Fue el fiscal que indagó el millonario fraude en Carabineros, por el cual más de 100 uniformados están en distintos procesos judiciales. Eugenio Campos, en ese entonces, era fiscal regional de Magallanes, hasta que el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo nombró en un puesto clave para el Ministerio Público: director de la Unidad Especializada en Anticorrupción.

El 13 de marzo, Campos se instaló en la oficina del piso 9 de la Fiscalía Nacional, hasta donde llegó a ocupar el puesto que antes tenía Marta Herrera, durante el periodo del fiscal Jorge Abbott.

El paso de Herrera estuvo marcado por los casos de financiamiento irregular de la política, algo que parecía lejano a estas alturas. Sin embargo, a poco de que Campos se instalara en Catedral 1437, la siempre tensa relación entre dinero y política se instaló, nuevamente, en el radar del Ministerio Público, con el escándalo que estalló por los millonarios traspasos de dinero de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

“Comenzamos con la investigación de oficio que inició la Fiscalía Regional de Antofagasta, respecto de unas determinadas fundaciones, en las cuales habría hechos que podrían revestir carácter de delito y es ahí donde nosotros, al tratarse de un delito funcionario, en el que está comprometido el patrimonio de Chile, pudimos desde el comienzo realizar diligencias”, dice Campos a La Tercera Sábado.

Es a partir de esa causa que hoy hay nueve indagatorias abiertas en todo Chile, ¿cuál es el patrón común que detectaron?

Desde ahí han surgido diversas investigaciones en torno al mismo fenómeno delictivo, donde tenemos un hilo conductor con gran parte de fundaciones, comenzando en Antofagasta, luego en El Maule, La Araucanía, Los Lagos, Atacama, O’Higgins y Aysén. Ahora, al unísono, en todas, está cooperando esta unidad y así lo ha encomendado el fiscal nacional, Ángel Valencia, generando equipos sobre el tema investigativo, no sólo desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista patrimonial. Y acá quiero destacar algo: el Ministerio Público investiga hechos que revisten carácter de delito en investigaciones de largo aliento, son investigaciones muy técnicas que nos permitir articular toda la colaboración estatal, como la Contraloría o las policías.

¿Es una causa que demorará en investigarse?

Es que hay que ser sumamente prudente respecto de la ciudadanía. Estamos investigando hechos que pueden revestir carácter de delitos, lo que no quiere decir que ya estén establecidos. Esto está en proceso de investigación, no quiere decir que ya hay delitos consumados, pero podemos tener determinadas características o factores que nos hacen pensarlo. Pero eso no basta, sino que hay que generar antecedentes que nos permitan ir creciendo y que la duda pase a ser una certeza.

¿Del paneo general de traspaso de fondos a fundaciones, ve indicios de corrupción?

Es un hecho que hay conductas que pueden revestir carácter de delito y eso estamos investigando. Es apresurado inferir el día de hoy cuáles son las figuras penales, pero sí puede asegurar el Ministerio Público que se va a investigar cada uno de estos hechos y, en definitiva, si hay alguna competencia de la cual tenemos involucramiento del punto de vista, insisto, de persecuciones penales, lo vamos a hacer presente en cada una de las investigaciones. Ahora, por cierto, una de las figuras que podemos tener en vista podría ser temas de fraude al Fisco.

El gobierno ha acuñado, en estos últimos días, el término “caiga quien caiga” y anunciaron que administrativamente revisarán los traspasos de fondos a ONG durante los últimos cinco años, ¿ustedes también están investigando ese lapso de tiempo?

Es que son materias distintas y facultades distintas. El punto de la Fiscalía es que por ley indaga hechos, y a partir de eso, con el mérito que corresponda, se indagará el periodo de tiempo que corresponda. Es decir, tienen que surgir en la investigación antecedentes que apunten a un periodo de tiempo determinado, porque esto es una investigación de carácter penal, no una auditoría.

¿Cuál es la diferencia?

La auditoría de carácter fiscalizador permite decir “haré un control de tres o cinco años o el periodo que sea”, pero en el caso del Ministerio Público, tiene que acotarse a hechos determinados que esté investigando.

¿No es una presión que los investigados sean personas ligadas a la coalición gobernante?

Nosotros no matizamos ninguna materia de investigación. Somos un organismo técnico y autónomo que investigará todo lo que se tenga de investigar.

¿Con el CDE ya se establecieron coordinaciones para derivar los antecedentes de este caso para una eventual querella?

Siempre generamos coordinaciones con el CDE, no tan sólo en temas de municipalidades, sino que en todas en las que puedan tener intervención. En este caso, por cierto, cuando se ve afectado o está en peligro la protección del patrimonio fiscal.

¿Ya se envió la información?

Estamos en coordinaciones y ellos ya solicitaron determinados antecedentes.

El Ministerio Público fue criticado duramente por cómo se terminaron zanjando los casos de financiamiento irregular de la política, donde se acotaron investigaciones, se buscaron salidas alternativas en algunas causas. En este caso, ¿cuál será la hoja de ruta de la Fiscalía?

Poniendo también la premisa de que estamos investigando en esta etapa pretérita de hechos que revisten carácter de delito, de determinarse figuras penales más adelante, los requisitos están establecidos en la propia ley, como por ejemplo, aquellas que regulan la salidas alternativas. Pero no hay que olvidar que frente a delitos de corrupción tiene circunstancias, por cierto, que interesa a toda la comunidad, por tanto, el nivel de exigencia que le podemos reprochar a un funcionario público deben ser mayores.