Fact Checking a Sierra Bella: La defensa de Irací Hassler

Viernes 14 de abril. 9:26 de la mañana. En las dependencias de la Municipalidad de Santiago la alcaldesa Irací Hassler (PC) se preparaba para enfrentar uno de los golpes más duros que ha recibido durante el año y media de gestión: la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. En pocos segundos se vendría quizás si el punto de prensa más relevante y polémico que le ha tocado enfrentar desde que llegó a ser la máxima autoridad comunal.

Pero la edil no estaba sola. La economista estuba flanqueada por una treintena de personeros -entre concejales y diputados de su partido, como Karol Cariola- quienes al unísono luego aplaudirían constantemente cada uno de los dichos con que la jefa comunal se iría refiriendo al lapidario informe que había emitido horas antes la Contraloría General de la República (CGR), organismo que analizó la adquisición tras denuncias de presuntas irregularidades.

Sin embargo, no solo al informe de la CGR debía hacerle frente la alcaldesa santiaguina. Las numerosas críticas y advertencias que recibió a lo largo del proceso, así como el papel que desempeñaron algunos de sus más estrechos colaboradores, también saltarían al ruedo.

Con mucho énfasis, Hassler se dedicaría durante los casi 20 minutos que duraría su punto de prensa a señalar que las culpas se tenían que repartir entre los tasadores y los funcionarios municipales a los que les pidió minutos antes la renuncia. De autocrítica, poco habría en ese punto de prensa.

De hecho, los argumentos que fue entregando los reiteraría luego mediante un hilo en su cuenta de Twitter. Pero, ¿qué de cierto, impreciso o confuso hay en lo que señaló hace casi una semana la alcaldesa de Santiago? ¿Tienen asidero sus declaraciones que posteriormente reiteró? Acá el Fact Checking a sus dichos.

A inicios de año la Contraloría General de la República (CGR) le solicitó a la alcaldesa Hassler transparentar una serie de antecedentes para constatar si hubo -o no- un sobreprecio para conseguir Sierra Bella. El 3 de febrero -fecha en que el municipio de Santiago respondió al ente fiscalizador, la edil adjuntó el currículum de los tres profesionales que acompañó con el siguiente escrito: “Como se puede observar de la lectura de los antecedentes académicos, profesionales y laborales de los peritos y peritas que han participado en el proceso de tasación de la propiedad, objeto del presente requerimiento, estos corresponden a profesionales que han acreditado su expertiz, tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el desarrollo de estudios de inmuebles tanto para bancos, cortes superiores de Justicia, órganos de la administración del Estado, y en algunos casos con varias décadas de esta actividad, cumpliendo con ello los requisitos establecidos por el legislador para la realización de la mentada tarea”.

Esta apreciación, de hecho, no sólo fue dada por la alcaldesa, sino que también por parte de las concejales que apoyaron la adquisición. En conversación con La Tercera, la concejala Virginia Palma (PC) defendió ferreamente a los tasadores: “Poner en duda el profesionalismo de los tasadores con trayectoria, con estudios, personas capacitadas para hacer este tipo de trabajos es gravísimo”, dijo.

Sin embargo, luego del lapidario fallo en contra de su proyecto, el cambio de opinión de la alcaldesa y economista fue evidente respecto de la que dio tres meses antes. “El municipio contrató a tres personas profesionales para que pudieran entregar su trabajo y ese trabajo fue cuestionado por parte de la Contraloría, y requiere tanto de las acciones legales para llevar adelante este proceso (...) presentamos querellas contra los tres tasadores a propósito de las observaciones que ha hecho la CGR”.

Esas fueron las palabras que emitió Hassler el viernes 14 de abril cuando se refirió a las observaciones que cuestionan el trabajo de avalúo realizado por los arquitectos Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha por falta de información, justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias.

La edil ha puesto énfasis en que -tal como concluyó Contraloría- siempre dispuso de todos los antecedentes del proyecto al concejo municipal con “total transparencia”.

Pese a que los concejales detractores del proyecto (Rosario Carvajal -Ind-, Juan Mena y Santiago Mekis, ambos RN), acusaron en reiteradas ocasiones que desde el municipio nunca se entregó la documentación completa para votarlo, lo dicho por Hassler, según el ente contralor y el registro de los hechos, es verdadero.

En la Comisión de Salud del municipio, el 10 de enero se pusieron a disposición de los concejales los primeros antecedentes de Sierra Bella. Esto incluyó, de acuerdo a uno de los presentes, el estudio de título que había elaborado el director jurídico, las tasaciones, los fundamentos de la compra y los antecedentes del vendedor. Todo, certificado por el secretario municipal (S), Mauricio Oros, se habría hecho por mail.

