Julio de 2021. Chile vivía uno de los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19 con el paso de la segunda ola. El virus ejercía una inusitada presión sobre la red hospitalaria, llegando a registrarse más de seis mil pacientes hospitalizados al unísono. Ese momento pudo ser controlado gracias a la labor extra de 30 mil personas en los centros asistenciales.
Ese contingente sanitario, que luego sería llamado “primera línea”, se formó gracias a que se decretó la Alerta Sanitaria el 8 de febrero.
Viendo el daño que había generado el Covid-19 en los países asiáticos a principios de 2020, las autoridades chilenas se apresuraron a tomar las medidas necesarias para contener el coronavirus. Y la resolución permitía, entre otras medidas, el traslado de pacientes a residencias sanitarias, el aislamiento de casos positivos o sospechosos y la contratación de más personal de salud para hacer frente a la emergencia.
El decreto se mantiene vigente y su plazo de expiración está provisto para el próximo 31 de diciembre. El dilema ahora es qué hacer con todos ellos.
Alberto Dougnac, exsubsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad FinisTerrae, explica que el personal se fue reduciendo con el avance de la pandemia y los días: “Entre los 30 mil había todo tipo de especialistas, médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos. Pero cuando empezó a disminuir de forma importante la cantidad de pacientes, nosotros empezamos reducir el personal de alerta”.
El médico explica que una parte importante de esas 30 mil personas eran funcionarios que hicieron doble turno, entonces volvieron a sus labores habituales. Por otro lado, hubo un grupo de personas que pasó a integrar la planta del sistema, porque “anualmente se requiere la contratación de personas para los nuevos proyectos que se están implementando”.
Pero aclara que “hubo un grupo, de cerca de 15 mil personas, que siguió contratado a honorarios para seguir cumpliendo otras funciones que se necesitaban” producto de la misma pandemia.
Por ejemplo, los datos de Transparencia Activa muestran que en agosto en el Hospital San Juan de Dios había 3.987 funcionarios, de los cuales 727 lo hacían a honorarios, y de ellos, 565 bajo el alero de la Alerta Sanitaria.
“Muchas de estas personas (de la alerta) han permanecido porque están haciendo otras actividades que están deficitarias”, puntualiza Dougnac.
Tomás Lagomarsino (Ind.-PR), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, afirma que estos funcionarios han tomado importancia, pues ahora que el escenario epidemiológico es más estable, están colaborando con otros problemas de la red asistencial: “Aún queda una gran cantidad de ellos contratados, principalmente en los servicios de salud y en los hospitales de la red. Más que cumplir labores en torno a la pandemia, trabajan en cerrar brechas históricas de personal y por ausentismo debido a licencias médicas”.
Por eso, Lagomarsino y otros miembros de la comisión -Karol Cariola, Agustín Romero y Helia Molina- presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric que ordene a la autoridad respectiva a redestinar al personal contratado a propósito de alerta sanitaria con el de fin de cerrar las brechas “históricas” del personal y para trabajar en las listas de espera.
“El aporte que significaría la redestinación de los funcionarios contratados en las Seremis y servicios de salud sería invaluable para ayudar a mitigar las consecuencias que están provocando las listas de espera en miles de personas”, precisa el documento.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostiene que actualmente hay alrededor de 8 mil funcionarios con alerta que pertenecen sólo a la Subsecretaría de Salud Pública, mientras que hay aproximadamente 16 mil en Redes Asistenciales.
Respecto a integrar a todos a la red una vez terminada la pandemia, Aguilera afirma que es difícil: “Lamentablemente, no hay posibilidades de mantenerlos a todos. Hay algunos casos, en los que sí hay posibilidades, pero la expectativa de que todo lo que creció el sistema de emergencia se mantenga, es difícil. Por ejemplo, había muchos en testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), y esa función ya no es necesaria. Hay que evaluarlo, es una situación compleja porque hay personal en los establecimientos que están cumpliendo otras funciones”.
Alerta en las oficinas
Debido a la pandemia, los equipos del Ministerio de Salud también crecieron. Según Transparencia Activa, la subsecretaría de Redes contaba en agosto con 49 trabajadores sujetos al Código del Trabajo a través de la Alerta Sanitaria. En su mayoría son profesionales relacionados al área de la salud, pero también periodistas, diseñadores gráficos e ingenieros.
La Subsecretaría de Salud Pública albergaba en agosto 325 colaboradores por Covid, la mayoría ligados a la salud, pero también había ingenieros y sociólogos.
A varios se les terminó el contrato hace poco, por eso el sindicato nacional convocó a una actividad el pasado 29 de septiembre en el frontis del Minsal.
“A fines de septiembre de 2022 comenzó un proceso de despidos masivos en el Minsal, profesionales y técnicos de la salud que enfrentaron la pandemia, con un contrato precario, sin los derechos que les asiste a los privados y restrictivo”, lanzaba la convocatoria.
El resultado está por verse.
