El lamento del lago Lleu Lleu

Carolina Pizarro Matamala (31) fue la encargada de leer un comunicado firmado por 13 comunidades del lago Lleu Lleu, en la Región del Biobío, el 6 de abril pasado. El documento rápidamente fue difundido a través de redes sociales. En el mensaje, la integrante de la comunidad José Lincopán Lepumán y trabajadora de un vivero de propiedad de sus suegros en el sector de Ranquihue, apoyado financieramente por la Forestal Mininco (perteneciente a CMPC), cuestionó el actuar violento del que ha sido blanco la provincia de Arauco por parte de grupos radicalizados. Una de las víctimas, dijo, fue un dirigente, Claudio Pilquimán Aguayo, quien en 2019 fue atacado en su casa por un grupo de encapuchados y terminó con su madre muerta a tiros.

“Desde 1978, nuestras comunidades (...) comenzaron un proceso de recuperación de territorio. Después de años de lucha, en un cambio de estrategia, a fines de 2018 tomamos la decisión de iniciar los primeros acercamientos con CMPC”, aseguró. Con voz dura y firme, más adelante la mujer leyó: “Aquellos que atacan a nuestros dirigentes (...), dejarles en claro que una descalificación a ellos es una descalificación a todo un territorio (...). Ellos frecuentemente han utilizado el término ‘yanakona’ (traidor) para referirse a nosotros (...). Yanakona es aquel que ataca y asesina a sangre fría a sus hermanos mapuches”.

Tres días después de esa lectura, la madrugada del 9 de abril pasado, la casa que Carolina Pizarro y su marido, José Lincopán Menco (34), construyeron por meses para irse a vivir junto a sus dos pequeños hijos, en el sector de Las Huellas, en la comuna de Tirúa, quedó hecha cenizas. El inmueble se encontraba en etapa de construcción, con un 90% de avance y sin moradores, cuando desconocidos le prendieron fuego. Según antecedentes de la investigación, el hecho podría tener relación con una presunta venganza en contra de los propietarios, luego de que la mujer leyera el comunicado de las familias de Lleu Lleu. “Yo no soy dirigente, soy parte de la comunidad no más, como todas las personas que trabajamos en el sector”, explicó Pizarro a La Tercera.

Asimismo, lamentó lo ocurrido y dijo que por eso prefería ser escueta en sus comentarios: “Esta situación no se la deseo a nadie. Que de un día para otro te destruyan todo por haber estado ese día leyendo un documento, que creo que no decía nada que atentara contra alguien directamente... entonces llegar a este punto, son personas que hacen daño. Un robo no fue, porque no teníamos muchas cosas para que nos robaran, esto fue un atentado, fueron a quemar”.

Su situación no es aislada ni nueva en la Macrozona Sur. De acuerdo a los registros del Ministerio Público, en la Región del Biobío hay 39 medidas de protección vigentes por violencia rural. En La Araucanía, en tanto, se registran 391 medidas de protección vigentes, las que corresponden a causas ingresadas en distintos años. De ese total, 84 son medidas de intensidad alta, es decir, se trata de víctimas de delitos que cuentan con vigilancia de punto fijo por parte de Carabineros. Además, hay 139 medidas de protección de intensidad media y 168 de intensidad baja.

Sin embargo, el incendio que afectó la casa de la familia Lincopán Pizarro da cuenta de una situación distinta. No se trata de los ataques de grupos radicalizados a iglesias, cuarteles policiales, empresarios o propietarios de predios agrícolas. Acá, son familias pertenecientes a comunidades mapuches en que algunos de sus integrantes trabajan para forestales, atacadas por grupos armados ligados a luchas reivindicatorias territoriales.

Una vez digerido el impacto del incendio, las comunidades de Lleu Lleu volvieron a la carga. A través de un comunicado condenaron el incendio a la familia Lincopán y señalaron estar “convencidos que se trató de un ataque de terceros con acelerantes, pues la vivienda se encontraba aún sin conexión eléctrica y tampoco contaba con calefacción”.

Y el 13 de abril pasado, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que ha reivindicado la violencia, también emitió el suyo. En este, rechazó las negociaciones de Mininco en la zona con, según ellos, “operadores políticos de la forestal”. Además, dijeron que ellos legitimaban la violencia.

Arturo Millahual es uno de los dirigentes de la agrupación de las comunidades de Lleu Lleu. Aseguró que lo que está ocurriendo en el sector los tiene intranquilos, ya que “es una cosa de todos los días y todas las noches. Los disparos siguen, el amedrentamiento sigue. Uno no puede decir que es la CAM o estos otros, porque nadie sabe quiénes son, todos andan a rostro cubierto, no sé cuál es el objetivo de ellos”.

Para Millahual, lo que sufrió la familia Lincopán al igual que otras personas de sus comunidades son atentados graves, porque se trata de “personas pobres del mismo territorio que son hermanos mapuches y eso no está en el contexto de operación territorial. Las 13 comunidades también estamos en el contexto de recuperación territorial, eso quiero que quede claro, pero por otra vía, la de diálogo”.

Explicó que están optando por el desarrollo del pueblo mapuche para recuperar su economía. Además, dijo que ellos no han tomado las armas, pero “no tenemos nada en contra de otras organizaciones como la CAM, no somos contrarios a ellos, somos mapuches igual que ellos, pero pensamos distinto”.

En Lleu Lleu existen cerca de seis empresas pertenecientes a dirigentes de comunidades mapuches que se han ganado fondos de la Forestal Mininco para financiar parte de sus proyectos, entre ellos, viveros como el de la familia Lincopán. Consultada CMPC, señalaron que “hay al menos tres formas de vinculación con las comunidades de Lleu Lleu: a través de prestación de servicios de empresas de las comunidades, asesoría y capacitación a proyectos de las comunidades y trabajo conjunto para impulsar y desarrollar nuevos proyectos”. b