Cerca de las 18.00 de este viernes el gobierno y ambas cámaras del Congreso oficializaron un acuerdo en torno a priorizar una batería de 31 proyectos de ley que buscan contener la crisis de seguridad que vive el país. El anuncio se hizo en la sede del Congreso en Santiago y fue comunicado por los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, además de los ministros Carolina Tohá (Interior), Macarena Lobos (subrogante Segpres) y Luis Cordero (Justicia).

El pacto incluye iniciativas que serán despachadas en tres plazos: 75 días, 150 días y antes de que finalice el 2023, dependiendo de su envergadura y complejidad. En el primer tramo se encuentran proyectos como el que sanciona el sicariato y uno que otorga facultades a Carabineros para requerir documentación a migrantes, además de la ley marco sobre seguridad e infraestructura crítica. En el segundo tramo -entre otros- figura el que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el que norma las Reglas del Uso de la Fuerza, mientras que en el último se identifican normativas como, por ejemplo, el proyecto que presentará La Moneda para crear una fiscalía supraterritoria.

“Este es un acuerdo entre representantes del oficialismo y la oposición, es un acuerdo que da prueba que entendemos que es necesario construir unidad para enfrentar este desafío del crimen violento, que hoy está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios. Y lo que hay aquí es un esfuerzo extraordinario: 31 proyectos propuestos por distintos sectores a los cuales nos hemos comprometido a tramitarlos con urgencia y en tiempos breves”, dijo Tohá, a la vez que recalcó que esto no extingue las diferencias y que las iniciativas serán materia de debate legislativo.

La escena contrastó con la del día jueves, en que Mirosevic y Coloma anunciaron un pacto de ambas corporaciones, pero del que se restó el gobierno por tensiones internas en el comité político.

Uno de los comités políticos más tensos en lo que va del Mandato del Presidente Gabriel Boric. Así califican en el oficialismo el clima que se tomó el jueves la reunión entre los ministros en La Moneda y en que se abordó el -a esas alturas- dilatado acuerdo entre el gobierno y ambas cámaras del Congreso para priorizar 31 proyectos relativos a la agenda de seguridad que mantiene en alerta a todos los sectores políticos.

Todo se enredó en Palacio cuando desde el Senado, en horas de la mañana de este jueves, se convocó a un punto de prensa para anunciar la lista de iniciativas que en la previa habían negociado Coloma, Mirosevic y Tohá.

La convocatoria cayó como un balde de agua fría en el resto del comité político, quienes comenzaron a recibir consultas e inquietudes de los parlamentarios por el inminente anuncio. La molestia se intensificó debido a los últimos tira y afloja que significó la tramitación de la ley Nain-Retamal cuestionada por el Frente Amplio y el PC.

El problema -explicaban en el oficialismo- es la autonomía con la que Tohá se ha manejado en el tema. De hecho varios parlamentarios señalaron que la Segpres, liderada hoy por la ministra subrogante Macarena Lobos (mientras Ana Lya Uriarte mantiene licencia médica), no había formado parte de las tratativas, pese a ser su cartera la que debe orientar la discusión legislativa y es la principal representante del gobierno en el Congreso.

La incomodidad llegó al corazón de La Moneda el jueves a las 17.00 horas donde se desarrolló el comité político liderado por Tohá y en el que también participaron Lobos, Jeannette Jara (Trabajo), Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero (Justicia). Quienes conocieron del tenor de la discusión, aseguran que los ministros cuestionaron que se haya avanzado en un acuerdo sin contemplar aspectos técnicos y políticos relevantes sobre la tramitación de las distintas iniciativas en cuestión.

Presentes en la cita aseguraron que Lobos manifestó abiertamente no haber estado presente en la negociación con los líderes de las mesas del Congreso. En el oficialismo se señala también que a la ministra (s) tampoco le pidieron convocar a las reuniones que ha sostenido Tohá con los representantes del Parlamento y que -aún más- de algunas de ellas se ha enterado a última hora.

