Al menos 2.250 policías serán desplegados el próximo lunes en Brasilia para custodiar los actos oficiales en los cuales se repudiará el intento de golpe de Estado hace un año contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según anunció el ministro interino de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli. Se trata de un contingente cuatro veces mayor que el que había el 8 de enero de 2023, con 850 policías.
Ese día, miles de manifestantes seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que no reconocían su derrota en las urnas, y que acampaban frente al cuartel del Ejército fueron al centro de Brasilia en protesta por la toma de posesión de Lula como nuevo mandatario siete días antes, asaltaron y vandalizaron el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, sin resistencia de la policía de la capital federal.
El próximo lunes, cuando se cumplirá un año de la asonada, Lula convocó, junto con los líderes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, a gobernadores, alcaldes y personalidades de la sociedad civil a un acto en la sede del Poder Legislativo con 500 invitados para repudiar los ataques de hace un año en Brasilia.
“Vamos a hacer un acto aquí para recordar al pueblo que se intentó dar un golpe (de Estado) el día 8 de enero y que este fue desvelado por la democracia de este país”, declaró el mandatario durante un evento en el Palacio del Planalto, en la capital brasileña, a mediados de diciembre.
La invasión de los bolsonaristas provocó una rápida respuesta de la Corte Suprema, que ordenó la prisión inmediata de muchos de los participantes en los disturbios. El Congreso luego abrió una comisión para investigar lo sucedido y en octubre aprobó un informe final que acusa a Bolsonaro de ser el “mentor intelectual” de los altercados para perpetuarse en el poder. El documento fue remitido a la Fiscalía, que investiga por la vía penal la asonada y debe decidir si da secuencia a las indagaciones de la comisión.
El informático y funcionario Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años, que entró a la fuerza en el Senado de Brasil con una turba bolsonarista y vestido con una camiseta que decía “intervención militar federal”, se convirtió en septiembre pasado en el primer condenado por el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Lula. Los jueces del Tribunal Supremo le impusieron, con nueve votos a dos, una condena de 17 años de cárcel por cinco delitos incluidos los de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, además de daños al patrimonio.
Hasta el momento, el Supremo ha condenado a una veintena de las cerca de 2.000 personas imputadas por ese episodio, de las que 66 están en prisión, entre sentenciados y aquellos con prisión preventiva, mientras que el resto responde al proceso en libertad.
En su primer perdón navideño desde que inició su tercer mandato, el pasado 1 de enero, después de gobernar el país por dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, Lula indultó en diciembre a los condenados por delitos “sin violencia” bajo una serie de condiciones y excluyó de la medida de gracia a los golpistas que buscaron derrocar su Gobierno el pasado 8 de enero. En concreto, el benefició no se otorgó a los condenados por crímenes como “tortura”, “terrorismo”, “racismo”, “violencia contra la mujer” o contra “el Estado Democrático de Derecho”.
De cara al primer aniversario de la asonada bolsonarista, más de la mitad de los diputados y senadores del Congreso de Brasil rechazan la propuesta de amnistía a los condenados por los tribunales por los hechos del 8 de enero. La información proviene de la más reciente ronda del Painel do Poder, una encuesta trimestral realizada por el sitio Congresso em Foco con parlamentarios influyentes de la Legislatura federal.
La encuesta, realizada en diciembre de 2023, muestra que el 54,29% de los congresistas no está de acuerdo con la idea de amnistía (48,57% totalmente en desacuerdo + 5,71% parcialmente en desacuerdo) mientras que el 31,43% está de acuerdo (21,7% completamente y 5,71% parcialmente). Otro 14,29% dice ser indiferente.
El senador Hamilton Mourão, quien fue vicepresidente de Bolsonaro, incluso presentó un proyecto de ley, que prevé amnistía para los condenados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado. A los ojos de los parlamentarios, sin embargo, hay pocas posibilidades de que un texto de este tipo avance: sólo el 15,5% considera que tiene altas (9,9%) o muy altas (5,6%) posibilidades de aprobación. Por el contrario, el 42,3% ve muy pocas posibilidades de aprobación.
Para el politólogo Ricardo de João Braga, uno de los coordinadores del Painel do Poder, las cifras deben ser vistas con preocupación. Aunque no son mayoría en el Congreso, el 31,43% de los parlamentarios que aprueban la amnistía son un grupo significativo. “Cuando más del 30% de los entrevistados dicen estar de acuerdo con la amnistía, están diciendo que no entienden lo que pasó o que se puede aceptar la gravedad de esos hechos si hay algún beneficio político personal, aunque con perjuicio colectivo”, dijo.
En comentarios a La Tercera, Sylvio Costa, fundador de Congresso em Foco, señaló: “Es muy probable que la extrema derecha se organice para aumentar la presión sobre el Congreso a favor de la amnistía. En otras palabras: no es imposible que la posición actualmente dominante en el Parlamento brasileño cambie en el futuro”.
