En La Moneda no querían llegar al fin de semana con 1.700 camiones apostados a lo largo de la Ruta 5. Para eso, a dos días de iniciada la movilización de los transportistas de carga del norte y centro del país, se activó la estrategia de anunciar el uso de la Ley de Seguridad del Estado (LSE). El lunes empezaron las protestas, continuaron el martes y el miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió sobre el uso de la medida. Sin embargo, ni la alerta, ni la concreción de las 31 acciones judiciales entre jueves y viernes rindió frutos. Y ayer, el paro arrojó un dato crítico: la Asociación de Supermercados informó que un 20% de los locales a nivel nacional tienen problemas de reposición de productos.
La estrategia de invocar la LSE funcionó en abril de este año, cuando el Ejecutivo fue por primera vez acorralado por los camioneros; esa vez, por la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC). A las pocas horas, el gremio conversó con sus bases, determinaron parar las movilizaciones y, finalmente, llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
La situación hoy es distinta. No solo porque los líderes de la movilización son otros (gremios del norte, el centro y el sur, descolgados de la Confederación Nacional liderada por Sergio Pérez). También, pues las demandas son otras, pero, además, porque el gobierno -a partir del primer paro- dio luces de que las querellas podían ser retiradas ya ingresadas a tribunales.
Con esa sensación llegaron ayer al mediodía al Ministerio de Transportes los dirigentes Freddy Martínez, de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles (Asoducam), y el representante de los camioneros en la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristián Sandoval.
Los representantes del gremio que hasta ayer mantenía 58 puntos con protestas en las bermas de la Ruta 5, se reunieron con el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Andrés Sanzone.
La cita parecía ser la instancia donde, tras cinco días, se lograría un acuerdo. Con el compromiso del gobierno de congelar el impuesto al diésel por tres meses, construir 12 zonas de descanso en la Ruta 5, iluminar el trayecto entre Arica y Santiago, y mayor fiscalización de Carabineros en las carreteras, era casi un hecho.
Pero antes de cerrar la reunión -a eso de las 13.30- los camioneros pusieron una última condición: para concretar el término de las movilizaciones, querían asegurarles a las bases y sus asociados que no pesaría sobre ellos una acción judicial por parte del Ejecutivo y, por lo mismo, exigían el retiro de las querellas por LSE presentadas por Interior. Con eso, la reunión llegó a su fin. El subsecretario Monsalve -respaldado por los otros integrantes del gobierno- no accedió a esta condición y las negociaciones quedaron suspendidas.
Freddy Martínez, representante de los camioneros de Los Ángeles, indicó tras la cita que “el entorpecimiento fue por las querellas. Nosotros hicimos un compromiso preacordado antes de esta reunión -tener las carreteras habilitadas para que pudieran transitar libremente las personas- que cumplimos y ellos lo reconocieron y agradecieron. Y pusimos una condición: que no hubiera querellas involucradas con nuestros dirigentes, ni nuestra gente (...), pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible”.
Más tarde, el propio Monsalve reaccionó: “El gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país, por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa”.
En Interior explican que en el primer paro, si bien se retiraron las querellas, esto ocurrió una vez que se depuso el paro y cinco meses después de presentadas. Por ende, es una medida que no se aplicará como moneda de cambio para destrabar las negociaciones.
Críticas de dirigentes nacionales
Quien criticó la movilización duramente fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, quien acudió ayer, a las 10.00, a una reunión en La Moneda. “Necesitamos que depongan hoy día su paro, porque si no, van a afectar gravemente todo el sistema productivo”, dijo. Agregó que “si no terminan este paro hoy, nosotros, que somos los que les damos su salario (…), vamos a tomar medidas drásticas, porque no puede ser que un sector complique tanto a todo el sector productivo”.
Entre los dirigentes nacionales de los camioneros, sin embargo, no hay pleno apoyo. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, dijo que “los jóvenes que están participando no dejan municiones para otras peleas si las cosas no se pueden aceptar el 100%. Ahora el tema ya pasó a otro plano, no hay diálogo, hay amenazas, la gente está sin alimentos, los camioneros nos vamos a convertir en los enemigos de la población”.
En tanto, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo que “parece que el Ejecutivo no quiere terminar con este paro, porque no conversó con nosotros, estábamos dispuestos a ingresar junto con estos colegas, porque nos interesa ser parte de la solución”.
En el gobierno, en tanto, estudian endurecer el tono y las acciones. Por eso, una de las medidas que evalúan es el retiro con la fuerza pública de los transportes de carga que obstaculicen el tránsito.
