Glosario para entender el debate constitucional

La presidenta Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) ya lo había adelantado: febrero es un mes clave para la Convención. No solo porque el órgano entró de lleno en la etapa de votación en general y particular -e incluso en el pleno, a partir desde el 15 de febrero-, sino que también porque hoy el trabajo de los convencionales es más visible que nunca para los ciudadanos.

A diario, dentro de las siete comisiones temáticas que componen la Convención se delibera, vota y presentan indicaciones sobre las más de 1.200 iniciativas de norma que buscan un lugar en el proyecto de nueva Constitución. En estas instancias, se ha hecho evidente que para la ciudadanía, e incluso en algunas ocasiones para los propios constituyentes, hay conceptos nuevos que pueden ser difíciles de comprender.

Muchos de estos conceptos responden a las características e ideología del colectivo o movimiento que la presentó. Otros, a discusiones jurídicas que se arrastran desde hace años. Al respecto, Sebastián Soto, académico de la facultad de Derecho de la UC, hizo un alcance: “Toda Constitución siempre tiene conceptos indeterminados pero, por lo que se ha visto, algunas propuestas de las comisiones abusan de ellos. (...) Así no se construyen certezas que es uno de los objetivos de cualquier Constitución”.

A continuación, se presentan diez conceptos que, de ser aprobados por los dos tercios del pleno, podrían quedar consagrados en el proyecto de nueva Constitución.

La semana pasada la comisión de Sistemas de Justicia aprobó en general la creación de un Tribunal de los Pueblos Indígenas en cada región que posea territorios propios de los pueblos originarios. Dentro de las personas que lo compondrían, habría una mujer y un hombre expertos e indígenas de la respectiva región, “con conocimiento de la cosmovisión de los pueblos”.

¿Pero a qué se refiere este último concepto? La coordinadora de la comisión, Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales Constituyentes), aclaró que la cosmovisión actúa como la “visión del todo”. En este sentido, según explicó, “es la forma en cómo se entiende en general el universo, así como la existencia individual y comunitaria dentro de este”.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordan, agregó que se refiere a que exista consideración por tener una “mirada particular que tienen los pueblos en la relación entre la vida, entre lo humano, la naturaleza y la interacción que se produce entre ella”.

Sobre este concepto (y otros como plurinacionalidad), Soto señaló: “Es lamentable que las normas que se proponen nos acerquen al constitucionalismo ecuatoriano o boliviano y no sigan modelos europeos que son más sobrios en este estilo de declaraciones”.

Este concepto está incluido en la norma aprobada en particular en la comisión de Forma de Estado que establece que Chile es un país oceánico conformado por los ecosistemas marinos, como también por las aguas, el lecho y el subsuelo del maritorio. Además, en el artículo se especifica que el Estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios con el maritorio y que es su deber proteger los espacios y ecosistemas marinos.

El convencional Julio Álvarez (Colectivo Socialista), quien patrocinó la iniciativa, explicó que la actual Constitución no incluye un concepto similar. Según dijo, muchos consideran que se trata de una Carta Magna “seca”, porque “no incluye el mar en acápite alguno”. Álvarez (CS) argumentó que la inclusión del concepto resulta clave debido a “la importancia política y geoestratégica del resguardo del uso y de la defensa del espacio marítimo.

Dentro de una norma presentada por la convencional Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) ante la comisión de Medio Ambiente, hay un concepto que para algunos ha resultado curioso. Se trata de la sintiencia de los animales. Específicamente, lo que la convencional busca es prohibir las prácticas de crueldad que se ejercen contra ellos. Arauna (Pueblo Constituyente) explicó que el término se refiere a “la capacidad de experimentar cosas, o sea, de poder vivenciar lo que nos pasa”.

Además, la convencional argumentó que la sintiencia de los animales es algo comprobado, y que la inclusión de este concepto es relevante porque permitiría “vivir en equilibrio entre naturaleza y los seres vivos”, así como también “evitar actos de crueldad contra los animales”.

Sobre este concepto, Jordan reafirmó: “Se establece un deber de protección respecto de estos seres sintientes y en particular de los animales. Por lo tanto, se establece una afirmación como sujeto de derecho, o por lo menos de protección por parte de los seres humanos”.

Este otro concepto está dentro de una iniciativa aprobada en particular dentro de la comisión de Justicia que busca que la nueva Constitución cambie el término de “Poder Judicial” por “Sistemas de Justicia”. Así, en plural. De acuerdo a Christian Viera (Frente Amplio), coordinador de la comisión, el cambio de nombre responde a la idea de que no hay un Poder Judicial, sino que hay una función de impartir justicia, que es ejercida por cada juez de la república.