El 12 de enero, el Comité Técnico Administrativo, encabezado por María Angélica Barra, determinó acoger la recomendación del Departamento de Finanzas y de Salud y dio su visto bueno a la transacción, acción plasmada en el memorándum N° 7 de 2023.

Con esos documentos, el 13 de enero la directora de Administración y Finanzas remitió el memo 56 al secretario municipal para que se incluyera la compra en sesiones del concejo. El martes 17 en Comisión de Salud se pre aprobó la adquisición, lo que fue visado por la mayoría del concejo al día siguiente.

En esa sesión Chiffelle explicó que si bien San Valentino compró el recinto por mucho menos, ellos debían regirse por lo que indicaban las tasaciones, como se exige en compras públicas

Casi verdadero. Así se puede calificar uno de los razonamientos que dio Irací Hassler tras el categórico informe emitido por la Contraloría en el que objetó el proyecto de compra del recinto de Sierra Bella por “precio injustificado”. Se trata de uno de sus principales argumentos: el no uso de recursos municipales.

Tal explicación la dio tanto en Twitter como en el punto de prensa que -junto con un importante número de dirigentas comunales, comunistas y del Frente Amplio- dio el viernes 14, un día después de conocer el pronunciamiento de la CGR.

Esa vez, Hassler hizo hincapié en que “no se ha gastado ningún peso del municipio” y que la inmobiliaria no había recibido dineros de la administración municipal.

Es verdadero que el municipio de Santiago no efectuó traspasó recursos públicos a San Valentino. Cuando la CGR suspendió la adquisición que involucraba el desembolso de $8.200 millones desde Santiago a la inmobiliaria el 2 de febrero -como medida preventiva hasta que no se resolvieran las dudas sobre el procedimiento administrativo- todos los movimientos de dinero quedaron congelados. Y luego la justicia incautó el vale vista por $ 2.465.862.002 que Santiago había emitido a nombre de los vendedores del recinto clínico y que correspondía al 30% del precio pactado.

Sin embargo, en todo el proceso de compraventa, según los datos a los que tuvo acceso La Tercera, la municipalidad sí desembolsó dinero. El 11 de enero de 2023, contrató por total de $2.618.834 a los tres tasadores que realizaron los estudios de avalúo de la clínica en cuestión (es decir, se pagó $873.278 a cada uno).

Así también lo expuso la propia alcaldesa Hassler en el punto de prensa del viernes 14 de abril: “Hay tres tasaciones que han sido cuestionadas por parte de la Contraloría y ante eso nosotros tenemos que ser muy claros: son ellos quienes tienen que hacerse responsables del trabajo que prestaron y que el municipio pagó y son ellos quienes tienen que dar la cara y explicaciones frente a la justicia”.

“Lamentamos que, a diferencia de Las Condes, haya reparos a que Santiago cuente con una Clínica Municipal, proyecto que iba a albergar al Cesfam Padre Orellana, que funciona en una casa, y por tanto, requiere urgentemente de un nuevo recinto con mejor infraestructura”.

Tal afirmación no es verdadera.

La única clínica con la que Las Condes cuenta hoy es la Clínica Cordillera, sin embargo esta no es de propiedad del municipio, como sí se pretendía que fuera Sierra Bella. El 16 junio de 2007, el alcalde de Las Condes Francisco de la Maza, firmó con Interclínica un contrato de concesión por 40 años para la administración y operación de Clínica Cordillera, inmueble que fue rematado y adquirido por el municipio para permitir el funcionamiento de un centro hospitalario.

Es decir, Las Condes es propietario del inmueble, el que es arrendado por un privado “mediante una alianza público-privada cuyo objetivo es entregarle salud de calidad a los vecinos con precios preferenciales”, detallaron desde el municipio.

Tal decisión, agregan, se enmarca en la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, según el cual solo tienen como potestad administrar la atención primaria, mas no atenciones secundarias (centros de especialidad) o terciarias (clínicas, centros de operación).

Desde Santiago aseveraron a La Tercera que Hassler se refería a la adquisición por parte de Las Condes de casas para la creación de un Cesfam, respecto del cual hubo acusaciones de sobreprecio por parte de concejales. Sin embargo, tal compra se enmarcaba en la creación de un centro de salud primaria y no de una clínica municipal, como estipuló la alcaldesa.