“Yo tengo una vida y me rehúso a seguir hablando de las mentiras, de las calumnias, del daño que ha generado una persona y la política”.
De esta manera, el 31 de agosto pasado la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (Ind-UDI) se refirió públicamente a la molestia que le genera que le pregunten en televisión por las dos querellas en su contra que presentó el actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (RD), imputándole el delito de fraude al Fisco.
Sin embargo, la tensión en torno al tema que le genera a la exbailarina del programa Mekano está lejos de apaciguarse, pues el Ministerio Público alista la presentación de la solicitud para formalizarla por una de las tres causas en las que es investigada en calidad de imputada.
Se trata de la investigación a cargo del fiscal Occidente, José Solís, a partir de una querella interpuesta por la Municipalidad de Maipú. Esta dice relación con un eventual fraude al Fisco de Barriga y otros cinco exfuncionarios públicos, a través del pago por servicios no prestados a una periodista contratada a honorario.
En esta indagatoria, la Fiscalía indaga un supuesto fraude de más de $ 95 millones, mediante la renovación sucesiva de contratos y el pago de boletas de honorarios a la también querellada Andrea Monsalve Saavedra por servicios que no habría prestado. Otro antecedente en la mira del ente persecutor es que a la profesional se le seguía pagando un sueldo, a pesar de estar con licencia por enfermedad común por un plazo superior a los tres meses.
La sospecha del Ministerio Público está radicada en por qué Barriga habría mantenido el pago de estos dineros, tomando en cuenta que la periodista no asistía a la municipalidad. Lo que se sospecha es que se trataría de una “contratación fantasma” que permitió la defraudación de recursos públicos.
Por este caso, el fiscal Solís ya tomó declaración a Barriga en calidad de imputada, donde se le consultaron las razones para no cesar del cargo a la profesional.
La exalcaldesa concurrió a declarar hace cerca de tres semanas, donde descartó haberse beneficiado de mantener el contrato. Quienes conocieron sus descargos explican que la posición de Barriga es que no despidió a Monsalve no por ser amigas o cercanas, sino porque tenía ciertas aprensiones en cómo ella podría reaccionar a esa decisión.
Además, explicó a los fiscales que su decisión también se alojó en la resolución de la Corte Suprema de 2019, en que se estableció que los funcionarios contratados a honorarios se encuentran regidos por el Código del Trabajo y no por Estatuto Administrativo, por lo tanto, no pueden ser despedidos.
Sin embargo, su declaración no despejó las sospechas del ente persecutor, quien alista un requerimiento al tribunal para formalizarla a la brevedad.
Los otros dos casos
Este caso de eventual fraude al Fisco es una de las tres investigaciones penales que enfrenta Barriga y podrían complicarla en el mediano plazo.
Otra causa que se encuentra en su etapa final de recolección de antecedentes tiene que ver con la auditoría de Contraloría a la gestión de la exalcaldesa.
En ese informe se despacharon a la Fiscalía hallazgos que apuntaban a irregularidades en la entrega del beneficio denominado, “Bono Años Dorados”. Este “incentivo” tenía que ver con el pago de una compensación económica a quienes dejaban de trabajar en la municipalidad, algo que no está normado en el estatuto administrativo, por lo que su aplicación podría implicar otro fraude al Fisco.
El Ministerio Público, en esta arista, indaga la entrega de $ 81 millones en bonos a -al menos- 14 funcionarios identificados por Contraloría. Pero fuentes del caso aseguran que la lista podría superar los 90 beneficiados.
Quienes han podido conocer la defensa de Barriga argumentan que la exalcaldesa quería retribuir por su trabajo, principalmente, a empleados públicos de la tercera edad.
En este caso, la Contraloría concluyó -en octubre del 2022- que el problema está en que “no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios”.
La Fiscalía también logró recabar más antecedentes, donde las interrogantes apuntan a por qué se escogió a estos funcionarios para beneficiarlos con un bono que no procedía. Esto lo comparan con que hay declaraciones de otros trabajadores de la municipalidad que habrían sido “hostigados” por la jefatura de entonces para “obligarlos” a renunciar en caso de no cumplir instrucciones dentro de la norma legal.
El cerco, en esta causa, también se estrecha sobre Barriga, dado que la Fiscalía la citó a declarar, de nuevo en calidad de imputada. Su comparencia se llevará a cabo durante las próximas semanas.
Con estas dos causas, la tercera investigación en su contra también podría traerle complicaciones judiciales. Se trata de la querella que interpuso, también el alcalde Vodanovic, por la supuesta defraudación de más de $ 20 mil millones.
En este proceso se le indaga por haber aumentado el presupuesto comunal sin justificación, sin la firma de certificados que avalaran inversiones por grandes sumas. En esa causa, sin embargo, aún no ha sido citada, pero sí se han practicado diligencias por parte de la PDI para determinar cómo se utilizaban los fondos de Maipú, qué mecanismo se aplicaba para pasar los controles de fiscalización y cómo se ejecutaban.
La mira del Ministerio Público ya está calibrada sobre Barriga, algo que también está haciendo el Consejo de Defensa del Estado (CDE), dado que todos los antecedentes ya entraron en etapa de “vigilancia”, instancia previa para tomar una decisión de interponer o no una querella en contra de la exalcaldesa de Maipú.