A esas alturas en el Parlamento, donde dilataron el anuncio varias horas, insistían con que la ministra Tohá iba a concurrir junto a otros ministros del comité político para anunciar de manera conjunta la lista de proyectos. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Las mismas fuentes señalan que la explicación que dio la ministra Tohá a sus pares del comité político fue que si bien ella había liderado las conversaciones con ambas cámaras, el Senado se había adelantado en el anuncio y que nunca estuvo en su diseño sellar ayer el acuerdo, sobre todo, porque la negociación seguía en curso y porque Interior tenía previsto socializarlo con el comité político y también con los partidos oficialistas, a quienes convocaron a primera hora de este viernes a La Moneda. Esto último se hizo justamente luego de que sectores de Apruebo Dignidad le pidieran mayor liderazgo en la definición de la agenda legislativa para contener la crisis de seguridad y mayor coordinación con sus filas.

En la repartición recalcan que el clima político estaba muy tensionado y que la ministra Tohá solo buscó contener la presión del Congreso para sellar un pacto sin mantener antes esas conversaciones. Otras versiones, sin embargo, apuntan a que la secretaria de Estado actuó por su cuenta en esto y terminó abriendo un nuevo flanco con el Legislativo, donde varias bancadas han manifestado su incomodidad por cómo se negoció la lista de proyectos.

La temperatura en La Moneda subió -además- porque el manejo de Tohá en la tramitación Nain-Retamal y tras el asesinato del cabo Daniel Palma ya había incubado incomodidad entre otros frentes. En particular se apunta a las negociaciones que han involucrado recursos del gobierno para los municipios -la lista de las 30 comunas- y que mantiene a los alcaldes en abierta tensión con La Moneda. Parte de eso intentó subsanarse ayer al anunciar que el Presidente Boric pidió incluir en el Plan Calles Sin Violencia a todas las capitales regionales, más allá de su nivel de denuncias.

Como sea, las tensiones instaladas en el seno del gobierno eran tales el jueves que se optó porque Tohá y el resto de los ministros se restaran de aparecer en el anuncio con Coloma y Mirosevic a la espera de una conversación formal con los partidos del oficialismo.

Al ser consultados formalmente por la situación de la agenda de seguridad desde la Segpres indicaron que “el gobierno ha explicitado su decisión de avanzar en una agenda legislativa robusta que dé cuenta de la necesidad de empujar con determinación en la lucha contra la delincuencia. Las conversaciones del Ejecutivo con los presidentes de las cámaras van en esa línea . Existe un acuerdo general sobre el cronograma legislativo pero ese es un proceso que requiere ser participativo y por eso continuamos hoy con reuniones”.

Este viernes a las 8.30 horas, comenzaron a llegar hasta La Moneda los presidentes y dirigentes de los partidos que componen la alianza de gobierno. El encuentro tuvo por objetivo zanjar la postura del Ejecutivo y el oficialismo respecto al anuncio los 31 proyectos, aunque la propia Lobos recalcó a los partidos que estos son titulares y que el fondo de la agenda será materia de diálogo.

El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) enfatizó que “vamos a comprometernos como Frente Amplio, como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en sacar lo más pronto posible esta agenda”.

Sin embargo, entre los timoneles y representantes de los partidos del oficialismo no hubo respaldo explícito a los proyectos emanados del acuerdo entre las cámaras. Pese a eso -en privado- desde algunos partidos afirman que no tenían margen para quitarle piso al gobierno y sus propuestas en estos momentos.

“Esto es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Trabajaremos para resolver cualquier disenso exista al interior o en la generación de alguno de los proyectos”, afirmó a su salida Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Como sea, entre los asistentes al comité político comentaron cuáles creen que debiesen ser los proyectos prioritarios. Así, Ibáñez dijo que hay “un piso transversal en avanzar en la Defensoría de las Víctimas y en el Ministerio de la Seguridad Pública”, junto con mejorar la fiscalización de las aduanas.

El senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), en tanto, propuso que se debiesen priorizar las Reglas de Uso de la Fuerza, y las “atribuciones con los recursos adecuados para los municipios y gobiernos regionales, también en ámbitos preventivos y en ámbitos de control territorial por parte de los organismos subnacionales”.

“Lo importante es legislar con celeridad, pero bien hecho, no a la rápida, porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que después no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos a la rápida en el Congreso Nacional, simplemente por dar una señal política a la galería”, agregó Latorre.

Para limar las asperezas que puedan resultar del acuerdo, entre los partidos de gobierno comentan que se agendó una reunión entre el Ejecutivo, los jefes de bancada y los presidentes de partido del oficialismo. Pese a que aún hay dudas sobre el lugar, algunos sugieren que podría ocurrir en Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se realizó el último cónclave de la alianza de gobierno, en noviembre del año pasado.