Apenas ingresó el senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, a la sala de reuniones de la sede del Partido Socialista (PS), hubo silencio. Si bien mientras venía en camino se había conectado de forma telemática a la cita oficialista, el resto de los presidentes de partidos de gobierno prefirieron esperar que llegara hasta París 873 para hacer las preguntas de rigor.

El primero en requerirlo fue el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien le pidió si podía entregar mayor detalle del caso de platas políticas que involucra a la seremi de Vivienda de Antofagasta, a la fundación Democracia Viva -ligada a militantes RD- y a la diputada Catalina Pérez (RD) y que ha impactado duramente al gobierno durante la última semana.

Aunque la historia ya es conocida, en resumen, Carmona pidió más información acerca de los $ 426 millones visados por la autoridad local de Vivienda -hasta ese entonces, Carlos Contreras (RD)- para transferencia directa a Democracia Viva, cuyo representante legal es el también militante de ese partido Daniel Andrade (RD), expareja de la diputada Pérez.

De semblante serio, Latorre profundizó en el escándalo ante la mirada atenta de sus pares oficialistas, en el primer cara a cara entre los dirigentes con la crisis en su momento más álgido.

Primero, ahondó en los detalles ya conocidos por la opinión pública -como la solicitud de expulsión al Tribunal Supremo de Contreras y Andrade- y aportó detalles nuevos, que posteriormente confirmó en un punto de prensa: una nueva solicitud al TS -respondiendo a una petición de las alcaldías de RD- de suspender la militancia de la diputada Pérez por el período en que se extienda la investigación interna, y una querella desde la colectividad contra quienes resulten responsables.

Eso sí, el senador intentó calmar las aguas. Señaló -confirman presentes- que las distintas informaciones relativas al caso se han publicado “por goteo” y eso ha derivado en un clima “mediático” no favorable. Pero aseguró que la situación de platas políticas que hoy enreda al oficialismo es menos compleja de lo que aparenta.

Luego de sus palabras, hubo coincidencia en que más allá del intento del parlamentario por dar una señal de calma a sus pares oficialistas, la preocupación por la afectación al Ejecutivo no es menor, pese a que las responsabilidades que asuman los involucrados son individuales.

Así las cosas, se planteó que el foco de los dirigentes del sector debe estar puesto en formar una agenda que promueva la probidad en las colectividades y en todo ámbito político. La jefa del PS, Paulina Vodanovic, finalizaba la redacción durante esta tarde de una declaración -firmada por las 10 colectividades de gobierno- sobre el caso que hoy tiene a RD en el ojo del huracán.

A la salida, el senador por Valparaíso subió el tono respecto de sus anteriores declaraciones sobre el asunto. De llamarlo un “error político”, pasó al “caiga quien caiga” y anunció la medida interna contra Pérez, marcando un giro en el discurso que había sostenido hasta el jueves.

“Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”, señaló.

Según presentes, a Vodanovic se le vio un poco más molesta que a sus pares. Y es que Latorre afirmó el pasado jueves que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), estaba al tanto de la situación con Democracia Viva, pues la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), lo había informado, lo que contradijo la versión del secretario de Estado.

“A nosotros nos llegó una información diciendo que en esa región, en el Serviu, se estaban contratando demasiadas personas de RD (...). Frente a esto yo le hice ver a la subsecretaria que tenía que investigar”, precisó Montes tras tomar contacto con Latorre.

Si el intento del senador de blindar a la autoridad de su partido cayó mal en La Moneda, en el PS fue un misil a una de sus autoridades, y algunos doblaron la ofensiva y comenzaron a exigir la salida de Rojas. En horas de la tarde de esa jornada, Vodanovic tomó contacto con su par en el Senado y manifestó su molestia.

En medio de la crisis, en el partido fundado por Giorgio Jackson ya se alista un grupo “interventor” para contener el escándalo. Entre los nombres que conoció La Tercera está la concejala por Lo Espejo y exdirigenta estudiantil Javiera López; Nicolás Valenzuela, quien forma parte del directorio de Metro; las directivas regionales de Atacama y Los Lagos, entre otros dirigentes del consejo político nacional por confirmar. Dentro de esa comisión también deberían figurar alcaldes y otros militantes destacados.

Ayer en la tarde, además, se conoció una misiva enviada por la diputada Pérez a la mesa directiva.

“Les manifiesto a los alcaldes que han solicitado que congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, expresó.

Al cierre de esta edición, se confirmó el allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en el departamento de Ñuñoa en el que Democracia Viva registra domicilio legal, que figura a nombre de la militante RD Cecilia Millán. Los funcionarios policiales también llegaron a la sede que la fundación estableció en Antofagasta tras adjudicarse los dineros, y la misma diligencia se registró en las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de dicha región.