François Valérian, presidente de Transparencia Internacional: “Las reuniones con grupos de interés deben ser registradas”

Tuvo una intensa agenda en Davos este año. François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, profesor de finanzas, regulación y gobernanza, cree que este tipo de encuentros mundiales son necesarios para luchar contra la corrupción desde el ámbito internacional. Fue elegido miembro de la junta directiva de TI Francia en 2013, y anteriormente fue el líder de las iniciativas de integridad empresarial en la Secretaría de Transparencia Internacional.

Autor de varios libros, entre ellos Crisis en la gobernanza. Ética empresarial y la carrera por el beneficio, comenta muy positivamente sobre el capítulo chileno de Transparencia Internacional. “El capítulo chileno es un gran capítulo y muy activo. María Jaraquemada asumió una responsabilidad importante al liderar esta comisión que se formó después de que hubo un caso de conflicto de intereses”, dice.

En medio de sus reuniones y ponencias en el centro de esquí suizo, Valérian se sienta en uno de los rincones menos ruidosos del Congress Center de Davos para hablar de transparencia y conflicto de interés, y también del caso chileno, a propósito de las reuniones en casa de Pablo Zalaquett.

¿Cómo cree que los problemas de transparencia y corrupción han aparecido en este Davos, y cuáles son las principales preocupaciones en este año récord de elecciones en el mundo?

Davos es un lugar importante porque es un lugar donde podemos tener una reunión global. Un encuentro entre personas de varios países, y nuestro principal desafío en la lucha contra la corrupción es derrotar la economía global de la corrupción, ese es el punto principal. La economía de la corrupción es global, desde los pequeños sobornos en varios países hasta los flujos financieros masivos que llegan aquí a Suiza, Francia, Estados Unidos o Reino Unido. Ese es nuestro desafío y por eso es importante tener reuniones con muchas personas y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que este año tendremos más elecciones que nunca, al parecer. Es importante que los ciudadanos elijan a personas a las que se les confiarán tareas comunes, y no participar en una especie de juego en el que el poder se venderá al mejor postor. Ese es el desafío del financiamiento político. Estuvimos en diciembre en Atlanta, para la convención de los estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y abogamos firmemente porque se tomara en cuenta la transparencia en el financiamiento político. No pudimos lograr que esta cuestión crucial esté en la declaración final, debido a la oposición de algunos países, pero aun así forma parte del debate global y es muy importante para nosotros.

Como sabrá, en Chile hemos tenido un gran debate público, de si las reuniones con lobbistas y políticos deben quedar registradas, según nuestra ley, que no es tan detallada. Desde el punto de vista de la transparencia y de la prevención de la corrupción, ¿cómo deberían ser los encuentros entre los políticos y los empresarios o los grupos de interés en general?

Los grupos de interés deben estar registrados, y las reuniones deben ser registradas, sean en ministerios o en lugares privados.

No depende dónde sea el encuentro…

No, porque es una manera fácil de intentar burlar algunas leyes que no son, como usted dice, comprensivas, organizar reuniones en otras partes. Si un lobbista quiere reunirse con el ministro, y el ministro propone reunirse en un café cerca del ministerio, sigue siendo una reunión, ¿verdad? No necesariamente pasará en un café cerca del ministerio, pero sí en una casa o apartamento privado. Creo que eso debe estar registrado. Es cierto que no todas las leyes prevén eso, pero muchas leyes necesitan mejorar, no solo en Chile sino en varios países, entonces eso es una cosa. Ahora, más allá de los registros y más allá de esas revelaciones del lobby y las reuniones que tienen, lo que queremos obtener es la huella ejecutiva y legislativa.

¿Qué significa eso?

