El lío de platas que remece a RD en cinco tiempos

Fue el 16 de junio que estalló el caso en Antofagasta y que hoy tiene al partido Revolución Democrática enredado en declaraciones cruzadas y antecedentes judiciales de sus militantes. Hasta el momento la investigación que ya cumplió más de tres meses, tiene cinco focos claves.

De la investigación que realiza el fiscal del caso, Cristián Aguilar, ya se puede desprender que la diputada Catalina Pérez está directamente en el radar del Ministerio Público. Así dan cuenta muchas de las diligencias que ha pedido a la PDI, a lo largo de los 11 tomos que tiene el expediente.

Fue el 18 de julio, a poco más de un mes de iniciadas las pesquisas, que se encendió la primera alerta. Ese día, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, elaboró un informe de 60 páginas en que se analizaban declaraciones que los funcionarios de la Seremi de Vivienda habían entregado a la policía. El resultado de esa pesquisa arrojó, por primera vez, una conclusión que vinculaba a la diputada Pérez en la investigación: “Existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, se lee en el documento.

Ya para el 1 de agosto, la Fiscalía pidió alzar el secreto bancario de la diputada, su expareja, y el exseremi de Vivienda, y un día después, la diligencia fue autorizada por el Juzgado de Antofagasta. “Estimándose suficientemente fundada la necesidad de la medida intrusiva pedida por cuanto existen sospechas fundadas de que estas personas tienen algún grado de participación en los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, amlversación de caudales públlicos y fraude al Fisco”, resolvió el tribunal, permitiendo a los bancos reportar los movimientos financieros de los imputados Andrade, Contreras y Pérez.

Edson Dettoni era el abogado de RD que iba a representar al partido en la querella que interpuso la colectividad en la causa. Sin embargo, tiempo después el patrocinio lo tomó la abogada Libertad Triviño, quien el 5 de julio envió un correo al fiscal Aguilar para señalarle que “para nosotros es fundamental que usted cuente con la declaración del senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre y miembros de su directiva tales como Edson Dettoni y Sofía Valenzuela. En ese sentido le ruego me habilite a la brevedad en la mencionada causa para poder ingresar solicitud de diligencias y ofrecerle las declaraciones”.

La idea terminó siendo un disparo en los pies para el partido. Dettoni declaró como testigo el 11 de agosto ante la Fiscalía. Ese día aseguró que la diputada Catalina Pérez sabía desde el 2022 del millonario convenio entre el Gobierno y la Fundación Democracia Viva, entonces presidida por su expareja Daniel Andrade.

Pero hubo otra situación que terminó por volver a poner a La Moneda en el centro de la polémica cuando el secretario ejecutivo de RD mencionó a la actual directora de presupuesto Javiera Martínez. Dettoni aseguró que esta última le había contado como rumor un dato que él debería confirmar y era que la diputada Pérez les había mentido, ya que ella sí sabía de que la ONG ligada a su expareja y RD se había adjudicado convenios por trato directo.

En su relato también involucró al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, pues señaló que Juan Ingnacio Latorre, entonces presidente de RD, “se encargaría de hablar con Durán, cosa que finalmente entiendo que no sucedió”.

Es una de las interrogantes que ronda el caso: ¿Cuánto sabía el gobierno? En la investigación, pro ahora, figuran correos que dan cuenta que en mayo, la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, había sido alertada del conflicto.

Sin embargo, pasó casi un mes hasta que en un e-mail del 16 de junio -mismo día en que se publica el escándalo en TimeLine-, a las 18.42 de la tarde, Rojas pidió a la abogada del Minvu, Alejandra Fuentes, realizar “las gestiones correspondientes a fin de investigar la existencia de responsabilidad administrativas, por la presuntas irregularidades en la transferencia de recursos a la Fundación Democracia Viva, según denuncia realizada por un ciudadano a través de Twitter”. Dos horas después estalló todo.

En RD, al estallar el caso, se dispuso una investigación interna que fue llevada hasta el tribunal supremo del partido. Allí, el secretario general de RD, Edson Dettoni, pidió la expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras. En el proceso, Dettoni ofició como demandante y expuso ante el tribunal que con la conducta de ambos: “Se ha hecho un daño inmenso a nuestro partido, a nuestra historia, a nuestra lucha por la probidad y contra la corrupción, llevamos 15 días de cuestionamientos a nuestra historia, a nuestro liderazgo en la lucha contra la corrupción”.

En esa misma línea, señaló que “por 11 años de historia hemos tenido el discurso de las manos limpias, de que no nos financian los poderosos, y esto se ha puesto en riesgo. Nuestra militancia está pasando por la animosidad más baja que he visto, sienten rabia y sienten pena, por el actuar de dos militantes, por un actuar antiético de dos personas, que hace un tiempo podríamos haber llamado compañeros, pero que hoy necesitamos expulsar de nuestro partido”.

Contreras hizo sus descargos a través de un escrito enviado al partido, exponiendo consideraciones técnicas con que defendió la firma de los convenios: “Es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos, por esto debemos cuidar a nuestros aliados dentro del ministerio que tienen cláusulas de confidencialidad, es por eso que en coordinación con la directiva regional deberemos solicitar los documentos por el portal de transparencia para poder justificar su salida a terceros”, señaló.

El tribunal supremo de RD resolvió la expulsión de Contreras y Andrade, pues dio “por probado que hubo un daño importante al partido en términos de reputación y su honra”.

La concejal RD, Paz Fuica, es una pieza clave en la investigación. Oficiaba como funcionaria de la Seremi de Vivienda y era el brazo derecho de Carlos Contreras, según la declaración de distintos testigos en la causa.

Por lo mismo, Fuica fue citada a declarar a la Fiscalía el 21 de agosto, sin embargo, su estrategia fue no hablar. “Entregué a la PDI un teléfono celular marca Samsung y un notebook marca Acer, voluntariamente, sin contraseñas, autorizando que fueran ambos revisados y se extrajera toda la información que se relacionara supuestamente con la investigación. Lo anterior, dado que se me indicó que existía una orden judicial cuya copia pido en este acto. Hago presente que deseo hacer uso de mi derecho a guardar silencio”, dijo.