El modelo carcelario de Italia que enfrenta al fiscal Valencia con el gobierno

El fiscal nacional Ángel Valencia, en una entrevista para Cooperativa, estaba comentando el desarrollo de su cuenta pública, cuando mencionó una idea que provocó polémica con el Ministerio de Justicia. “Queremos que se haga una cárcel especial para los líderes del crimen organizado, tal como se hace en Italia”, fueron las palabras del jefe del Ministerio Público, luego de plantear que “en el ámbito penitenciario, tener a personas en las cárceles no impide que se siga delinquiendo desde adentro”.

Al hablar del sistema italiano, el fiscal planteaba la idea de crear una cárcel exclusiva para los cabecillas del crimen organizado en Chile. “Es posible hacer más, hacer cárceles estrictas, severas, a las que los condenados teman ir, (porque de lo contrario) van a seguir delinquiendo”, aseguró entonces, además de señalar que la experiencia en Italia respetaba “los estándares europeos en materia de derechos humanos”.

La idea de una cárcel exclusiva para los líderes del crimen organizado, sin embargo, no cayó bien en el Ministerio de Justicia. Unos días después de la declaración de Valencia, el ministro Luis Cordero aseguró que el caso chileno dista de parecerse al de la mafia italiana. Además, aseguró que Valencia no le habría comunicado la idea: “El fiscal nacional sólo ha planteado esto por la prensa, creo que además a mí me hubiera gustado que lo hubiera planteado directamente al Ministerio de Justicia”.

Más allá del rechazo a la idea de Valencia, Cordero aseguró que se está trabajando para la construcción de nuevas prisiones. “Lo que estamos haciendo es reactivar el plan de inversiones hacia adelante y tratando de habilitar la mayor cantidad de plazas posible en algunas de las cárceles que se estaban construyendo ahora, que es el caso de Talca y la ampliación de El Manzano, en Concepción”, recordó.

Hoy por hoy, son 55 mil las personas que están tras las rejas en Italia, un país con 60 millones de habitantes. De esa población penitenciaria, hay unos 729 detenidos que se encuentran bajo un régimen especial, conocido como “41 bis”, y que se aplica para presos por terrorismo político y personas acusadas de delitos relacionados con asociación “mafiosa”.

Entre aquellos detenidos se encuentra el recientemente aprehendido Matteo Messina Denaro, capo de la Cosa Nostra Siciliana y que está hoy en la cárcel de máxima seguridad de la Costarelle dell’Aquila. También estuvo bajo este régimen Salvatore Riina, conocido como el “Jefe de Jefes” de la Cosa Nostra, y al que se le responsabilizó por asesinatos de jueces antimafia en los años 90.

Además de mafiosos, también entran en este régimen especial los acusados de terrorismo. Gran parte de estos detenidos tienen condenas mayores de 10 años o cadena perpetua.

Este régimen, que Amnistía Internacional tildó de “cruel y denigrante”, se caracteriza por el aislamiento más total y estricto que pueda aplicarse sobre un preso, en miras a incomunicarlo de cualquier contacto del exterior. Los detenidos deben ocupar una celda simple, y de partida no tienen acceso a los espacios comunes como los otros detenidos. La celda solo cuenta con una cama, una mesa, una silla fija al suelo y baño al otro lado de la pieza.

Bajo esta modalidad, los detenidos no tienen acceso ni a libros ni revistas ni ningún tipo de objeto personal, y mucho menos, teléfonos, televisión o computadores. En este sentido, las comunicaciones del preso con su abogado o familia son extremadamente limitadas, a través de ventanas de vidrio grueso, e incluso sin derecho a la privacidad. Asimismo, estos presos son vigilados 24 horas al día por gendarmes altamente especializados a los que se les minimiza el contacto con otros gendarmes.

Para evitar cualquier posible escape o contacto con el exterior, incluso si el preso sufre una dolencia o enfermedad, se le atiende al interior de la cárcel, siendo solo en casos extremadamente graves en los que se le permite tratamiento en hospitales.

El artículo 41 bis del sistema penitenciario italiano fue introducido en 1975 durante los “años de plomo”, como una manera de lidiar con los motines y revueltas que ocurrían en las cárceles. En ese tiempo se vivía un conflicto social permanente en el país, con actos terroristas llevados a cabo por grupos de extrema derecha y extrema izquierda, sumado a la presencia de grupos del crimen organizado.

El punto de quiebre en la historia de este régimen carcelario fue en 1992, cuando una ola de atentados llevados a cabo por la mafia siciliana terminó cobrando la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Se ingresó un artículo nuevo, que permitió el uso de la “cárcel dura” en caso de que hubieran “serias preocupaciones sobre el mantenimiento del orden y la seguridad”.

La idea, con este cambio, fue evitar la asociación e intercambio de mensajes entre los jefes de la mafia, y así romper la cadena de mando entre los capos y sus subordinados. Ese mismo año, 400 jefes de la mafia que ya estaban presos fueron transferidos con helicópteros y transporte militar a las islas de Pianosa y Asinara, donde a la severidad del 41 bis se le sumó la lejanía geográfica.