El esquema de las fundaciones que está en la mira del Ministerio Público

Lo que partió como un caso circunscrito a transferencias de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva -ONG ligada a Revolución Democrática y a la diputada Catalina Pérez-, hoy ya tiene a la administración del Presidente Gabriel Boric realizando revisiones de convenios a nivel nacional, y al Ministerio Público, por otro lado, liderando investigaciones por presuntos delitos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule y Los Lagos.

Esto, porque no sólo se advirtió que la citada entidad privada liderada por el otrora RD Daniel Andrade -fundada en febrero de 2022 y sin experiencia en la materia- había recibido tres millonarios traspasos de dineros. También, porque dejó al descubierto que había irregularidades que se repetían en otras ciudades y que involucraban a otras organizaciones.

Por ejemplo, se advirtió que se favoreció a fundaciones ligadas a personeros que luego se desempeñaron en el gobierno, que había contrataciones de funcionarios públicos en ciertas entidades privadas y, entre otros elementos, que se adjudicaban proyectos a ONG que no se dedicaban al giro del mismo.

De esta forma, y aunque la ley permite traspasos a esas instituciones, se instaló un manto de dudas sobre gran parte de ellas.

La normativa -de acuerdo a las leyes que regulan las transferencias de recursos de cada repartición o ministerio- establece que dichas organizaciones pueden recibir dineros de organismos estatales vía participación en concursos públicos, pero también, en casos más excepcionales, por tratos directos o por fijación de convenios.

Y es precisamente bajo esa última modalidad en que se habría incurrido en las falencias que están en la mira de autoridades y fiscalizadores. Como revelan los abogados que se han querellado los últimos días, fue ahí donde distintos personeros políticos habrían encontrado un espacio para supuestamente obtener recursos desde las arcas fiscales. Por lo mismo, es donde ha puesto foco la fiscalía.

Llama la atención de los investigadores, en ese sentido, que fundaciones que celebraron convenios por altas sumas de dineros tengan poca trayectoria, que registren cambios de giro o en sus estatutos en fechas cercanas a la suscripción de los mismos y que en sus filas tengan integrantes muy cercanos a la actual administración.

“Aquí se instaló un modus operandi para sacar dinero al Fisco”, comenta tajante Sergio Rodríguez, abogado querellante que representa a los diputados republicanos en la causa en que el Ministerio Público de Antofagasta indaga malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude al Fisco.

El profesional asegura que son de la idea de que se crearon fundaciones únicamente con fines políticos -como Democracia Viva- y que luego se buscó favorecerlas con la celebración de convenios con distintas entidades públicas.

En el mismo sentido, Marcelo Brunet, abogado que representa a los parlamentarios RN que también se querellaron en el caso de Democracia Viva, atribuye el modelo a militantes de Revolución Democrática, aunque insiste en que no sólo personeros de la tienda podrían estar involucrados.

“Aparece un denominador común: pareciera ser que todos los involucrados tendrían una misma militancia. Eso no significa, en todo caso, que no existan otros que lo hayan hecho”, sostiene.

Aunque para ambos abogados hay casos donde derechamente se crearon fundaciones con fines distintos a los de ir en ayuda de población vulnerable, hay otros donde se advierten otro tipo de irregularidades.

Sería el caso, por ejemplo, de lo que habría ocurrido con la Fundación para la Superación de la Pobreza, que según dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, contrató personal que luego prestó servicios en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Lo anterior, en todo caso, no sería un hecho aislado, porque en medio del encuentro que el citado secretario de Estado mantuvo con una veintena de fundaciones, habrían sido varias las que le plantearon que actuaron así porque fue desde el órgano gubernamental que se les habría recomendado hacer ciertas contrataciones.

De hecho, eso fue lo que llevó a la Fundación Procultura a estampar una denuncia en Fiscalía por supuestos delitos reñidos con la probidad. Aseguran, de acuerdo con lo planteado por la abogada que los representa, Susana Borzutzky, que fueron engañados.

“La invitación que realizó el Minvu, así como la información y documentación proporcionadas por trabajadores de dicho organismo enviada a nuestra representada para participar en el proyecto, en parte habría sido falsa y disfrazada con tintes de legalidad”, expuso la fundación en la denuncia.

Dado lo anterior, Camila Ramírez, directora ejecutiva de Urbanismo Social, otra entidad cuestionada, aseveró a este medio que toda esta situación podría servir para fijar nuevos estándares.

“Es una buena posibilidad de tener algún tipo de registro de fundaciones (...) Eso podría aportar a mejorar este sistema de contrataciones o de estandarizar ciertas políticas de probidad o de transparencia”, comentó.

En la misma línea, la abogada Rosa Fernanda Gómez, profesora de derecho administrativo de la Universidad de los Andes, plantea que se podrían mejorar los niveles de transparencia respecto de los recursos que se adjudican para proyectos que irían en beneficio de las comunidades, para que así también puedan hacer mayores pesquisas y encender alertas. Con todo, advierte que la normativa actual permite atender este tipo de situaciones y, de ser necesario, hacerles frente.

Quien también indaga el traspaso de fondos desde las entidades públicas a las fundaciones es la Contraloría. La institución liderada por Jorge Bermúdez paralizó 91 tomas de razón para revisar si existen o no componentes irregulares en la tramitación de estos traspasos de fondos (ver secundaria).

Según explican en la Contraloría, de los contratos entre el Estado y las fundaciones, el organismo sólo revisa los que superen las 5 mil UTM, dando pie a un vacío legal que está en la mira de los fiscalizadores del ente contralor y también del Ministerio Público: la parcelación de los contratos y así evitar el radar de la autoridad.

Considerando la serie de interrogantes abiertas, serán claves las diligencias que el Ministerio Público instruya. Y entre ellas, por cierto, las declaraciones que se puedan tomar al exseremi de Vivienda Carlos Contreras, además de Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva, y a la diputada Pérez. Se espera, asimismo, los testimonios de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y de Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi del Minvu en Antofagasta y quien fue la primera en denunciar irregularidades públicamente.