Un flanco inesperado abrió al gobierno la crisis por los indultos que concedió el 30 de diciembre pasado el Presidente Gabriel Boric a 12 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista y condenado por participar en el robo de un banco, Jorge Mateluna. Parlamentarias y organizaciones feministas de distintos sectores cuestionaron el hecho -a su juicio, reiterado- de que el Mandatario haga pagar costos políticos a mujeres, como fue el caso de la exministra de Justicia Marcela Ríos o su exministra del Interior, Izkia Siches, y no así a hombres que también han enfrentado dificultades en su gestión.

“Feminismo de cartón”, acusó la senadora Ximena Rincón (Demócratas), mientras que su par Yasna Provoste (DC) aseguró que le parecía “curioso que en un gobierno que se define como feminista sean siempre las mujeres las que terminen asumiendo la responsabilidad política por las decisiones del Presidente”.

Las críticas apuntaban principalmente a la permanencia en el gabinete del ministro Giorgio Jackson, quien -pese a que enfrentó complejas crisis en la Segpres antes del cambio de gabinete que se dio tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito- no corrió la misma suerte que, por ejemplo, Siches. Por el contrario, se mantuvo en La Moneda a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Los cuestionamientos al sello feminista del gobierno se dieron, además, luego de que las palabras del propio Presidente hacia su ahora exministra fueran consideradas como “especialmente duras”. “Todos quienes tienen una función de alta responsabilidad en mi gobierno saben que cuando se cometen errores de esta naturaleza, como decía antes, hay que asumir las responsabilidades políticas como se está haciendo en este caso”, dijo ese día, anunciando solo la salida de Ríos en un punto de prensa, sin mencionar la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, información que se conoció una vez que se emitió un comunicado público en esa misma jornada.

Pero ese no fue el único hito de la coyuntura que puso en tensión a la perspectiva feminista de La Moneda. La semana pasada, el Presidente se inclinó por el abogado Ángel Valencia como carta a fiscal nacional, quien fue ratificado el lunes por la Cámara Alta y asumió el cargo esta misma semana. El Mandatario tomó la decisión pese a los reparos que habían manifestado organizaciones de la sociedad civil -y que fueron advertidos por la ministra Antonia Orellana (Mujer)- relativos a la defensa realizada por el jurista en favor de acusados de violencia sexual.

“Lamentamos la decisión del gobierno de nominar a Ángel Valencia como Fiscal Nacional. Alertamos nuevamente que esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas”, afirmó la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres en un comunicado tras el anuncio del Ejecutivo, organización en la que trabajó la ministra Orellana solo algunos años atrás. “Yo transmito el parecer de las organizaciones de mujeres (...) otra cosa es que esos elementos se ponderen”, dijo esta semana tras la asunción de Valencia.

La exministra de la Mujer, Laura Albornoz, salió -a su vez- a cuestionar la determinación del gobierno. “Yo como feminista y exministra de la Mujer, considero que una persona que tiene como relato de su vida profesional defender causas de acosadores sexuales, abusadores sexuales o violadores, no tiene el estatus moral ni ético para ser fiscal nacional’', dijo, mientras Karina Nohales, vocera de la Coordinadora 8M, calificó la acción del Mandatario como “una afrenta a la integridad de las mujeres desplegada por todos los poderes del Estado”.

En ese complejo escenario es que ayer se oficializó que será la doctora en Filosofía y referente feminista de Convergencia Social, Luna Follegati, quien asumirá la jefatura del área de estudios del equipo de asesores del Presidente, en el denominado Segundo Piso, luego de que su antecesor -Carlos Durán- fuera nombrado como jefe de gabinete del Mandatario.

La Tercera contactó a distintas organizaciones feministas y parlamentarias para abordar este debate. La senadora Rincón ahonda en su crítica y señala que “la vara con la que se mide a hombres y mujeres en el gobierno es distinta; las consecuencias contra las mujeres son más rudas, pese a que efectivamente han tenido problemas en sus carteras y no los han enfrentado bien”.

“Los costos los han pagado las mujeres porque en los ministerios que ha existido problemas hay mujeres. Pero cuando ha habido problemas en ministerios donde hay hombres, o los cambian de ministerio o no pasa nada. Tengo al menos dos ejemplos -Giorgio Jackson (Mideso) y Nicolás Grau (Economía)-, y me refiero a este último porque el tema no puede estar peor de lo que está y ha tenido más de una declaración desafortunada. En el caso de Jackson, lo cambian de ministerio sin asumir ningún costo”, agrega.

Desde Comunidad Mujer, su presidenta, Alejandra Sepúlveda, evita hacer una evaluación respecto del sello feminista de La Moneda, aunque recalca que “no podemos más que agradecer el paso de Marcela Ríos por nuestra institución -como consejera desde 2013 y luego como directora y vicepresidenta- y su gran aporte al análisis de políticas públicas con perspectiva de género”.

Entre las parlamentarias oficialistas, sin embargo, no comparten los cuestionamientos que se han planteado al sello feminista del gobierno. “No me parece que esto se plasme solamente en quienes ocupan los cargos, sino en los hechos. En ese sentido, las acciones de este gobierno hablan por sí solas respecto a la importancia que tiene la mirada feminista, por ejemplo, en la reforma de pensiones donde se busca reconocer el trabajo de cuidados que sobre todo desempeñan mujeres, en la ley del pago efectivo de pensiones que aprobamos y también en el empuje que le ha dado la ministra Orellana al proyecto de ley integral contra la violencia”, afirma la diputada Emilia Schneider (CS).

En esa línea, la parlamentaria recalca que la crítica es reduccionista en tanto “el feminismo busca transformar la realidad y construir una sociedad más justa, no podemos reducirlo solamente a cuotas, que por cierto son relevantes”.

Mirada similar tiene la propia ministra de la Mujer. “El feminismo no se juega en personas particulares, sino que en las políticas públicas del gobierno”, afirma Orellana. En el Ejecutivo, además, destacan que dentro de las preocupaciones sectoriales, las últimas mediciones que manejan apuntan a que existe un 57% de apoyo a la gestión del gobierno en materia de igualdad de género.

La diputada RD Ericka Ñanco es más dura y acusa a los sectores críticos del gobierno de utilizar el feminismo con fines políticos. “Como Frente Amplio hemos madurado en muchos sentidos, hemos llevado a parlamentarios con diversas trayectorias y debemos superar calificaciones e infantilismos como si hubiera un ‘feministómetro’ u otros elementos que empobrecen el debate. Buscar motivos para golpear al gobierno porque sí, no tiene mucho sentido. Hay que desprenderse de caer en estos conflictos y dejar de tomar el feminismo como un discurso para beneficios políticos sin argumentos”.

Libertad Vidal, encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social, por su parte, releva que “el sello feminista debe evaluarse en las políticas públicas impulsadas por el gobierno y en las prioridades puestas en agenda. En ese sentido, el Ejecutivo ha sabido poner el foco en las necesidades y urgencias de las mujeres. Por ejemplo, atender la crisis de los cuidados es una de las prioridades de este gobierno, y hacerlo es sin duda parte de una agenda feminista”.

“Probablemente otro gobierno, sin ese sello, tendría a los cuidados entre sus últimas prioridades. Entonces, no compartimos la lógica de ese análisis, es decir, que sea un gobierno más o menos feminista por quienes asumen los costos políticos. Estos han sido asumidos por quienes eran responsables del trabajo que se cuestiona”, agrega.