Significa que los ciudadanos deben conocer todos los documentos que conducen a la aprobación de una ley o a una decisión o reglamento ejecutivo importante. Para eso contamos con las herramientas digitales, eso es posible. Hace 10, 20 años no era posible, (pero) tenemos las herramientas de transparencia, que son herramientas digitales, entonces se puede hacer. Ahora mismo en Alemania ha habido un caso legal en el que un periodista obtuvo comunicación de todos los documentos que condujeron a la decisión sobre el gasoducto que lleva gas ruso a Alemania. Ese fue un proyecto muy debatido y no sabemos exactamente cómo se tomaron las decisiones. La administración se negó (a dar la información), diciendo que había demasiados documentos y que no se podía hacer eso en la era digital, pero el tribunal de Berlín falló en contra de la administración y dijo que la decisión debería ser comunicada y que se podrían comunicar todos esos documentos. Se los entregarán al periodista. Veremos la huella ejecutiva en acción.

¿Y esa huella significa mensajes de WhatsApp, por ejemplo? ¿No solo correo?

Obviamente mensajes de WhatsApp. Tomemos el ejemplo alemán, el ejemplo de la UE y el ejemplo francés. El expediente Uber: el intercambio de mensajes, de correos electrónicos que llevaron a que Uber tuviera una ley que lo beneficiaba, porque rompía el monopolio que tienen los taxistas. Hubo muchos intercambios de mensajes, antes de la ley y antes de algunas enmiendas, entre el entonces ministro de Economía y su gabinete -que era Emmanuel Macron- y luego miembros del Parlamento. Toda esa gente estaba contribuyendo a eludir, pero la gente no sabía que se estaban dando esos pasos, entonces, tuvieron que revelar eso. Entonces está bien si un gobierno es franco al decir: “Me reuní con Uber, estoy convencido de sus argumentos porque es bueno para el crecimiento de la economía, tengamos esta ley”, pero no es lo que le dijeron a la gente, solo la última parte. Se dijo: “Esto es bueno para el crecimiento de la economía”. Pero no que todos los argumentos provinieran de Uber y su lobbista.

¿Esas conversaciones hay que revelarlas?

Eso tiene que estar abierto. Otro ejemplo: la Unión Europea. Durante la crisis de salud del Covid se tomó la decisión de comprar vacunas a Pfizer. Y entonces se supo que había habido intercambios de mensajes de texto entre Ursula von Der Leyen y Pfizer, donde su marido tenía intereses. Ella se negó a publicar sus mensajes. Tiene el derecho, pero lo que decimos es que eso no refuerza la confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones. Ahora vamos a celebrar elecciones en junio para el Parlamento Europeo. Y hay voces muy fuertes que están contra Europa, contra las instituciones europeas, y si queremos fortalecer la confianza de los ciudadanos, los líderes políticos también tienen que comportarse de manera perfectamente ética.

Y eso plantea el problema de cómo pueden los políticos negociar si todo el mundo los mira todo el tiempo, ya que la política también necesitaría espacios de diálogo sincero que no estén destinados a ser registrados ni publicitados.

No pedimos que se grabe a los políticos todo el tiempo, desde la mañana hasta la tarde y durante la noche y en todas las conversaciones. Estamos pidiendo que se publiquen todos los documentos escritos, los mensajes y todo eso. Y todos sabemos que aunque tengan conversaciones y negociaciones a puerta cerrada, habrá documentos que saldrán de esas reuniones, de esas conversaciones. Y estos documentos son la huella legislativa que estamos pidiendo y tienen que ser publicados.

Si no están discutiendo una política pública o una ley en particular, empresarios de un sector hablando con el ministro de Finanzas. ¿Qué se debe hacer para cumplir con los estándares de transparencia?

