Corría el 8 de enero de 2024 cuando Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, decretó su primer estado de excepción. Los militares pasaron a cooperar en el control de la seguridad civil, en una medida que se hizo necesaria, consideró el mandatario, luego de que estallara el caos en las cárceles y calles ecuatorianas. Al menos en un principio, sirvió para disminuir las dramáticas cifras de asesinatos en el país, pero la efectividad parece estar bajando conforme pasa el tiempo.
Este 8 de abril se cumplen tres meses de la medida, tiempo máximo estipulado por la Constitución, y las consecuencias tangibles del uso de militares para contener la violencia relacionada con las bandas delictuales en el país son materia de debate, especialmente luego de Semana Santa, donde explotaron los casos de muertes violentas. Además, ocurre cuando Ecuador se prepara para votar en un referendo el próximo 21 de abril, que va a dirimir la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad.
Simón Pachano, docente ecuatoriano de Flacso, señaló a La Tercera que, inicialmente, “la declaración de estado de excepción y de conflicto interno detuvo la violencia, pero tanto la gente como el gobierno tomaron esta nueva situación como la ‘normalidad’ y se relajaron las precauciones y controles. Las bandas armadas aprovecharon la situación y volvieron a sus actividades, aunque en un grado menor al que existía previamente. Esto puede ser un anuncio de lo que podría suceder cuando concluya el estado de excepción”.
Lentamente, las estadísticas muestran que la tendencia se acaba. Basta con mirar lo ocurrido el fin de semana pasado, donde se registraron tres masacres en un lapso de solo dos días. En una, seis adultos y cinco niños fueron abordados por 20 hombres en un hotel. Tras liberar a los menores y un mayor de edad, el resto fueron torturados y asesinados, aparentemente, por error. En otro caso, cuatro personas, incluido un militar, murieron acribillados por hombres armados. El último ocurrió en Guayaquil, epicentro de la violencia de enero, donde autoridades informaron de un saldo de ocho muertos y 10 heridos durante la noche del sábado.
Los datos de las últimas semanas van en una línea similar. Según el medio local Ecuavisa, tras el 5 de marzo de este año, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior han transparentado públicamente la cifra diaria de asesinatos a nivel nacional, pero Segura EP, empresa de seguridad municipal de Guayaquil, detalló que se han producido 108 muertes violentas en la urbe costera hasta el sábado 29 del mismo mes. Y si bien se traduce en una baja en comparación con enero, donde hubo 130, frente a febrero, la cifra empeoró, considerando que habían logrado bajar a 81 asesinatos en el primer mes completo bajo estado de excepción y toque de queda.
En el puerto de Guayaquil, cifras recopiladas entre enero y marzo de este año, con los militares en las calles y el toque de queda vigente, fueron entregadas por el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Y lo que muestran no es un panorama esperanzador. Allí, las extorsiones y secuestros a ciudadanos no aumentaron solo un poco frente a mediciones anteriores. Se quintuplicaron. Al comparar con el mismo período de 2023, estos casos pasaron desde 160 durante el año pasado, a 618 en los tres primeros meses de 2024.
Para Wladimir Sierra, sociólogo de la U. Católica de Ecuador, los últimos casos de violencia “no son casos aislados, sino que responden al modus operandi propio de estos grupos delincuenciales por disputas de territorios, unas veces, o por ajustes de cuentas, otras”.
En tanto, Carla Álvarez, doctora en Ciencias Sociales especializada en seguridad en Ecuador, añadió que lo ocurrido en Semana Santa no se trata ni de casos aislados ni de una nueva ola de violencia. Más bien responde a “la misma crisis de violencia que viene viviendo el país desde 2018″.
En su opinión, “las acciones implementadas no han generado cambios estructurales” debido a dos razones. “La primera es que ha habido muy poco tiempo -apenas 90 días- entre el 8 de enero y el 8 de abril. La segunda es que no hay claridad por parte del gobierno respecto a un plan de acción concreto que permita la resolución de la crisis”.
Desde el gobierno se defendieron, apuntando a que no se puede “hablar de una contención fallida por un fin de semana violento”, dijo a la prensa local la ministra de Gobierno y encargada del Interior, Mónica Palencia. Ahora, el país se prepara para un plebiscito que determinará si siguen cooperando las FF.AA. en la seguridad, pero la propia jefa de cartera adelantó que el Ejecutivo ya está analizando opciones para poder mantener a los militares en las calles sin violar la Constitución.
