ahora han tenido siete sesiones.
Por parte del gobierno, además de Tohá, la mesa de negociación la integran los asesores de Interior Alejandro Urquiza y Rafael Collado; el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; el coordinador de Seguridad y Defensa de la bancada de los senadores de RN, Ronald von der Weth; el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Francisco Undurraga (Evópoli), y también los expertos en inteligencia David Hardy y Jorge Gatica.
Hardy y Gatica tienen un rol más operativo. El primero, contralmirante en retiro, fue subdirector de la ANI y también director de Inteligencia de Defensa en el Estado Mayor Conjunto.
Uno de los principales diagnósticos de la mesa es sobre la ausencia de una mirada a largo plazo respecto a cómo debe operar el Sistema de Inteligencia.
Por lo mismo, se acordó crear una Política Nacional de Inteligencia (PNI), lo que permitirá la construcción de una visión de mediano-largo plazo respecto a las necesidades de “Inteligencia que tiene el Estado a su más alto nivel”.
En una de las últimas sesiones se acordó que “como la política incluye lineamientos de alto nivel político, la misma será definida por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior, el que deberá ser firmado por el comité interministerial de Inteligencia (Interior, Defensa, RR.EE., Seguridad y Hacienda). Para la creación o actualización de la PNI el Presidente recibirá la asesoría técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)”.
Pero uno de los elementos que más destacan al interior de la mesa es el acuerdo para crear una Escuela de Formación de Inteligencia (EFI).
El objetivo de esta instancia será entregar formación a los agentes de Inteligencia con una orientación de Estado, sin perjuicio de la formación que cada una de las instituciones como Carabineros, la PDI y las FF.AA. desarrollan. Además, como principal escuela de carácter civil, tendrá a cargo la formación del personal de la ANI, de manera íntegra.
Los planes de estudio para la formación, capacitación, estudio y entrenamiento común deberán ser aprobados por el Comité de Inteligencia de Estado (CIE).
Además, podrá promover la celebración de convenios con instituciones nacionales e internacionales para la realización de los programas de formación, capacitación, estudio y entrenamiento y podrá impartir, en conjunto con las instituciones de enseñanza de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, cursos de inducción, capacitación, estudio y formación.
En tanto, el responsable de la escuela deberá contar con capacidades técnicas probadas y requisitos legales por definir.
Los cambios en la ANI
El acuerdo que impulsa el Ejecutivo con los denominados “arquitectos” del nuevo Sistema de Inteligencia busca una reestructuración total de la ANI.
En el gobierno y la oposición son conscientes de que el funcionamiento actual de la Agencia no cumple con las exigencias de la nueva realidad delictual, como tampoco con el avance de las nuevas tecnologías.
“Cuando no hay una institucionalidad robusta en Inteligencia se reflejan dos cosas: debilidades técnicas y desconfianza en construir un sistema fuerte. Hasta ahora, lo que ha dificultado tener un sistema poderoso son desconfianzas cruzadas en el sistema político, y eso es lo que ha hecho tan difícil avanzar con este proyecto”, advierte la ministra Tohá.
En esa misma línea, agrega que “cuando uno tiene una Inteligencia poderosa la puede usar mal, pero la solución a eso no puede ser no tener Inteligencia. Ese no es el camino”.
En la reformulación de la ANI, según se acordó en la mesa de Interior con la oposición, se contempla “reorientar el objetivo permanente” de la Agencia para que tenga su foco principal en la generación de Inteligencia de Estado. Sus funciones deberán, además, considerar especialmente aquellas materias que la Inteligencia policial y la Inteligencia de la Defensa no pueden abordar para proporcionar anticipación estratégica.
Su nombre también podría cambiar y pasar a llamarse Agencia Nacional de Inteligencia Civil, para realzar su carácter civil frente a los otros integrantes del sistema.
Desde lo operativo se le entregarán nuevos roles. Por ejemplo, se acordó que pueda producir Inteligencia con medios propios, en el área de sus competencias, para generar anticipación estratégica y evaluación de la ampliación de su planta, y su relación de dependencia será directamente con Interior, por lo que dejará de relacionarse con otras autoridades del Estado.
Además, de aprobarse esta ley, se autorizará a la Agencia ejecutar procedimientos sin necesidad de recurrir a medios de las agencias policiales. Y ampliará la posibilidad de usar “agentes encubiertos sin autorización judicial a la Agencia, siempre que sea en el marco de su competencia”.
Tras las sesiones también se llegó a un consenso para “el acceso y tratamiento de datos personales en el listado de procedimientos. Esta habilitación no está actualmente en la ley y es importante agregarla para recurrir directa y legalmente a las fuentes de información que tiene el Estado respecto de los ciudadanos”.
El tener un nuevo marco regulatorio en Inteligencia para el gobierno es clave y así comenzar a sacar adelante una batería de proyectos en materia de seguridad. El lunes, por ejemplo, ingresarán las indicaciones para las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF); se espera seguir avanzando en la discusión de infraestructura crítica, además de consolidar la creación del Ministerio de Seguridad.