Lo importante es que lo que queremos tener es lo que contribuye directamente a la elaboración de la ley y al interés de los ciudadanos. Si, por ejemplo, un jefe de Estado aquí en Davos está tomándose un café (con alguien) ahí en la esquina, no estamos pidiendo que eso se divulgue, que se publique o se tuitee, no es lo que importa. Pero si después de eso hay un intercambio de información que contribuya a la elaboración de una regulación o de una ley, eso queremos que sea publicado. Y si esta conversación en Davos está teniendo consecuencias reales, estas quedarán documentadas en algún lugar, dentro del ministerio, en el archivo del gobierno, por lo que es muy obvio que habrá documentos en alguna parte que conducirán a decisiones serias y con consecuencias. Esos documentos no pueden ser secretos.

Voy al caso chileno, de cenas en casa de un lobbista. Algunas fueron de exposición, otras con empresarios y hablaron del sector. ¿Qué opina al respecto?

Bueno, no voy a comentar los detalles de un caso que no conozco perfectamente. Es bueno ver a Chile Transparente -nuestro capítulo nacional-, qué piensan sobre el caso y cómo se podría mejorar la ley. En general, cada vez que hay un intercambio de información y recomendaciones entre un ministro y gremios, lobbistas, incluso ONG y asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos o sindicatos, deben documentarse antes o después. Si solo hablan del tiempo, o del fútbol, aquello no se transformará en un documento escrito ni en el ministerio ni en el gobierno, porque eso no tiene consecuencias para los ciudadanos, y no estamos pidiendo nada. Pero si (han hablado) sobre regular de manera diferente un sector, estamos 100% seguros de que habrá un documento escrito en alguna parte como resultado de esta reunión. Una minuta o como un intercambio de información, como un documento o una nota que será enviada por el lobbista o por la asociación gremial, a alguno de los miembros del gabinete del ministro, para “contribuir” a la regulación.

Si no hay documento/resultado, ¿igual debe registrarse la reunión, que hubo una reunión?

Sí, registro de que la reunión sucedió.

¿Y qué pasa con las ONG? ¿Cuándo una reunión informal o una reunión social se convierte en una situación de lobby con una autoridad?

No conozco la situación legal en Chile sobre las ONG, que es claramente diversa entre los países. Lo que yo pienso, como presidente de Transparencia Internacional, que una ONG debe ser transparente en sus reuniones con los líderes políticos, y con todos. En Transparencia Internacional, cuando nos reunimos con personas, decimos que nos reunimos con esas personas. Y cuando nuestros capítulos en varios países se reúnen, revelan que tendrán esas reuniones y luego divulgan los resultados de esas reuniones. Si no lo hacen, bueno… están trabajando con la opinión pública, están trabajando para informar a la gente, entonces, ¿cuál es el propósito de tener reuniones que no serán reveladas?

¿Y qué pasa con los líderes políticos que no están en el gobierno ni son congresistas, por ejemplo, presidentes o autoridades de partidos políticos? Una vicepresidenta de partido en Chile fue a estas reuniones y dijo luego que asesoraba a un dirigente gremial. ¿Cuál debiera ser el estándar de transparencia?

Hay varios aspectos y varios ángulos para abordar este tema. Está el ángulo del financiamiento político, de partidos y de campañas, que tiene que ser transparente, lo que también nos ayuda a combatir los conflictos de intereses. Pero también tienes leyes de revolving doors, de manera que personas con un alto nivel de responsabilidad política no puedan trabajar (en sector privado) por algún tiempo después de haber dejado su responsabilidad. Con las autoridades de los partidos políticos, creo que existe una responsabilidad hacia los miembros de este partido, por lo que también es un tema sobre el que estamos trabajando en algunos países, estoy pensando en Suecia, por ejemplo. Deberían tener un accountability, una rendición de cuentas, hacia los miembros de su propio partido, y es el mismo tipo de rendición de cuentas que hay dentro del país. Entonces, los líderes políticos, las personas que son responsables por un partido, que han sido elegidos para esos cargos, tienen un mandato y tienen el deber de informar a los miembros del partido sobre de dónde provienen sus posturas. De qué contactos, de qué intercambios, para que haya una rendición de cuentas que sea, en principio, la misma que existe para los ministros del Jefe de Estado.