El cruce de acusaciones constitucionales que amenaza a La Moneda

Quiso pasar desapercibida ayer en La Moneda, pero su semblante cabizbajo fue comentario obligado entre quienes la vieron.

La ministra Marcela Ríos vive sus peores días a la cabeza del Ministerio de Justicia. Con una inminente salida de la cartera, la que en La Moneda califican como inevitable y que se daría en cosa de días, la militante de Convergencia Social es uno de los blancos que Chile Vamos ha priorizado en una semana en que -por primera vez- el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ve amenazado por un cruce de acusaciones constitucionales.

RN y la UDI han pedido la renuncia de Ríos en estos días y -a menos que salga del cargo de aquí al lunes- la decisión es presentar un libelo en su contra, tanto por el traslado de reos mapuches en Angol, como por el error en la nómina de indultados -y que en Palacio le atribuyeron a sus equipos- y la falta de fundamento que acusan en la concesión de ese beneficio al exfrentista Jorge Mateluna. Respecto de ese caso, Boric enredó más las cosas al señalar que hubo “irregularidades” en el juicio, lo que terminó con un enfrentamiento entre el Poder Judicial y La Moneda.

Esas declaraciones, de hecho, hicieron que en la derecha se evaluara -en serio- una eventual acusación constitucional en contra del propio Mandatario, algo que hasta ahora no había en la agenda. En esas conversaciones, se recordó cómo esta administración -siendo oposición- le cursó nueve libelos al gobierno de Sebastián Piñera, dos de ellos contra el propio exjefe de Estado.

Y, si bien -hasta ahora- la derecha no se inclina por ir contra Boric y espera concentrar sus dardos en Ríos, en Palacio reconocen que el anuncio de los indultos y el giro drástico que dio el Mandatario al elegir a Ángel Valencia como próximo fiscal nacional, desataron un clima enrarecido que preocupa y cuyos efectos aún no se calibran.

En ese ambiente se dará este lunes la votación en el Senado para ratificar al abogado, nominación que también enredó a Ríos y al resto de las ministras del comité político que tenían reparos con su nombramiento como Antonia Orellana (Mujer), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Carolina Tohá.

En la derecha el libelo contra Ríos va tomando forma de la mano de los abogados Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera, quienes redactan a toda máquina la acusación para cumplir con el plazo autoimpuesto. Incluso, hay voces como las de Diego Schalper (RN) que están por ingresarlo, renuncie o no la titular de Justicia.

Esa idea preocupa al gobierno, desde donde ven con inquietud que la derecha suba aún más el tono y opte por convertir en un arma permanente las acusaciones constitucionales en contra de integrantes del gabinete. Eso, considerando que ya se encuentra en trámite un libelo en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, impulsado por el Partido Republicano.

Cuánto afecte a este las tensiones desatadas por las determinaciones del Presidente, que también dinamitaron el compromiso por seguridad en el que trabajaba Tohá hace semanas, está por verse y no es un dato menor.

Si llega a pasar al Senado, en el gobierno saben que no será fácil salvar a uno de los hombres de confianza del Presidente, quien cultivó en senadores oficialistas sus peores enemigos en su paso por la Segpres.

Las cuentas de Jackson

La presentación del libelo en contra de Jackson tensionó a Chile Vamos, que cuestionó el timing de la determinación de republicanos y, asimismo, que no hubieran dado un aviso previo. Considerando ese antecedente, en La Moneda ven complejo que se logren los 78 votos que requiere para su aprobación en la Cámara Baja. De hecho, los equipos de la Segpres ya han iniciado conversaciones con legisladores del sector y aseguran que no daría para un revés al gobierno, repitiendo el escenario de la exministra Izkia Siches, la primera en haber enfrentado un proceso de esa naturaleza. Esa acción fue desechada por los diputados y no pasó a la Cámara Alta.

Quienes han conversado con Jackson aseguran que, para él, el libelo está mal planteado y no tiene sustento jurídico. Pese a eso, se ha concentrado en desmenuzar personalmente los cuatro capítulos del texto acusatorio y a definir el perfil del abogado o abogada que asumirá su defensa. Hasta el cierre de esta edición, los equipos de la Segpres ya habían contactado a algunos juristas. Con todo, el secretario de Estado tiene hasta el próximo 18 de enero para deducir su defensa ante la comisión ad hoc en la que tiene mayoría oficialista.

El libelo -entre otras cosas- acusa al ministro de “abuso de poder”; subejecución presupuestaria en materia de compra de tierras; de infringir el principio de probidad en torno a la bullada salida de la exseremi metropolitana Patricia Hidalgo; dejar sin ejecución la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la de Garantías y Protección Integral.

“Sabemos que la política es dinámica, que a veces no existe una voluntad de pelear, de estar en el choque cuando las circunstancias lo ameritan. Espero que esté la voluntad de la mayoría dentro de la Cámara de Diputados de denunciar un caso gravísimo, donde niños vulnerables se han visto entre los más perjudicados. Esperaría que haya una voluntad real del Congreso de no acomodarse ante una circunstancia como esa y de entender la necesidad de dar una señal al gobierno de que con los niños no se juega”, afirmó el integrante de la comisión e impulsor de la medida, Luis Sánchez (Republicanos).

Jackson, a su vez, afirmó que está dispuesto a entregar todos los antecedentes ante los parlamentarios, pero que “probablemente la acusación está motivada por marcar una diferencia política”.