Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia: “La criminalidad no sólo se persigue procesando a las bandas, sino quitándoles las rentas ilícitas”

Durante los últimos dos días de esta semana, Chile fue la sede de la 31° asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos (AIAMP), la cual reunió a 20 persecutores de todo el continente para abordar -entre otras cosas- una de las mayores problemáticas en materia de seguridad: el crimen organizado.

Entre ese grupo de persecutores llegó hasta el país el fiscal general de la nación de Colombia, Francisco Barbosa, quien no sólo expuso sobre la persecución penal en su país, sino también traspasó la presidencia de la AIAMP a su par argentino, Eduardo Casal.

A sólo días dejar su cargo de máximo persecutor de Colombia, y al término del encuentro que se realizó por dos días, Barbosa habló con los medios chilenos abordando el trabajo en conjunto que existe entre Colombia y Chile, así como también la actual crisis de seguridad que vive este último.

El fiscal aseguró que en Chile hay indicios de que están bandas como Los Chotas, Los Espartanos y al mismo tiempo el Tren de Aragua, de Venezuela. “Hay organizaciones criminales, y pongo como ejemplo esta última, que ha atravesado muchos lugares del continente, vienen con prácticas violentas y al mismo tiempo han dejado una estela de muerte a su paso”, sostuvo.

Barbosa -en entrevista con La Tercera- apunta a que Chile requiere tener una discusión para crear una ley que busque incautar el patrimonio de las bandas, citando como ejemplo que en Colombia desarticularon durante el último año a 2.100 organizaciones, logrando incautar siete mil millones de dólares. Con normas como estas “los países empiezan a ser problemáticos para los criminales, porque donde pongan los bienes, nosotros entramos a extinguirlos”.

¿Cuál es la situación criminal actual en Colombia?

Entregaremos nuestra gestión con muy buenos resultados, pero tenemos desafíos, porque la inseguridad está aumentando en Colombia y obviamente la acción de la Fiscalía aumenta también. Para que funcione la Fiscalía General se requiere que se articule adecuadamente el Estado colombiano y hoy tenemos dificultades, porque dentro del Ejecutivo no existen elementos de coordinación suficientes con la Fiscalía General de la Nación. Uno esperaría que eso mejore, porque de lo contrario podría ser mucho más complejo desde el punto de vista de seguridad en los territorios.

Esta semana pudo conocer la realidad de Chile. ¿Cómo analiza lo que está ocurriendo?

Creo que es necesario entender que hay fenómenos criminales que empiezan a aparecer en Chile y que pueden generar una situación de preocupación en la ciudadanía, pero yo creo que la tarea que ha hecho el fiscal Ángel Valencia es muy importante. Él rápidamente acudió a la AIAMP y al trabajo bilateral con Colombia, donde hemos venido trabajando para poder enfrentar algunos fenómenos que empezaron a aparecer acá, como extorsión, secuestros, homicidios, narcotráfico, etc. Y yo creo que entre todos podemos hacer una tarea. Pero creo que cuando uno tiene la amplitud de miradas de querer trabajar con sus colegas a nivel internacional para ver cómo se puede mejorar, creo que augura un mejor camino para Chile del que ha tenido Ecuador, en donde pasó de ocho muertos por cien mil habitantes a tener ya casi 45. Cuando se produce eso es porque la justicia, la Fiscalía, las cortes nunca fueron vistas con seriedad por parte de la sociedad.

¿Cuál es la fórmula que puede recomendar a Chile?

Es importante que Chile empiece la discusión sobre la posibilidad de hacer una ley de extinción de dominio (patrimonio). La criminalidad no solamente se persigue procesando a las bandas, a estos criminales, sino quitándoles las rentas ilícitas que se derivan de las actividades delictivas. Cuando la criminalidad no se sienta segura frente a sus rentas irá a otro lugar. Una segunda propuesta es la de seguir mirando con mucha apertura todas las posibilidades de mejoramiento tanto del Ministerio Público a nivel de funcionarios, de trabajo con la justicia y la judicatura, no solamente en Santiago o en las capitales como Valparaíso, Concepción o Antofagasta, sino que en todo el país, incluso en las zonas rurales, para que la gente se sienta involucrada con que la justicia no es un asunto de unos magistrados o funcionarios, sino de todos los chilenos.

¿Existen algunas alertas a las que deberíamos estar atentos?

Es necesario mirar con detenimiento todos esos fenómenos de secuestros y de extorsión y que se están presentando ya en algunos lugares como Antofagasta e incluso zonas donde han venido organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Chotas, Los Espartanos, para saber de dónde proceden. Si se tiene todo ese cúmulo de información va a ser mucho más fácil para la persecución penal por parte de Chile, eso es lo que hemos venido trabajando con el fiscal Valencia durante los últimos cuatro meses. En Francisco Barbosa, casi exfiscal de Colombia y ahora expresidente de la AIAMP, siempre Chile tendrá un amigo.

En Chile se ha vinculado el aumento de la criminalidad organizada con el crecimiento de la migración irregular. ¿Cómo analiza eso usted? ¿Pasó así en Colombia?

Es cierto, yo creo que lo que ha ocurrido es una expulsión generalizada de personas, sobre todo de Venezuela, hacia diferentes lugares del continente. Eso ha venido generando que muchos de estos ciudadanos, que no son todos por supuesto parte de estos grupos criminales, hayan venido a luchar por las rentas criminales contra incluso organizaciones propias de cada país, alterando el panorama social y de tranquilidad pública de la ciudadanía.

¿Qué se debe hacer?

Lo que creo que es importante más allá de negar el fenómeno es comprenderlo y eso significa cooperación para que entre todos podamos tener políticas comunes frente a esto. Colombia lo ha sufrido, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil también lo han sufrido, y es necesario saber cómo se deben no solamente generar procesos de integración a los países por parte de estos ciudadanos que necesitan que se les dé la mano también, sino al mismo tiempo saber cómo hay que perseguir criminalmente las organizaciones que también se están colando en las fronteras de nuestros países.

Uno de los temas respecto a eso es que Venezuela no pone a disposición sus antecedentes. ¿Han tenido la misma experiencia?

Todos los países tenemos un problema en torno a la comunicación alrededor de los antecedentes y de la información que se tiene. En el caso de Colombia, la cooperación judicial con la Fiscalía de Venezuela es precaria, y por ende nosotros tampoco tenemos mucha información y eso nos tiene en una situación difícil, porque se hace un trabajo con migración que es incompleto incluso para procesar a personas cuyos antecedentes no conocemos. Pero para eso también existe una cooperación hoy entre Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y, por supuesto, sigue uno llamando la atención de mayor colaboración con Venezuela, pero lo importante es que entre todos podamos colaborar con esto.

Usted está a días de salir de su cargo y en varias ocasiones ha sido cuestionado, incluso lo han tildado de opositor al gobierno del Presidente Gustavo Petro. ¿Deja algún mensaje respecto a las presiones políticas que pueden recibir los fiscales?

Yo he defendido a Colombia, las instituciones, a la ciudadanía, a la Fiscalía y a la rama judicial del poder público. Desde ningún punto de vista puede ser posible que haya una intromisión en el funcionamiento de la autonomía e independencia de la rama judicial, no puede haber presiones a las altas cortes, al fiscal general y, por ende, mi posición es la siguiente: el día que permitamos que los gobiernos pasen por encima de la rama judicial del poder público para evitar investigaciones que tienen que ver con corrupción al interior de los ejecutivos, con crimen que se genere alrededor de los otros poderes públicos, ese día estamos acabando el Estado de Derecho y la democracia.