El Senado se alista para poner fin al capítulo de Abbott

Una experiencia traumática dejó en el Senado la última designación de fiscal nacional.

En octubre de 2015, la contundente mayoría que logró Jorge Abbott en la Cámara Alta, de 32 votos a favor y dos abstenciones, ocultó en parte las tensiones que se dieron en el proceso.

Eran meses en que los casos Penta, SQM y Caval tenían a los partidos, al Congreso y al gobierno sumergidos en una crisis y algunos senadores estaban presionados por los juicios en su contra.

A ello se sumó la revelación de un fuerte lobby que desplegaron los abogados que postulaban al cargo, gestiones que el mismo Abbott reconoció años después en una entrevista, pero que aparentemente fueron desplegadas también por otros postulantes a la jefatura del Ministerio Público.

El escándalo por aquella situación llevó incluso a la Comisión de Ética del Senado a elaborar un manual de “Buenas prácticas relativas a nombramientos”, aprobado en 2016, para que los legisladores transparentaran toda conversación con interesados en esos altos cargos públicos.

Este reglamento, que no estaba vigente para la nominación de Abbott, se pondrá a prueba en este nuevo proceso.

Sin embargo, en las bancadas oficialistas, de oposición y de grupos no alineados, como la DC, hay coincidencia de que el actual clima para nombrar al nuevo fiscal dista de aquella agitada primavera de 2015.

Igualmente hay conciencia de que las tratativas para buscar una carta de consenso, que requiere del apoyo de 33 senadores, debe alejarse de lo que fue la experiencia que llevó a Abbott a la cabeza del Ministerio Público, proceso que incluso algunos tildan en privado de “poco limpio”.

Además, la evaluación de lo que fue la gestión del último fiscal nacional es negativa, desde la derecha a la izquierda, por lo que uno de los primeros criterios que han comenzado a transmitir los parlamentarios al gobierno es que la designación del Presidente Gabriel Boric -que debe surgir de la quina que proponga la Corte Suprema-, en ningún caso debe ser una carta de continuidad del período pasado.

Una de las damnificadas de ese primer filtro, admiten senadores, sería la abogada Marta Herrera, una de las colaboradoras más cercanas de Abbott y directora de la Unidad Anticorrupción.

Un segundo criterio de estas deliberaciones preliminares es que la persona elegida dé garantías a todos los sectores, tenga liderazgo para mejorar el clima en la institución y asuma los nuevos desafíos en temas como el combate al crimen organizado.

En estos primeros lineamientos, podría darse un choque con La Moneda, ya que las señales que han transmitido ciertas ministras es que al Presidente le gustaría proponer a una mujer dado el sello feminista de la actual administración. Una de esas cartas es Herrera.

Otro nombre que agradaría en Palacio, según senadores, es el de la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo.

No obstante, desde el Senado, especialmente las bancadas de oposición, le han recomendado al Ejecutivo no casarse con la idea de una mujer, sino la carta que sea la mejor a los ojos de todos.

En el gobierno recalcan, sin embargo, que el Presidente aún no se inclina por nadie y que el único criterio es que el nuevo fiscal tenga un compromiso con la probidad y la seguridad pública.

Si bien es un tema que involucra y preocupa a toda la corporación, las conversaciones para el nuevo nombramiento se conducirán a través de los integrantes de la Comisión de Constitución, que preside Matías Walker (P. Demócrata) e integran los senadores Luz Ebensperger (UDI y vicepresidenta del Senado), Rodrigo Galilea (RN), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente PPD). A ellos también se sumarán los jefes de bancada José Miguel Insulza (PS), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (P. Demócrata), Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Daniel Núñez (PC).

Sobre nombres favoritos en el Congreso, el panorama aún está disperso, admiten senadores, más aún cuando la Suprema no elabora la quina.

Lo curioso es que en este nuevo proceso no se evidencia una tendencia de grupos políticos por determinados abogados, como sí ocurrió hace ocho años, en que corrían candidatos asociados a cada sector.

Incluso un senador de oposición comenta que las primeras insinuaciones de preferencias pasan porque algún legislador conoce a ese fiscal por su región o por haber compartido en espacios públicos.

“Este proceso va a estar menos contaminado por cuestiones políticas, no hay investigaciones en curso a parlamentarios ni a partidos, que uno sepa. Creo que las inquietudes que se van a expresar van a versar sobre cuál es la estrategia frente al crimen organizado, el narcotráfico, el aumento de delitos, como los homicidios, las encerronas, y por qué no ha funcionado el plan de fortalecimiento del Ministerio Público”, señala Walker, quien en esta ocasión “no detecta un alineamiento político (por determinados nombres) y eso es sano”.

Tampoco hay unanimidad, incluso dentro de una misma bancada, si debe ser un fiscal en ejercicio o alguien que haya trabajado en la fiscalía o bien un jurista externo que ayude a airear a la institución.

¿Pero quiénes son los nombres que más se repiten en la izquierda y la derecha? Eugenio Campos (fiscal regional de Magallanes), José Morales (fiscal Centro Norte y quien ya fue candidato fuerte en el anterior proceso que ganó Abbott), Carlos Palma (fiscal regional de Aysén), Ángel Valencia (penalista) y el actual fiscal nacional interino, Juan Meléndez. Aunque también hay otros senadores que tienen simpatías por Patricia Muñoz (defensora de la Niñez y exfiscal) y Rodrigo Ríos (penalista y académico).