En 2023 se abrieron 42 causas por abortos fuera de las tres causales

El 2 de septiembre de 2019 el Juzgado de Garantía de Iquique formalizó a una joven de 26 años por haberse realizado un aborto que no estaba enmarcado dentro de las tres causales reguladas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), es decir, riesgo materno, inviabilidad fetal o violación. A la mujer, eso sí, se le propuso una salida: una suspensión condicional del procedimiento por tres años y donar tres UTM al Hogar de Niños En la Huella. Finalmente, el 10 de abril de 2023 y luego de que la joven cumpliera los tres años sin cometer delitos, el juzgado determinó “extinguida la acción penal”.

Pero este no es un caso aislado. La ley promulgada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet despenaliza el procedimiento, pero solo en las tres causales descritas en la norma. Por eso, las mujeres que decidan igualmente proceder con la interrupción de su embarazo pueden ser procesadas por la justicia. Pero así también hay otra forma de que este procedimiento llegue a los tribunales, que es cuando un facultativo lo realiza fuera de la ley IVE o cuando es realizado sin consentimiento.

En ese contexto, y según las cifras del Poder Judicial, durante 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a estos abortos, donde 19 de ellas corresponden a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas.

Frente a este panorama, la directora de derecho penal de la U. Diego Portales (UDP), Alejandra Castillo Ara, sostiene que “el aborto en sí tiene una baja judicialización, pero eso no dice que el delito no se cometa, sino que las personas que suelen cometerlo probablemente tienen un mejor acceso a cometerlo. Por ejemplo, si una persona de muchos recursos se realiza un aborto en el extranjero, no hay cómo perseguir esa causa”.

Además, explica que quienes son juzgadas por la justicia en ese ámbito tienen un perfil muy definido: “Quienes tienden a tener estas causas por realizarse un aborto voluntario fuera de las causales regulares son personas de bajos recursos. Otro punto es que si tuvieran complicaciones mientras realizan este procedimiento acuden a un servicio de salud público y el profesional que las atiende suele ser el que las denuncia”.

Las cifras, en tal sentido, cobran relevancia luego del anuncio que el Presidente Gabriel Boric realizó en su última cuenta pública y que apunta al compromiso de presentar un proyecto de ley sobre aborto legal durante el segundo semestre de este año.

Y es que, además de las cifras ya expuestas sobre mujeres que abortaron fuera de las tres causales, se abrieron otras 19 investigaciones por interrupciones de embarazo realizadas sin consentimiento, y cuatro por procedimientos hechos por facultativos, es decir, profesionales que realizaron procedimientos que no estaban enmarcados en las tres causales.

Del total, la mayoría de ellas, es decir 15, se produjeron en tribunales de la Región Metropolitana. Otros cinco se realizaron en Temuco y cuatro en Valparaíso.

Así como en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas al aborto, también se cerraron 49: dos por abortos cometidos por profesionales, 23 realizados sin consentimiento y 24 voluntarios. Todas estas causas duraron, en promedio, 821 días.

Pero solo tres de estas investigaciones cerraron con una sentencia y el resto se terminaron por otros motivos, como que no se haya decidido perseverar en el procedimiento.

En ese sentido, la académica de la Diego Portales detalla que es difícil que se cumpla una pena mayor: “El aborto consentido puede llegar hasta tener una pena en presidio menor en su grado máximo, es decir, una persona puede estar hasta cinco años privada de libertad. De acuerdo a un estudio que hice hace unos años, el 100% de las personas que estuvieron involucradas en el estudio y que cometieron el delito de aborto son personas que no tienen antecedentes penales, por lo tanto tenían varias atenuantes y no llegan a cumplir una pena privativa de libertad”. En ese sentido, el Código Penal detalla que quienes realicen el aborto sin el consentimiento de la mujer o sean profesionales que, “abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él”, arriesgan penas que pueden ir desde los cinco hasta los 15 años de cárcel.

Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por el Aborto, asegura que conoce algunos de los casos que han llegado a la justicia y cuenta que como organización buscan “la forma de apoyar a esas mujeres, entregándoles apoyo legal, de orientación y de contención psicológica”.