Fiscal Juan Castro Bekios: “El caso convenios es un fenómeno de corrupción; no son casos aislados ni coincidencias”

Diez meses han pasado desde que estalló el denominado “lío de platas” tras conocerse el caso de Democracia Viva -ONG ligada a Revolución Democrática- y se desatara una serie de investigaciones respecto a convenios suscritos entre reparticiones públicas y fundaciones. Con el correr de las semanas el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, asegura tener certezas de que no se trata de casos aislados, en especial considerando que tiene a su cargo pesquisas respecto de seis ONG que suman más de $ 8.600 millones por 82 convenios en 12 regiones.

¿Cuáles son las definiciones y convicciones a las que ha arribado tras estos meses de indagación?

En esta etapa procesal no corresponde hablar de convicción o no. La convicción respecto de la existencia de un hecho punible y de la participación de una persona determinada llega en el momento de la acusación. Pero lo que tenemos hasta el día de hoy son antecedentes que respecto de las personas que están formalizadas justifican la existencia de determinados delitos. Y también hay presunciones fundadas de que tienen participación en calidad de autores. Es relevante haber actuado con rapidez y de forma eficiente. Se han dado muestras suficientes a la comunidad de que somos un organismo autónomo que se está haciendo cargo del fenómeno criminal del caso fundaciones.

El fiscal nacional ha sostenido que se han identificado patrones en estos casos. Más allá de eso, ¿ha detectado la presencia de un mecanismo consensuado?

Hemos detectado patrones comunes. En varios de los múltiples convenios en distintas regiones, vimos que se habían desarrollado en el contexto de convenios suscritos por el Minvu o por gobiernos regionales. Eso no es coincidencia. Parte importante de esos convenios, además, dicen relación con el programa de asentamientos precarios. Ahora, al día de hoy, señalar que hay un gran artífice es algo muy arriesgado. Sí hay un aprovechamiento de ciertas debilidades, vacíos, de ciertos procedimientos administrativos y de ciertas regulaciones que se aprovecharon para defraudar al Fisco.

¿Estiman que hubo coordinación interregional?

Eso no es algo que podamos señalar al día de hoy. Pero sí es importante destacar que si vemos en general el caso convenios, sobre todo nosotros que tenemos varias de sus aristas, hay que verlo como un fenómeno criminal y no como muchos casos aislados. Es un fenómeno de corrupción y es por eso que tiene patrones; no son casos aislados ni coincidencias.

Sostuvieron que había concordancia, por ejemplo, entre el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade. ¿Han dilucidado cuál habría sido el objetivo que perseguían?

Nosotros formalizamos por el delito de fraude al Fisco, donde no se requiere para acreditar el fraude el enriquecimiento de los autores. Si bien podemos encontrar un patrón común respecto de una motivación, no es el objetivo de la investigación de un delito de fraude al Fisco buscar esa motivación.

Un factor común que tienen las aristas que ustedes tienen, al menos las dos formalizadas, es la participación del exseremi Carlos Contreras, cuya defensa ha insistido en que su actuar estuvo siempre visado por superiores ¿Cómo ponderan eso?

Respecto de las personas que tienen a su cargo bienes fiscales y patrimonio fiscal, el hecho de que no haya una normativa explícita no significa que las actuaciones que tengan que realizar no estén debidamente fundadas. De ahí es que hay que tomarse con cuidado las declaraciones que se hagan respecto de responsabilizar a otras personas. Aun cuando haya existido cierta flexibilidad normativa respecto de cómo se hacían estos tratos, eso no significa que yo me pueda eximir de mis deberes.

Tanto Carlos Contreras como Daniel Andrade han responsabilizado a Verónica Serrano. ¿En qué posición está ella?

Los antecedentes que tenemos en la investigación es que ella se mantiene con calidad de testigo.

Los imputados han sido críticos del proceso. Han asegurado que se está ante una investigación sesgada. ¿Cómo toman esos cuestionamientos?

