Antes de asumir como autoridades de gobierno, el grupo de confianza del Presidente Gabriel Boric descartaba públicamente insistir en la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur, decretado en octubre del 2021 por la administración de Sebastián Piñera. Era una decisión tomada y así lo ratificaron llegando a Palacio.
“No vamos a extender el estado de excepción constitucional en el wallmapu. Es lo que hemos dicho permanentemente y lo reiteramos”, aseguraba, tajante, el 12 de marzo del 2022, la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Sin embargo, esa convicción se diluyó en poco más de dos meses, pues el 17 de mayo de ese año, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío. Los militares entonces, Ejército y Armada, debieron trasladarse a la zona. A un año de esta medida, los resultados son catalogados en La Moneda como positivos: los atentados cayeron en un 30% y se fijaron 12 puntos de control en rutas.
Se habló de la primera “derrota ideológica” para el gobierno, aunque en La Moneda -estiman- era algo que tenían que hacer, pues el contexto no resistía otra salida. La entonces ministra del Interior, Izkia Siches, había sido imposibilitada de entrar a la comunidad Temucuicui, luego de impedir -con balazos al aire- el avance de su comitiva. A ese episodio se sumó que 30 camiones fueron quemados en un día en Arauco y se registraron 49 eventos violentos en sólo dos semanas.
Desde entonces, y a un año de decretado el estado de excepción, también se observa la caída en la cantidad de homicidios (-56%) y en los eventos con presencia de armas de fuego (-36%). Asimismo, los ataques incendiarios disminuyeron en un 21%.
A pesar de la caída en la cantidad de eventos violentos en la Macrozona Sur, el gobierno mantiene su preocupación por el recrudecimiento de estos hechos, pues en las últimas semanas se ha registrado una seguidilla de atentados. Según información que maneja Carabineros, en 15 días se registró casi un atentado por día, lo que derivó en que el Ejecutivo decretara “alerta roja” entre La Araucanía y el Biobío.
Fue la misma ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ahondó en esta inquietud el 9 de mayo ante el Senado. Ahí explicó que se está trabajando en la “mantención del ritmo de reducción y contención de los episodios de rebotes que tenemos, porque podemos tener una reducción de los hechos de violencia, pero rebotes muy graves, y que si sacáramos el estado de excepción podría ser desde donde vuelva a escalarse la violencia a futuro”.
La ministra, además, expuso que los grupos más violentos buscan tener un “mártir”, lo que también marca un cambio en el tono que hace un año tenían desde el gobierno para manejar el conflicto en la zona.
En el gobierno recuerdan una frase que la antecesora de Tohá, Izkia Siches, lanzó el mismo día de desplegar a los efectivos del Ejército y la Armada en la Macrozona Sur. “No queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero”, dijo la entonces jefa de Interior, algo que no cayó bien en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y que muestra un contraste con las declaraciones de estos días.
El rol de las FF.AA.
Para cumplir con estas labores, en las FF.AA. han debido disponer de una importante cantidad de contingente para enviar a la zona.
Para La Araucanía, el Ejército dispuso casi mil efectivos, cifra similar que destinó la Armada en el Biobío. Principalmente, su despliegue estuvo enfocado en las rutas, quedando fuera del control en los caminos rurales más complejos. Sin embargo, esa disposición ha ido cambiando, pues actualmente también -siempre y cuando los llame Carabineros- concurren a esas zonas, especialmente para prestar coberturas de ingreso a la policía.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, explica que “cumplimos un año de estado de excepción, lo que representa un gran esfuerzo del Estado para contribuir a normalizar la compleja situación en el sur del país. Quisiera hacer un reconocimiento a cada uno de los jefes de la Defensa Nacional y a los hombres y mujeres de las FF.AA. que se han desplegado para cumplir con las tareas asignadas”.
En esa misma línea, agregó que la labor militar no solo ha permitido el control en temas de seguridad, sino que también “ha permitido dar cobertura a las cosechas y el transporte del grano, la infraestructura eléctrica, sanitaria e hídrica, y ha permitido también retomar o iniciar proyectos como caminos, sistemas de agua potable rural y antenas de telefonía”.
En total, las FF.AA. han realizado más de cinco mil controles, 19 mil patrullajes y más de 8.500 fiscalizaciones mixtas con la policía. Además, desde Defensa agregan otro dato: han recorrido 1,5 millones de kilómetros en un año, desmitificando que solo cumplen tareas de turnos fijos.
Para Patricio Santibáñez, presidente Multigremial Araucanía, “el estado de excepción es una buena herramienta para contribuir a la seguridad y la eficacia de la justicia, cuando se aplica bien, y ellos se han desmontado en algunos periodos. Sin embargo, la aplicación restringida que se hace no ha permitido una contribución más importante”.
Para Santibáñez la dotación desplegada es baja, cambiante y sin atribuciones, lo que para él “son aspectos que atentan contra una mayor eficacia y generan amplios espacios para el actuar de grupos terroristas y violentos”.
