Francisco Soto, experto del PPD: “Hay que evitar que esta sea una Constitución que venga del Olimpo”

El abogado y doctor en derecho Francisco Soto -experto independiente en cupo PPD- lleva más de 20 años dedicado al derecho constitucional y a los procesos de participación para elaborar nuevos textos constitucionales. Esa especialidad lo llevó a integrar el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente de la expresidenta Michelle Bachelet y, en el último tiempo, a ser parte de la Secretaría Técnica de Participación Popular de la disuelta Convención.

Soto dice que pondrá énfasis en “generar una propuesta que permita hacer un modelo donde el Presidente pueda ejecutar sus programas y no quede atomizado en un Parlamento con una pluralidad de partidos que impide gobernar”. Junto con eso, se la jugará por un modelo de Estado social y democrático de derecho que priorice los derechos sociales más fundamentales.

¿Cuál cree que será el desafío más grande que va a enfrentar el Consejo Constitucional?

Como el primer borrador lo elaboran expertos, el desafío más relevante es que hay que evitar que esta sea una Constitución que venga del Olimpo, que se produzca una Constitución elaborada por expertos desconectada del debate que se ha ido generando en los últimos 10 años. Es muy importante que los expertos retomen las conversaciones previas, le den un sentido a esta tercera versión y reconecte con la ciudadanía.

¿Qué principios le gustaría defender en la Comisión Experta?

Lo central es darle más fuerza aún que la versión de la Convención al Estado social y democrático de derecho. El proyecto de la Convención tenía varias deficiencias en ese sentido. El hecho de levantar 150 y tantos derechos debilita la intervención del Estado en la protección de esos derechos. La versión de la Convención terminó, en gran parte, remitiendo a la ley.

¿Se puede pensar en un modelo de Estado social y democrático de derecho sin un catálogo de derechos enormes que lo remita todo a la ley?

La experiencia europea hace que cuando se habla de Estado social y democrático de derecho tiene que ver con la priorización de ciertos derechos, donde el Estado asume un rol protagónico. Esto no quiere decir que se postergue el papel de los privados, sino que asume un rol que pasa a ser descrito y caracterizado en la Constitución. Si esas características las remites a la ley, esos derechos pierden un poco de fuerza. Además, cuando generas una tremenda mochila de derechos, finalmente esos derechos terminan siendo debilitados, porque en el fondo ya no son tres o cuatro derechos los que se tienen que defender, sino que son 150 y tantos.

¿Qué lecciones se pueden sacar de lo que fueron los mecanismos de participación de la Convención?

Hay que articular una metodología que tenga un inicio y un final. El final supone que los ciudadanos que participaron tengan una clara comprensión de por qué su propuesta fue acogida o no fue acogida. Eso que se conoce en temas de participación como “devolución” es clave, porque en la medida en que eso no se haga, que fue lo que pasó con la Convención y en el proceso de Bachelet, genera una alta insatisfacción y distanciamiento entre el texto elaborado y las expectativas de los ciudadanos.

¿No es contraproducente que la participación parta cuando ya exista un anteproyecto?

Es una ventaja contar con un borrador en el momento en que el órgano electo va a estar discutiendo, porque la experiencia comparada dice que cuando tienes un texto y puedes focalizar la conversación los aportes son de mejor calidad y más incidentes.

¿Cómo evitar la frustración del proceso anterior? Hubo iniciativas populares con muchos patrocinios que fueron rápidamente desechadas.

Uno de los problemas que tenía la regulación del proceso anterior era que no incorporaba mecanismos que en el derecho comparado son clave, como la participación de los promotores de las iniciativas populares en la discusión, de manera que ellos pudieran ser parte de lo que se conversa y de lo que se termina resolviendo.

En algunas de sus reflexiones ha dicho que la legitimidad de origen no es suficiente. ¿Qué hacer para lograr legitimidad durante el proceso y evitar otro fracaso como el del 4-S?

En la medida en que logremos insertar fórmulas exitosas y que le dé sentido a la gente, vamos a poder reconciliar a los ciudadanos con los textos legales. Yo tengo la impresión de que se ha experimentado una forma de elaborar constituciones respecto de la que yo soy crítico y que básicamente supone que una mayoría circunstancial le imponga al resto del país una manera de ver las cosas. Existe otra manera de redactar los textos constitucionales donde la elaboración de los textos supone palabras clave que les dé sentido a los distintos ciudadanos que componen el país y que tienen diferencias ideológicas muy estructurales. El derecho constitucional puede ser un punto de encuentro que logre reconciliar al país si redactamos con un espíritu integrador.

¿Se refiere a que hay que dejar atrás lo que algunos han llamado la tentación de escribir un programa de gobierno en vez de una Constitución?

Nosotros trabajaremos buscando integrar los contenidos que durante 10 años se han venido levantando y que se han ido enriqueciendo con los distintos debates. Tenemos que darle una redacción que no agreda a nadie y que de alguna manera logre integrar los distintos puntos de vista que componen este país.