El término está escrito en plural, según explica el coordinador, porque responde a un concepto ya instalado en la Convención: la plurinacionalidad. En este sentido, surge la idea del pluralismo jurídico, que, según explica Viera (FA), es una corriente que reconoce que en un Estado pueden existir y convivir diferentes modelos jurisdiccionales, como la justicia nacional con las jurisdicciones indígenas.

Este concepto se incluye en una iniciativa aprobada en general en la comisión de Sistema Político sobre participación y representación política”. Alondra Carrillo (MSC), la convencional que la presentó, explicó que estos organismos vendrían “a ofrecer una alternativa de representación política para las formas de organización que los pueblos en Chile han ido desarrollando en los últimos años”.

La convencional justifica que es necesario establecer esta tipo de organización de forma paralela a los partidos políticos. Según Carrillo (MSC), lo ideal sería habilitar formas distintas a la forma de los estos, para que los sectores populares que se han organizado de maneras diversas puedan tener una vía de expresión al interior del Estado.

Durante la semana, la comisión de Forma de Estado aprobó en particular la iniciativa de norma que establece a Chile como un Estado Regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas. A raíz de esta votación, entre los convencionales, quienes en gran parte confían que esta propuesta será ratificada en el pleno, se habla de un Estado “regional autónomo”. Pero ¿en qué consiste?

Para la convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales), una de las impulsoras de la norma, la implementación del concepto de Estado Regional responde a “una forma de Estado donde se distribuye territorialmente el poder a través de la creación de verdaderas comunidades políticas”, las que son denominadas “entidades territoriales”.

La abogada constitucionalista y académica UAH Claudia Sarmiento hace una advertencia: los términos “regional” y “autónomo” necesitarían de una conceptualización más inmediata, puesto que, en caso de dejar atrás el Estado unitario, podrían surgir incógnitas sobre qué competencias o cuánta autonomía respecto del gobierno central tendría cada región.

La comisión de Medio Ambiente aprobó en general la iniciativa presentada por la convencional Ivanna Olivares (Coordinadora Plurinacional y Popular) que propone la “Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”.

Frente a este último concepto, Olivares (Coordinadora Plurinacional y Popular) argumentó que “hay bienes naturales que, por el daño social y ambiental que genera su extracción, la elevada renta que producen (...) tienen un carácter estratégico para Chile”, en el sentido de que “el ejercicio de nuestra soberanía como pueblo requiere, en parte, tomar control directo sobre la producción y destino de estos bienes”.

Este concepto es parte de la iniciativa aprobada en general en la comisión de Medio Ambiente. La propuesta busca establecer que el Estado de Chile reconozca a la “semilla libre de intervención” como patrimonio vivo y cultural. Según Carolina Vilches (MSC), una de las patrocinadoras de la norma, el concepto apunta a la semilla que es resguardada por los campesinos y campesinas, “libre de este tratamiento con pesticidas, herbicidas y que representan parte del patrimonio biocultural que hay en los territorios”.

Frente al concepto, Sarmiento tiene algunos reparos: “No es claro si será un concepto que busca incidir o no en el modelo de desarrollo agrícola. Y si es así, qué deberes supondrá para el Estado y los particulares”.

Este concepto se incluye en la iniciativa que busca garantiza “el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexo-genéricas”. Según explicó Valentina Miranda (Chile Digno), una de las patrocinantes, es una forma de referirse a las personas que se enfrentan con la “heteronorma impuesta en la sociedad”, en que la norma es “llevar una vida sexo-afectiva heterosexual y cisgénero”. Según sostuvo, quienes no respetan esos parámetros sociales “son víctimas de odio, de crímenes y discriminación”.

En este sentido, Sarmiento comentó que, de ser incluido constitucionalmente, el concepto se encontraría en línea con los desarrollos del derecho internacional de los Derechos Humanos, al reconocer la discriminación y violencia estructural que vive la comunidad LGTBIQ+.

Para algunos, el concepto de “disidencias” puede ser difícil de entender. De hecho, aunque luego se retractó, el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) cuestionó su uso. “¿Por qué disidencias? Como si el que tiene una condición sexual de minoría es un disidente, un rebelde, alguien que evitar”, dijo en una sesión.

Este concepto se incluye en una indicación aprobada en particular que buscaba reemplazar la expresión “indígenas” por “preexistentes al Estado”, presentada ante la comisión de Forma de Estado. Pustilnick (INN) argumentó: “En nuestro país han convivido diversos pueblos y naciones desde antes de la existencia del Estado de Chile, y es importante que se les reconozca como tales”.

Además, la convencional sostuvo que la expresión responde a la realidad histórica de Chile, puesto que “el concepto de Nación debe entenderse como el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos u otros”.