Lo que digan los imputados nos interesa en el contexto de la investigación penal. Todos esos cuestionamientos no han sido hechos en el contexto de la investigación, lo han hecho, normalmente, en entrevistas. Nosotros estamos preocupados de la investigación y de la persecución penal, y creo que hemos dado bastantes muestras de todo lo contrario. Si hay algo que no ha ocurrido en las investigaciones del caso convenios es tener algún sesgo. Hemos sido muy cuidadosos en no hacer aseveraciones que no se basen en antecedentes serios y que hayamos puesto en conocimiento de los tribunales. En términos objetivos, nosotros no hemos tenido ninguna duda, ni hemos trepidado en tomarle declaraciones a todo tipo de personas, de todo rango, con el objeto de esclarecer los hechos y lo vamos a seguir haciendo así. Sea una o dos veces, sean funcionarios de menor o mayor jerarquía.

¿Tiene alguna repercusión en el Ministerio Público el hecho de que se acusen persecuciones políticas? Daniel Andrade sostuvo que era un preso político.

Desde la perspectiva de la investigación que nosotros seguimos, jamás, ni en esta ni en otra investigación, actuamos con sesgo político. No nos corresponde a nosotros investigar ideologías, está absolutamente fuera de nuestras atribuciones, no es una posibilidad. No estamos con ningún interés político. Siempre hemos sido totalmente independientes. Los tiempos de la política son los tiempos de la política, los tiempos de la persecución penal son los tiempos de la persecución penal, y en eso hemos dado más que muestra de nuestra objetividad.

La semana pasada declaró ante usted y el fiscal Cristián Aguilar el ministro Carlos Montes, y luego de esa diligencia, él habló con los medios y aseguró que se había enterado del caso Democracia Viva por una llamada de la ministra Carolina Tohá ¿Ella es objeto de investigación?

Eso es algo que tenemos que evaluar en su oportunidad. Aún nos encontramos en plazo de investigación. No hemos afirmado ni descartado la posibilidad de que declare cualquier persona. En la medida que las necesidades de la investigación y la necesidad del esclarecimiento de los hechos así lo hagan pertinente, lo vamos a hacer. No descartamos la declaración de ninguna persona y en la calidad que sea.

¿Se avanzará en nuevas formalizaciones o reformalizaciones?

Hemos avanzado bastante, pero no podemos descartar nuevas formalizaciones. Tenemos un plazo acotado de investigación que culmina a finales del mes de junio, pero aún no podemos descartar que, en la medida que antecedentes sigan arribando, se haga necesario avanzar en nuevas imputaciones.

Considerando el periodo acotado de investigación que resta ¿Qué penas están evaluando? En su momento el fiscal nacional dijo que sería una vergüenza que el caso convenios termine con clases de ética.

Nosotros hemos seguido adelante investigación por delitos de fraude al fisco, los cuales merecen pena de crimen. Y además, lo que hemos sostenido es que son delitos reiterados. Siendo delitos con pena de crimen y reiterados, no son susceptibles de salida alternativa. Por lo tanto, si la investigación se tuviese que cerrar ahora, la decisión tendría que ser o acusamos para ir a juicio oral o no.

¿El hecho de que el caso convenios sea abordado por ustedes como un fenómeno de corrupción no debiese implicar que sea perseguido por un fiscal especial?

El fiscal nacional ha tenido la visión de que justamente determinados casos y fenómenos que tienen características comunes, los investigue una sola Fiscalía.

Seguir agrupándolas es una facultad que depende de fiscal nacional, pero en definitiva, no por nada tenemos 82 convenios a nuestro cargo con 12 regiones que están siendo investigadas. Creo que hay una señal bastante fuerte en términos de que lo que se está haciendo es justamente buscar una investigación más uniforme y por lo mismo hay coordinación entre fiscales regionales que tenemos causas de esta naturaleza.