Elisa Walker, abogada de Izkia Siches: “Los errores de la ministra son discutibles en términos políticos, pero no generan responsabilidad constitucional”

Fue tras un llamado de Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches, que la abogada Elisa Walker terminó siendo su defensora en la acusación constitucional que se vota el próximo martes.

¿Un guiño a la centroizquierda? “Habría que preguntárselo a ella”, dice la también militante DC -de cuyas definiciones recientes dice mirar en segundo plano-, “no es algo que tenga que responder yo”.

No es primera vez que ve de cerca una acusación. Recién trabajando como abogada, en 2008, fue parte del equipo que, desde la Secretaría General de la Presidencia, colaboró con la defensa de la entonces ministra Yasna Provoste.

-Recuerdo sopesar la importancia de las acusaciones constitucionales, entender que acusar a un ministro del Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales no es baladí, no es un acto más de la política, sino que es un control constitucional de la máxima relevancia, que se debe usar de forma excepcional, dice Walker.

La abogada enfatiza que el libelo que diputados del Partido Republicano presentaron contra Siches no responde más que al “cuestionamiento a la dirección política del gobierno”.

La ministra Siches atribuye esta acusación a una “pelea política”, ¿lo comparte?

Esta acusación tiene graves falencias argumentativas. Hay capítulos que no están fundados, otros en los que se le cuestionan actos que no son de su responsabilidad, y en la comisión (revisora) se dio cuenta de que se le está usando más bien para tener una discusión política con la ministra o el gobierno. Eso claramente es usar ese recurso ni con el propósito ni el objetivo que tiene. El cuestionamiento de fondo es más bien la dirección política del gobierno, más que la ministra haya incurrido en infracciones específicas.

¿Hay algún capítulo más complejo que abordar que otro?

Se tocan todas las materias relevantes en las cuales la ministra ha tenido alguna intervención, y eso da cuenta de la debilidad del análisis. Acá se cuestiona el uso de la palabra wallmapu -que hizo la ministra al principio de su gestión y de la cual ella misma reconoció su error- pero lo interesante es que la acusación plantea que ello generó una crisis diplomática con Argentina que no fue tal.

Pero la ministra, al pedir perdón, ¿no reconoció un impasse?

La acusación sanciona algo bien específico, que es haber comprometido gravemente el honor de la nación. Un impasse no es un conflicto grave entre dos estados, y el Ministerio de RR.EE. no ha recibido un reclamo formal de Argentina. Es más, después el Presidente Boric fue allá y dio cuenta de que existe una relación estrecha entre los dos países.

En la comisión, el decano de Derecho UC, Jorge Baraona, planteó que el uso de wallmapu era “grave” por sus implicancias.

En esa sesión participó también Edgardo Riveros. Baraona es experto en derecho privado, Riveros, experto en derecho internacional. Riveros explicó algo muy importante: que esta causal exige haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Es decir, que el conflicto no tiene que ser hipotético ni futuro.

También se acusa a la ministra por no haber hecho una denuncia (visita a Temucuicui y Héctor Llaitul), Uds. contestan que había una denuncia realizada. Más allá de lo formal, ¿no se entrega una señal confusa a la ciudadanía?

Nosotros cuestionamos que ella tenga ese deber de denuncia, porque se aplica a los funcionarios públicos y hay una discusión interesante respecto de si los ministros lo son o no. Incluso poniéndonos del lado en que sí lo fueran, la ley establece que si alguien cumple con el deber de denuncia, el resto de los empleados públicos queda liberado, lo que es razonable. Acá un capitán que iba en la comitiva hizo la denuncia ante la Segunda Comisaría de Collipulli, que inició un proceso de investigación.

¿Haber hecho la denuncia habría sido más una señal política que un deber funcionario?

Si ella hubiera hecho una denuncia, para efectos penales, no habría tenido consecuencias jurídicas relevantes, porque hubo otra que inició una investigación.

Pero sí habría tenido consecuencias políticas…

Pero la acusación constitucional no puede sancionar políticamente a una ministra porque no te gusta como actuó, sanciona por incumplir ciertos deberes.

Wallmapu, el avión de migrantes venezolanos... A la luz de los hechos, ¿cuán costosos han sido estos errores?

La ministra fue la primera en reconocer esos errores. ¿Qué dice la acusación? Trata de cambiar la naturaleza del conflicto: a ella la acusan de falta a la probidad. No dice que hubo un error en el tema del avión, sino que ella está engañando, y eso es infundado. Todos fuimos testigos de que la ministra cometió un error y ella lo reconoció. Lo grave de la acusación es que trata de desvirtuar los hechos y les da una intencionalidad. Es discutible en términos políticos el impacto de los errores, que es legítimo, eso no quiere decir que generen una responsabilidad constitucional que justifique la destitución de la ministra del Interior y Seguridad Pública.

La acusación apunta a hechos que ocurrieron en el primer mes de la ministra Siches en el cargo. ¿Se le está cobrando la falta de experiencia?

Efectivamente, se le imputan hechos que son de los primeros días de la gestión de la ministra, y eso solo reafirma que el propósito de esta acusación es político y no de responsabilidad constitucional, porque la estás acusando cuando recién se instalaba un gobierno. Es evidente que un gobierno necesita tiempo para instalarse y funcionar adecuadamente. Esta acusación fue firmada por 10 diputados del Partido Republicano, no es de extrañar que no sientan afinidad con la conducción política de este gobierno porque son oposición, y está bien que así sea. Pero no usemos un mecanismo relevante y excepcional para hacer cuestionamientos políticos a este gobierno.

¿Se reabre la puerta del uso permanente de la acusación, como fue en el gobierno pasado?

Sí, y no es sano para nuestro país distorsionar un recurso institucional, por eso es importante analizar esta acusación con seriedad, entender que no hay razones de forma ni fondo que la sustenten.

¿Qué responsabilidad tuvo la coalición de gobierno siendo oposición en abrir esa puerta?

Cada acusación debe analizarse en su mérito, y si en el pasado se hicieron acusaciones que no lo tenían, no creo que sea razonable seguir con ese tipo de conductas. Esta acusación no tiene mérito para ser acogida y espero que así lo acoja la Cámara de Diputados.