El mapa de riesgos del nuevo equipo de ministros

A cuarenta y nueve días del cambio de gobierno, lograr la mayoría del Congreso sigue siendo una meta lejana para la nueva administración de Gabriel Boric.

A pesar de que el presidente electo amplió la base de fuerzas políticas al incorporar a ministros independientes y militantes de antiguos partidos de la Concertación, la suma hipotética de todos parlamentarios de partidos que serán parte del Ejecutivo (a través de algún representante ministerial) aún no alcanza ni siquiera para empatar los escaños que poseen Republicanos y la centroderecha en la Cámara y el Senado.

No es el único desafío que enfrentará La Moneda. La violencia en La Araucanía y la crisis de orden público en el centro de Santiago y mantener alineado al PC y controlado el flanco izquierdo de la coalición siguen siendo temas de alto riesgo que no se resuelven con una mera designación de ministros.

Según los resultados de las últimas elecciones, la coalición inicial con la que Boric llegó a La Moneda partía con una base de 37 diputados y cinco senadores. Eso equivalía a tener cerca de un 24% de la Cámara y un magro 10% del Senado.

El PS podría añadir 13 diputados y siete senadores. El PPD, siete diputados y seis senadores. El PR, cuatro diputados, al igual que el Partido Liberal. Al sumar todos esos escaños, en teoría, la nueva coalición gubernamental llegaría a 65 diputados y 19 senadores (eso si incorporan a Fabiola Campillai).

Esas cifras hipotéticas no alcanzan para llegar a la mayoría del Congreso, donde republicanos-centroderecha contará con 68 diputados y 25 senadores.

La responsabilidad de buscar apoyos para aprobar iniciativas del programa recaerá principalmente en el futuro ministro secretario general de la Presidencia y actual diputado, Giorgio Jackson (RD).

Si bien en su sector y en la derecha reconocen que es alguien que sabe cómo funciona el Congreso, su principal déficit puede estar en las relaciones distantes o resentidas que dejó como parlamentario.

Fuentes de la DC, el PPD, la UDI y RN señalan que el trato con el nuevo ministro será complejo.

El secretario general de RN, Diego Schalper, por ejemplo, comenta que Jackson tendrá que reivindicarse de algunas acciones como legislador.

El problema legislativo se acentúa porque nada garantiza que los parlamentarios de fuerzas afines, representadas en el gabinete, actúen disciplinadamente o con un compromiso frente al gobierno.

De hecho, en el PPD reaccionaron tibiamente al anuncio de que la exsubsecretaria de Salud y exmilitante del partido Jeanette Vega sería la nueva ministra de Desarrollo Social.

El diputado Raúl Soto, jefe de bancada PPD en la Cámara, afirmó que “en términos generales, nos parece un gabinete correcto” y añadió que “nuestro rol desde el Congreso no cambia, seremos efectivamente dialogantes y buscaremos la colaboración y los acuerdos con el futuro gobierno, pero manteniendo, por cierto, nuestra autonomía. En eso queremos ser muy claros”.

Incluso, en las fuerzas originales de Apruebo Dignidad la composición del gabinete generó decepción.

Una de las más severas fue la diputada y senadora electa del FREVS, Alejandra Sepúlveda, quien cuestionó el nombramiento de su compañero de partido Esteban Valenzuela como ministro de Agricultura. “Él es una bellísima persona, pero no reúne las condiciones técnicas”, dijo la parlamentaria, quien al igual que Valenzuela es oriunda de la Región de O’Higgins.

El caso del PC, que este sábado citó a un comité central para analizar el gabinete, es otra incógnita.

En un sector de la izquierda no fue celebrado el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, lo que podría traer tensiones en los partidos de Apruebo Dignidad.

El renunciado presidente del Banco Central y exfuncionario de gobiernos de la Concertación se opuso a los retiros de las AFP, lo que lo enfrentó a algunos parlamentarios del PC y el Frente Amplio.

“No lo conozco tampoco”, respondió el timonel comunista, Guillermo Teillier, al ser consultado por Marcel, antes de su designación. Y luego, tras la ceremonia, no quiso opinar del nuevo jefe económico.

En redes sociales, Ramón López, economista y exasesor del otrora candidato presidencial del PC Daniel Jadue, afirmó que era “inverosímil” la designación de Mario Marcel y agregó que tras este anuncio “todos los especuladores y dueños de Chile de fiesta”.

Por su parte, el perfil moderado y continuista de ciertas políticas macroeconómicas fue aplaudido por empresarios.

Fuera del Congreso, el principal desafío es el orden público en el centro de Santiago y la seguridad en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

De hecho, el conflicto en la Macrozona Sur ya se convirtió en el primer punto de tensión entre Boric y la futura oposición, que le cuestionó su deseo de poner fin a los estados de excepción constitucional, mecanismo que permite la colaboración de las FF.AA. en el orden público y la seguridad en esas regiones.

El papel de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, también genera dudas, ya que asumió en la cartera más conflictiva y desafiante del Ejecutivo.

El 3 de enero pasado, Siches había expresado que el nuevo gobierno tenía el interés de dialogar, incluso con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), palabras que le significaron algunas críticas, ya que la misma organización desechó cualquier tratativa con la futura administración.

Incluso, el mismo día que Boric la designó en la cartera, dos personas fueron asesinadas en la zona, por lo que volvió a ser emplazada por la derecha.

“Voy saliendo del funeral de Joel Ovalle y ya hay dos personas más asesinadas en #Carahue. Cuatro vidas perdidas esta semana por grupos terroristas. Pdte @gabrielboric revise su posición, necesitamos reforzar la seguridad, no desmantelarla”, publicó en Twitter el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas.

La designación de la socióloga y doctora en Ciencia Política Marcela Ríos (CS) como futura ministra de Justicia causó extrañeza en el ámbito judicial, porque históricamente ese cargo ha sido ocupado por abogados.

Justicia, además, es otra de las carteras conflictivas del gobierno, pues se relaciona con organizaciones funcionarias poderosas como Gendarmería, el Registro Civil y el Servicio Médico Legal, y tiene bajo su responsabilidad el sensible Servicio Nacional de Menores. Es decir, se ocupa de áreas que atañen a presos, fallecidos, agresiones sexuales o la misma infancia en situación vulnerable.

Desde fines de 2017, al ministerio se le sumó su competencia en DD.HH., ámbito que hoy también está bajo presión después del estallido social.

Adicionalmente, la ministra será la encargada de ser el nexo con el Poder Judicial y, en especial, con la Corte Suprema, institución que históricamente ha exigido a los gobiernos mantener ciertos códigos en el trato y el respeto institucional. En esa línea, algunos integrantes de la Suprema confesaron estar sorprendidos con el nombramiento de Ríos, porque proviene de un ámbito distinto a la abogacía.

La futura canciller y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, también enfrenta desafíos en su cartera. Además del litigio internacional pendiente con Bolivia en el caso de río Silala, asuntos territoriales en las relaciones con Argentina, que hasta el momento se han mantenido encapsulados, son focos de riesgo.

Tampoco se conoce su postura personal respecto del TPP-11, tratado de libre comercio que hasta el momento reúne a 11 países de la cuenca del Pacífico, pero que ha sido descartado por Boric y Jackson.

En su trayectoria como jurista vinculada a los DD.HH, Urrejola ha sido crítica de los regímenes de Venezuela y Nicaragua (al igual que de hechos ocurridos en Colombia). Si bien en ese tema coincide con el pensamiento del presidente electo, es una materia que incomoda a la izquierda de la coalición.