Golpe de timón de Valencia reordena el mapa en la Fiscalía Nacional

Si su primer día como fiscal nacional estuvo marcado por saludos protocolares, palabras de camaradería y presentaciones al personal, el segundo apareció como el de las decisiones de fondo, es decir, determinar quién sigue y quién no.

Temprano en la mañana de ayer, Ángel Valencia pidió a los 14 directores y cinco jefes de unidad, poner sus cargos a disposición para analizar sus renuncias y definir quiénes lo acompañarán en estos ocho años de gestión.

El requerimiento del fiscal nacional fue por Zoom, donde se les pidió a los directores que antes de las 12.00 del día enviaran un correo poniendo sus cargos a disposición. Aunque algunos funcionarios lo tomaron como algo normal, en otros provocó incomodidad, pues aseguran, no pasó cuando asumió Sabas Chahuán (2007-2015) y Jorge Abbott (2015-2022).

Quienes -hasta ahora- continuarán en sus puestos son: Antonio Segovia, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX); Pablo Campos, director de la Unidad de Recursos Procesales; Erika Maira, jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos; y Sandra Díaz, gerenta de Administración y Finanzas.

Sin embargo, no todos respondieron la solicitud de Valencia, casi en un gesto de “rebeldía”. Es el caso de Ymay Ortiz, directora de la Unidad de DD.HH., quien no presentó su renuncia. No argumentó motivos, solo no respondió.

Otros directores están explorando la misma vía: no renunciar y que sea el fiscal nacional quien invoque la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 81, letra k, donde se señala que será el jefe de la repartición quien invoque “necesidades de remoción”. Ello conlleva el despido y pago del bono anual de gestión.

Pero, en la nueva jefatura de la Fiscalía Nacional también recuerdan otro apartado: “En los casos de cargos de exclusiva confianza, la terminación del contrato de trabajo se hará efectiva por medio de la petición de renuncia (...). Si la renuncia no fuere presentada dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo”.

En el Ministerio Público ya avizoran una pugna de interpretaciones jurídicas sobre cómo deben concretarse las salidas, lo que será -creen- la primera batalla de Valencia al interior del ente persecutor.

Si hay algo en lo que todos coinciden en el Ministerio Público es que el ambiente no es el mejor. El dilatado proceso de elección del fiscal nacional -tras las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera- dejó a varios funcionarios expuestos y heridos, más cuando quien resultó quedarse con la carrera fue un abogado externo, como Ángel Valencia.

En ese escenario, Herrera no sacó la mejor parte. Al ser una de las postulantes que el gobierno escogió para ser ratificada en la Cámara Alta, quedó expuesta a una derrota que era anunciada por gran parte de los senadores.

Fue tras no ser ratificada, en una entrevista con CNN, el 21 de diciembre del 2022, Herrera señaló: “Entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles (...). Participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas”.

El abogado salió al paso de estas declaraciones y sostuvo que se trató de una comida con Chadwick, quien es decano de la Facultad de Derecho de la U. San Sebastián, para celebrar los 6 años de acreditación de esta casa de estudios. El ahora fiscal nacional era académico de la institución.

Si antes de este episodio no eran cercanos, luego de lo ocurrido, menos. El nuevo fiscal nacional quiere concretar la salida de Herrera, pues la Unidad Anticorrupción es clave al interior del Ministerio Público.

Consultada por La Tercera Sábado, Herrera señaló que “entiendo que la nueva autoridad deba hacer cambios en los equipos, pero yo no he sido notificada de que me hayan pedido el cargo”. Señaló que ayer estuvo con permiso administrativo. El lunes volverá a sus labores.

Actualmente, las unidades especializadas que fijan las directrices nacionales en materia de drogas y lavado de activos funcionan aparte. Son dos oficinas distintas y con directores independientes, lo que no convence al fiscal nacional. Valencia explicó sus razones al Senado, el lunes 9 de enero, en su exposición: “Lo que hemos propuesto es la necesidad de reorganizar las unidades de drogas y lavado de activos de la Fiscalía. Ellas deben estar bajo una misma unidad y esperamos avanzar en eso para perseguir a la delincuencia organizada”, dijo.

Esa intención, necesariamente, obligará a dar un giro en lo que hay hoy día y disponer de un cargo. Por ejemplo, quien dirigía la unidad de drogas era, hasta diciembre, el fiscal Luis Toledo, por lo que ese equipo aún no cuenta con un director titular, lo que ayudaría a un pronto nombramiento en ese cargo.

Además, quien era director de la unidad de lavado de activos, Mauricio Fernández, es uno de los jefes que recibió la solicitud de renuncia y, según fuentes del Ministerio Público, no estaría contemplado en los planes de Valencia. Con ese puesto vacante, y según lo expuesto por el fiscal nacional tanto ante la Corte Suprema y el Senado, será una prioridad nombrar a alguien a cargo de la coordinación nacional de drogas, crimen organizado y lavado de activos.

Esta unidad, además, deberá mantener coordinación con otro equipo que busca crear Valencia, según señaló ayer en La Araucanía: “Vamos a poner en marcha una unidad especialmente destinada, en base a atribuciones que me confiere la ley, para la investigación de las amenazas que han recibido los fiscales, sus familias, no solo en la Macrozona Norte, sino que también en la Macrozona Sur, porque nos parece necesario fortalecer la protección del Estado de derecho”.

Durante su candidatura a fiscal nacional, Valencia repitió que en 90 días echaría a andar once medidas para implementar en el ente persecutor. El segundo de los puntos era concretar la “creación de Unidad Especializada en Violencia de Género, ‘con dedicación exclusiva. Hoy existe una, pero no se dedica exclusivamente a temas de género’”, dijo el abogado en su exposición ante el Senado. Por lo mismo, ya busca nombres para llenar esa nueva plaza y ahí el nombre de Joana Heskia es comentado entre su círculo de abogados cercanos.

La abogada es consejera de la Fundación Amparo y Justicia y cuenta con una amplia trayectoria en materia penal. Consultada sobre la posibilidad de ocupar el cargo, señaló que “desconozco el origen de esa información, me siento honrada de que lo consideren, pero no he sido contactada. Si lo hacen, analizaré la propuesta y sus implicancias. El buen trabajo del Ministerio Público es un tema país”.

Valencia buscará incorporar la perspectiva de género en las políticas internas de la institución, tanto en el ejercicio de la acción penal y en la protección de las víctimas. Por lo mismo, para esta unidad, además de nombrar una directora en el puesto, se dotará de una cantidad importante de funcionarios especializados y que puedan ser capacitados permanentemente en esta materia.

Este es uno de los temas en que el gobierno le pidió a Valencia hacer más hincapié en su exposición ante los senadores, conscientes de los cuestionamientos que surgieron a su rol como abogado defensor del juez de Rancagua, Luis Barría, quien fue formalizado por delitos de abuso sexual. Por lo mismo, en el Ejecutivo tendrán especial atención en cómo se desarrollen las políticas de género en el Ministerio Público, pues la creación de esta unidad fue uno de los puntos que ayudó a empujar su candidatura.