El plan del gobierno para rediseñar el Sistema de Inteligencia del Estado

Si el rol de la ministra del Interior, Carolina Tohá, es buscar un acuerdo en materia de seguridad y orden público, en paralelo, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, intenta desde la segunda semana de enero aterrizar una de las prioridades legislativas del gobierno para este 2023: contar con una nueva Ley de Inteligencia.

La actual norma que regula las actuaciones en materia de Inteligencia se encuentra vigente desde 2004, pero desde hace cinco años se ha intentado actualizarla, aunque sin éxito en el Congreso. Actualmente, el proyecto está en segundo trámite constitucional en la comisión de Defensa de la Cámara, instancia que recibirá las indicaciones del gobierno durante los próximos días.

En las indicaciones hay un elemento central y clave para el Ejecutivo: la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, nueva institucionalidad que reportará directamente al Presidente de la República todo lo relativo en esta materia, tanto en seguridad nacional como eventuales amenazas foráneas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explica a La Tercera que “la labor que tendrá la Secretaría Nacional de Inteligencia es asesorar al Presidente de la República en esta materia. También tendría la obligación legal de construir una Política Nacional de Inteligencia de carácter pública”.

En ese sentido, el objetivo de esta Secretaría será, además, coordinar al Comité de Inteligencia, el cual estará conformado por todos los equipos encargados de estas labores, en Carabineros, la PDI y también las Fuerzas Armadas.

Acá hay un elemento relevante que el gobierno logró despejar. Cuando los equipos legislativos de Interior y Defensa trabajaban en estos cambios, en las FF.AA. generaba ruido la posibilidad de que esta especia de “Zar” de la Inteligencia tuviera la facultad de diseñar los operativos de sus departamentos.

Es por eso que tras una serie de conversaciones entre los equipos se logró pulir mejor la idea y solo establecer que el secretario nacional de Inteligencia tenía que tener labores de coordinación y de reporte al Jefe de Estado.

En el Ejecutivo están conscientes que se abrirá un intenso debate al interior de la comisión de Defensa al momento de aprobar o no las indicaciones del Ejecutivo.

A pesar de eso, el subsecretario Monsalve advierte que “hay un consenso bien transversal de que Chile requiere una ley que genera un nuevo de Sistema de Inteligencia del Estado. La actual legislación está vigente desde el 2004 y, obviamente, las amenazas tanto a la seguridad interior del Estado como de la defensa nacional, se han modificado sustancialmente”.

La reorganización buscará, además, crear la figura del “consejo asesor”, el cual estará conformado por los ministerios de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa, además del la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Este consejo será el encargado de discutir los temas más de fondo en estas materias. Por ejemplo, serán estas autoridades las encargadas de visar -luego de que se las entregue el Presidente- una política nacional y que deberá ser actualizada cada ocho años.

La intención del Ejecutivo, según plasmará en las indicaciones a la ley, es que esta política nacional establezca los lineamientos integrales en materia de inteligencia y los objetivos estratégicos que tendrá el Estado.

En el gobierno explican que hasta el momento la inteligencia externa, a cargo de las FF.AA., y la interna, en manos de las policías, funciona bien, pero que faltan instituciones que creen una tercera derivada, ¿a cargo de quién? De la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANI).

“Una innovación en esto es incorporar otras instituciones que hoy no están en el Sistema de Inteligencia del Estado y que no realizan labores operativas, que no van a la obtención de información a fuentes cerradas, pero que sí tienen información que puede ser muy importante”, adelanta el subsecretario Monsalve.

Estas nuevas instituciones que el gobierno pretende incorporar al Sistema de Inteligencia son Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El nuevo modelo, sin embargo, no convence del todo al presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Andrés Jouannet, pues, acusa una falta de profundidad en materia de cambios en el Sistema de Inteligencia del Estado.

“Lamentamos que el gobierno se haya demorado tanto en presentar las indicaciones, porque lo que nos acerca como propuesta la podría haber hecho antes. Por ejemplo, la institucionalidad que nos presentaron tiene varios flancos, y que estoy abierto a discutir, pero la verdad no se ve robusto esto. No se ve que haya habido un diálogo con Defensa”, dice.

En esa misma línea, agrega que “este nuevo organigrama es una figura que tiene que ver con inteligencia en general, que no resuelve, por ejemplo, las labores específicas que tienen que cumplir los agentes. Así como está, esto se podría haber presentado en mayo”.

La elección del secretario nacional de Inteligencia también es parte de las indicaciones que el gobierno busca que se aprueben en el Congreso. “Debería ser una persona de confianza del Presidente de la República”, advierte Monsalve, aunque agrega que el candidato deberá cumplir con una serie de requisitos técnicos para obtener el cargo, como por ejemplo, tener experiencia en labores de análisis.

¿Cómo debería ser escogido? El subsecretario Monsalve señala que “yo creo que este será un tema de debate en el trámite del proyecto de ley, tanto en su nombramiento como su remoción. Hay algunos que estiman que la nominación debería pasar -como ocurre en otros cargos- por el Congreso y que su remoción también debería cumplir ciertos requisitos, de manera que no fuera removido de manera arbitraria”.

Ya con las indicaciones en la comisión de Defensa, será el turno de los diputados de aprobar o no estas propuestas.

En ese sentido, la instancia legislativa fijó un periodo para escuchar y debatir hasta el 20 de marzo, y ahí comenzar la votación en particular. La fecha y los plazos acomodan al Ejecutivo, pues esperan poder contar con una nueva Ley de Inteligencia a fines del primer semestre del año. Aunque saben que no será fácil.