Era el último día laboral de la ministra Romy Rutherford a cargo del caso fraude en el Ejército. En esta investigación procesó a los últimos cinco comandantes en jefe de la institución Juan Emilio Cheyre (2002-2006), Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022). Un saldo no menor y que caló hondo en el mundo militar.
Sin embargo, ese último día le quedaban algunos pendientes, entre esos, ampliar el procesamiento que en octubre de 2022 había dictado contra Cheyre por el delito de malversación. Esa vez, el encausamiento fue por $ 128 millones por el mal uso de gastos reservados y, ahora, le imputaba el desvío de fondos por más de $ 5 mil millones.
En un informe enviado por la jueza Rutherford a la Corte Marcial, en noviembre del 2022, expuso que “al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”.
En el último procesamiento expuso supuestas maniobras de Cheyre para quedarse con fondos de los gastos reservados y repartirlos entre los generales en retiro, y también entre su patrimonio. Uno de los tópicos también apuntaba a los dineros que habrían ido a parar, irregularmente, a la seguridad de Augusto Pinochet y su familia.
Evacuado el encausamiento contra el general (R), la defensa decidió apelar a esta resolución el 9 de septiembre, tomando como punto central para la defensa -representada en el abogado Jorge Bofill- que oficial del denominado “Nunca más”, nunca se habría quedado con dinero proveniente del Ejército.
En los descargos que serán alegados ante el tribunal militar, según fuentes del caso, se expondrá que la ampliación del procesamiento se fundó en un informe pericial cuya elaboración fue aplazada en nueve oportunidades.
Sus resultados -explican quienes conocieron los descargos que se preparan- fueron entregados pocos días antes del vencimiento del periodo legal otorgado a la ministra para conocer de la causa.
El informe policial, agregan, sólo se funda en declaraciones “vagas e imprecisas”. Esto demostraría, a juicio de la defensa, lo objetable de la ampliación del auto de procesamiento, razón suficiente para lograr revocar el fallo.
Pero ese no será el único argumento. Otra de las consideraciones que serán expuestas dicen relación con que durante el mandato de Cheyre, éste redujo el gasto en guardias, pues habría ordenado disminuir “drásticamente” el uso de fondos destinados al resguardo de excomandantes en jefe.
Ello, expondrán, especialmente respecto de los gastos para la seguridad del excomandante en jefe Augusto Pinochet y su familia.
La defensa solicitó los oficios correspondientes al Ejército para que informe de la reducción de gastos por este concepto, por lo que se está a la espera de esa diligencia para adjuntarla al expediente de la causa que ahora lleva la ministra Ana María Osorio.
Contraloría interna
Los descargos de Cheyre también apuntarán a algunos de sus “hitos” en su rol como comandante en jefe.
Se expondrá en su defensa ante el tribunal de alzada militar que él entregó “instrucciones claras y precisas”, respecto de la utilización de recursos , además de la creación de la Contraloría Interna del Ejército.
Además, se detallará ante los magistrados de la corte que se puso a disposición de la investigación todas las cuentas corrientes tanto de Cheyre como de su señora. Lo mismo se hizo respecto de sus declaraciones de bienes que tenía en su poder desde que entró a la comandancia en jefe, hasta que entregó el cargo al general (R) Izurieta.
La defensa del exalto oficial, además de su alegación, también reforzará que hay diligencias que se pidieron, pero que no han sido concretadas, como el requerimiento de llevar a cabo una declaración, frente a frente, con los exuniformados Sergio Vásquez Undurraga, Juan Pablo de la Fuente Correa, Marcelo Ocampo Miño y Jaime Pantoja Moreno.
Esta diligencia, explicarán ante la corte, no habría sido autorizada por la ministra Romy Rutherford, dado que dejaría el cargo pronto.
Ahora será la Corte Marcial quien decida si acoge o no los descargos del general (R) y el pie en que queda el exoficial ante la nueva ministra del caso.
